Bruselas investiga a España por las ayudas públicas a la tarifa eléctrica
La Comisión Europea ha abierto una investigación para averiguar si existe un trato de favor a las grandes empresas y usuarios de electricidad en España por ser beneficiarios de unas "tarifas artificialmente bajas". Los precios de sectores industriales como la siderurgia, transporte, química y demás grandes consumidores están sometidos a una regulación del Gobierno que resulta muy ventajosa para ciertas empresas. Este régimen provocó un déficit de 3.800 millones de euros en el sector eléctrico español en 2005, según las investigaciones preliminares de la Comisión.
El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, manifestó ayer que si la Comisión concluye que las tarifas reguladas constituyen una subvención pública ilegal, "las compañías beneficiarias deberán devolver la compensación que reciben del Gobierno". El portavoz consideró que la compensación por este déficit "proporciona un beneficio garantizado" a las compañías del sector.
Bruselas censura que este déficit del sector eléctrico sea cubierto en primera instancia por el Gobierno español, en forma de una ayuda de Estado que podría ser ilegal, y posteriormente repercuta sobre los consumidores durante los próximos 14 años. El Ejecutivo comunitario examinará si estas ayudas "pueden constituir distorsiones desproporcionadas en los intercambios y a la competencia en el mercado único de la Unión Europea".
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