Una discutible gestión inmobiliaria

Es la política urbana algo que, aparentemente al menos, se da por supuesto en los municipios de nuestra comunidad autónoma; es decir, no es algo a lo que se dedique mucho espacio o atención en los medios de comunicación. De forma habitual, se confía en el buen hacer de los electos municipales. En la mayoría de las ocasiones, estas situaciones dadas por supuesto funcionan sin que requieran explicaciones, pero en otras se instala la desconfianza en la relación entre política y ciudadanía. El origen inmediato suele estar en que a la política le cuesta explicar con pedagogía el por qué, el para qué y el cómo de las decisiones que adoptan. En estos casos, los ciudadanos suponen intereses ocultos o sienten el peso de la actuación política sobre sus intereses cotidianos porque no terminan de entender por qué algunas cosas deben ser hechas de cierta manera.

La operación urbanística se justifica desde las necesidades sociales, pero no se explican cuáles son éstas

El negocio inmobiliario se ha convertido en una 'industria' en sí, al margen de las necesidades sociales

Algo de esto ocurre en el municipio de Getxo con el proyecto de urbanización de la zona de Andra Mari, donde está prevista la construcción de miles de viviendas. Ingredientes de esta naturaleza aparecen en un debate sin debate, donde casi todo se da por supuesto y donde la convergencia de opinión de los partidos en el gobierno municipal suponen, sin más, que "eso es lo que hay que hacer".

Se necesitaría mucho espacio, más del que ofrece este artículo, para entrar en el análisis de fondo de los argumentos esgrimidos hasta este momento. Los más explícitos los proporciona Ezker Batua, que gobierna en coalición el municipio. Escuchando a su representante, se tiene la impresión que éste se considera responsable no del desarrollo del Plan, sino de la parte de su política de viviendas de protección oficial o que el Plan no tiene ningún otro impacto ¿No se conoce acaso que actuaciones de esta naturaleza tienen no sólo un impacto medioambiental sino un penetrante impacto social, por no halar de impactos de otra naturaleza? El PNV y EA, los otros dos partidos en el gobierno municipal, emiten mensajes ambiguos, plagados de incógnitas sin aclarar y pocos argumentos, sobre el desarrollo de una actuación urbanística que, sencillamente, (y de esto también se habla poco) transforma estructuralmente y, si hacemos caso al diagnóstico de EB, también socialmente el municipio.

Hay que tener en cuenta algunos hechos para comprender el proyecto. Estamos ante una actuación que pretende construir 8.300 viviendas. La mayor operación urbanística de todo el territorio histórico de Vizcaya, que incorporará al censo municipal más de 25.000 personas, con un crecimiento de población sobre el actual de más de un 30%. Es decir, no se trata sólo de la desaparición de hecho de Andra Mari y su trozo de historia o su ecosistema social y natural, sino del impacto sobre el municipio de Getxo, y sobre la comarca de Uribe-Costa en aspectos claves relacionados con infraestructuras básicas.

La promoción de este Plan se produce al final del mandato de la actual corporación municipal, sin que la información haya sido ni fluida, ni tranquila y con tiempo; en un debate abierto, argumentado, con participación de todos los interesados y afectados por este tipo de acciones. Un debate en el que todos los intereses puedan expresarse, explicando a los habitantes del municipio, y en especial a los más afectados por la actuación, el porqué, el para qué y el cómo de ésta; en definitiva, incorporando razones a los lógicos intereses -públicos y privados- que se atisban detrás de obras de tal magnitud.

Las dudas sobre el proyecto surgen porque en la boca de los responsables municipales se oyen razones del tenor de que "se necesita vivienda". ¡Por supuesto!, pero esa es una razón insuficiente, porque ese objetivo puede alcanzarse de muchos modos y maneras. Pueden alcanzarse, a modo de ejemplo, repartiendo la construcción por el municipio, por la comarca, ajustando el canon de las necesidades; y, sobre todo, puede hacerse de manera ajustada, porque la vivienda que más se necesita es la que menos se construye en la citada actuación y, en general en todo el municipio. En todo caso, aquí está la falacia de la consejería que gestiona la vivienda pública vasca: para construir un volumen significativo de vivienda de protección oficial necesita crear suelo urbanizable de alta densidad para que edifiquen un volumen significativo de vivienda libre.

Pero hay más dudas, el crecimiento demográfico del municipio no requiere actuaciones de este tipo, sino acciones pausadas. Máxime cuando, por otra parte, las necesidades expresadas en el mercado inmobiliario no demandan actuaciones ni de este volumen, ni de esta intensidad.

Los vecinos de la zona preguntan y discuten sobre actuaciones difíciles de comprender, complejas por el alto grado de tecnicismo que acompaña siempre este tipo de documentos, pero saben -hay suficiente experiencia acumulada- que va a modificar sustancialmente su barrio y la zona en la que viven. Lo que ninguno de los partidos políticos responsables ha sabido explicar, al menos hasta el momento, es por qué ahora, por qué en Andra Mari y por qué ese volumen de construcción.

Da la impresión, si seguimos las declaraciones de los responsables de Vivienda y Urbanismo, que hay una desmesura en las políticas de vivienda de esa zona. Yo diría que, más bien, lo que se visualiza es el no saber cómo abordar el crecimiento del precio de la vivienda, o de querer abordarlo con otra desmesura. Leyendo los documentos del proyecto se tiene la certeza de que el pensamiento basado en ideas como el desarrollo sostenible, ciudades tranquilas, protección de zonas naturales, etc., desaparecen de entre sus objetivos.

Ante estos hecho no bastan las llamadas genéricas a la participación futura de los vecinos que hacen los responsables políticos. Por cierto, ¿en qué se concreta?: ¿en pasar a ver unos paneles y un vídeo, o en poder enviar mensajes doloridos u opiniones que alguien recoge, que nadie lee o a la que se contesta con frialdad? Se tiene la impresión de que, entre lo que se conoce de lo que se quiere hacer, los motivos que lo justifican, los argumentos esgrimidos y la presión y la energía que se han puesto sobre esa actuación, no guardan relación entre sí.

Las actuaciones llegan en un momento con una cierta atonía en el mercado inmobiliario, justo antes de unas elecciones municipales donde se supone que el debate alrededor de hechos como éste debieran ocupar un lugar central, ¿o no? Se justifica desde las necesidades sociales, pero no se explican cuáles son y, sobre todo, no se abordan con datos concretos, sino con convicciones del que cree que todo lo sabe. Se ignora, al menos hasta el momento, el debate sobre el futuro del municipio y lo que se ha dicho no enlaza con ningunos de los conceptos que están sirviendo al Gobierno vasco para trazar sus políticas de futuro; crecimiento sostenible, desarrollo sostenible, ciudades tranquilas, protección del patrimonio natural, etc. ¿Cuáles son entonces esas razones?

El hecho es que los planes de construcción de Getxo permiten visualizar algo que ya se ha descubierto en otros lugares del Estado: que el mercado inmobiliario ya no es dependiente de otras necesidades sociales; por ejemplo, del incremento de población, de la atención de necesidades sin cubrir de los habitantes del municipio o de la comarca, sino que la promoción inmobiliaria es una industria en sí misma, con plena autonomía, sin servidumbres demográficas, sociales o industriales, sino que sirve a un nuevo mercado; el mercado inmobiliario, un mercado con pocas servidumbres, que requiere del poder público -recalificación de suelo, volumetría de construcción, etc.- para ser viable.

El riesgo es que Getxo, en vez de apostar por industrias de alto valor añadido, que aportan e invierten en futuro, ha decidido apostar por la nueva industria del ladrillo y utilizar la riqueza que posee: suelo en una zona de valor natural, bien ubicada, poco maleada por el ladrillo y por los usos intensivos de suelo. Tengo la impresión que éste es el problema. Quizá las próximas elecciones municipales permitan visualizar otro futuro o, sencillamente, otras formas de hacer las cosas. Los vecinos deberán decidir.

Ander Gurrutxaga Abad es catedrático de Sociología de la UPV-EHU.