Chalés en tierra de aves

Fresno del Torote, localidad situada a 44 kilómetros al este de Madrid, se levanta en una zona de especial protección de aves (ZEPA) pero la Comunidad de Madrid ha dado su beneplácito al Ayuntamiento para que se construyan en ella 3.000 chalés. El pasado 6 de noviembre entró en vigor la nueva normativa por la que 209 hectáreas de suelo rústico pasan a ser urbanizables. A cambio, el Gobierno regional obliga al Consistorio a que garantice durante 15 años que una superficie similar del pueblo se dedicará al cultivo de cereal. Los ecologistas califican la medida compensatoria de "absurda".

La localidad tendrá en 2017 una población que superará las 11.400 personas

En la entrada del Ayuntamiento de Fresno del Torote-Serracines, el regidor, Mariano Blanco, se deshace en explicaciones. Junto a él, tres jóvenes bromean con él sobre cuándo estarán listos sus chalés de promoción pública. "Tú no te preocupes que cuando comience la tercera promoción yo te aviso", asegura el alcalde, de la Agrupación Independiente Fresno-Serracines.

Esta localidad al este de la capital ha sido una de las cinco afortunadas junto a Rivas-Vaciamadrid, Serranillos del Valle, Valdemoro y Casarrubuelos que han visto aprobado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en esta legislatura.

El pueblo como tal es Fresno, pero hoy está vacío. En cambio, la que en su día era una urbanización ilegal, y no dejó de serlo hasta finales de los años noventa, Serracines, se ha convertido hoy en el centro neurálgico del término municipal. De hecho, el Ayuntamiento está construido ahí. "Ahora, en Fresno no viven más de dos o tres vecinos", asegura el regidor, que arrastra el aliento al hablar mientras no para de consumir un cigarro tras otro.

Este municipio se levanta sobre una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y la nueva ordenación urbanística prevé recalificar más de dos millones de metros cuadrados de suelo rústico, de cultivo de secano. "Vamos a construir 2.958 viviendas, la mayor parte chalés, de las que 1.135 serán protegidas", asegura el alcalde.

La nueva ordenación urbanística fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el pasado 6 de noviembre. "Al estar el suelo a recalificar sobre una ZEPA, los propietarios tendrán que compensar con una superficie de terreno similar al afectado durante 15 años", aseguran desde del Consistorio. Es decir, que los propietarios de las 209 hectáreas que cambian de calificación tendrán que garantizar que en los próximos 15 años mantendrán como cultivos cerealísticos una superficie similar en otro lugar del pueblo. Este condicionante medioambiental fue confirmado por un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente.

Las aves afectadas suelen tener los cereales como el principal alimento de su dieta, de ahí el origen de la medida. "Durante ese tiempo nosotros les decimos qué cereal han de plantar después de haberlo consultado con la Consejería", precisa el alcalde.

Lo que ocurre es que el terreno objeto de la compensación ya es utilizado para este cultivo, según reconoce Blanco. Es decir, que ya está roturado y explotado, por tanto, la ZEPA perdería, en realidad esas 209 hectáreas recalificadas. El alcalde justifica que sobre este terreno vayan a construirse chalés. "Queremos desarrollar el modelo de ciudad jardín basado en el modelo unifamiliar", sostiene en su despacho.

Hace tan sólo diez años este lugar tenía una población de 514 personas, en 2003 eran 934 y a 1 de enero son 1.791 habitantes. La vivienda se desarrollará progresivamente en nueve sectores. ¿El plazo? "Diez años", según Blanco. Es decir, que en 2017 en esta pequeña localidad vivirán más de 11.400 personas.

El PGOU aprobado por el Gobierno regional tiene como objetivo "responder a la nueva demanda de vivienda en el municipio, en especial la vivienda joven, mediante la creación de suelos urbanizables con una densidad no superior a 12,5 viviendas por hectárea", según consta en el BOCM. Esta norma, que ya es efectiva, precisa que "al estar todo el término municipal incluido dentro de una ZEPA, todo el suelo no urbanizable es de protección". Los terrenos que se han recalificado tenían esta misma categoría. El plan general da cuenta también del número de viviendas que se construirían en el casco urbano, 475, en donde se alojarán más de 1.500 personas.

La nueva normativa urbanística del municipio, que hasta ahora se regía por directrices subsidiarias, permitirá conectar los tres núcleos de población que tiene el término municipal. Es decir, el casco urbano, la urbanización El Pobo y el Jardín de Serracines. El alcalde pretende que se enlacen a través de cuatro nuevas rotondas que conectarán con la M-113. Las calles dice que serán de un ancho mínimo de 12 metros. Se trata de bulevares por los que discurrían los 17,6 kilómetros de carril-bici previstos.

Una de las cuestiones de las que más satisfecho se muestra el alcalde es de las cesiones de suelo. Se refiere al porcentaje de terreno que tiene que ceder el promotor de vivienda al Ayuntamiento para que se puedan construir diferentes servicios. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece un 10% y el PGOU fija un 15%.

El nuevo habitante que acude a la localidad no es muy diferente del que huye de las localidades del Corredor del Henares. Es decir, un joven que vende su piso en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o San Fernando y compra un chalé en el campo junto a su pareja. Según Blanco, que no deja de apurar cigarros, los servicios de agua, luz y alcantarillado van por delante de la urbanización.

El 19 de julio de 2006 la Comisión Europea adoptó la decisión 2006/613, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de septiembre de ese año. En ella se detalla la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

Esto supuso que el término municipal de Fresno del Torote, que ya estaba incluido en una ZEPA, desde ese momento quedó incluido dentro de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Desde Ecologistas en Acción destacan la importancia de la ZEPA, especialmente por lo que tiene de protección de aves en peligro, como es el caso de la avutarda, según María Ángeles Nieto, portavoz de la asociación.

"En esta zona habitan y se alimentan especies protegidas", afirma. Ella considera importante la pérdida de las 209 hectáreas de terrenos de cultivo, porque las aves tendrán cada vez menos espacio para subsistir. Para ella, el problema de la recalificación de los terrenos rústicos la tiene el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. "No ha desarrollado los planes de gestión de la ZEPA por los que se establecen y regulan los usos de la zona", afirma. Si lo hubieran hecho, precisa, limitaría los desarrollos urbanísticos.

Por eso, califica de "absurda" la compensación ambiental propuesta por Medio Ambiente, ya que los terrenos en los que se tendrán que cultivar cereal durante 15 años ya están dentro de la misma zona de protección. Los ecologistas creen incluso que la modificación del plan general del municipio "puede haberse hecho de espaldas a la Unión Europea". Nieto sostiene que al ser protegidos los terrenos que se han recalificado, "tal y como consta en la UE", modificarían los límites de la ZEPA.