"Si no se marchan, vendrá el juez con la policía"

Dos bolsas de deporte, una maleta, una caja de cartón y cuatro paquetes de pañales para adultos. El equipaje de Isabel Fernández está en la puerta. La anciana recorre con su andador la sala de estar del asilo Margarete, en Pozuelo de Alarcón, despidiéndose de sus compañeros. Es la primera que se marcha. Su familia aceptó ayer su traslado a una residencia temporal tras varias horas de reunión con técnicos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Pozuelo. Otras tres familias se negaron a firmar la autorización y reclamaron una solución definitiva. El geriátrico, en la calle de Juan Díaz Mula, debe cerrar mañana por orden judicial. Allí residen 17 ancianos. 11 tendrán una nueva plaza fija y los seis restantes deben trasladarse a un centro temporal de la Comunidad de Madrid, que permiten una estancia máxima de tres meses. "Será hasta comprobar si cumplen todos los requisitos para un lugar definitivo", según una fuente del Gobierno regional.

La historia se remonta a una deuda hipotecaria de 2.400 euros que la propietaria del Margarete no pagó en 1986 a Ibercaja. La entidad bancaria se quedó con el terreno. La primera orden de desalojo, en 2004, se aplazó tras un acuerdo de compra entre la gestora del geriátrico y el banco.

Tres años después, la directora del centro, Luisa Aguilar, supo que lo había adquirido un empresario y que tiene que cerrar después de 40 años. Ayer deambulaba como alma en pena por los pasillos del geriátrico, que también es su casa. Su hija Paloma, de 35 años, pedía "las mismas oportunidades para todos los residentes" mientras intentaba tranquilizar a su madre.

El traslado de los mayores con una plaza temporal estaba previsto ayer a las 9.00. Un grupo de técnicos acudió a convencer a las familias, que no estaban por la labor. La furgoneta apostada en la puerta desde muy temprano partió al final a la una y media de la tarde con sólo dos de las tres internas que han firmado.

"Me avisaron el viernes pasado, me amenazaron con plantar a mi marido en la puerta de casa y ahora le dan una solución temporal; me niego a firmar", indicó María Herrera. Una portavoz del Ayuntamiento explicó que cuatro funcionarios municipales han informado a los afectados desde que el 18 de diciembre una providencia judicial fijó para mañana la entrega del inmueble al nuevo propietario. No quiso referirse a las supuestas amenazas.

"O se marchan hoy o se irán el miércoles con el juez y la policía", explicaba una de las trabajadoras a los afectados en una acalorada reunión en un despacho. "Póngame usted por escrito que mi marido no va a la calle en tres meses y le firmo lo que quiera", replicaba María. Su esposo, Pedro, sonreía con su boca llena de mellas en el cuarto de al lado.

"Le dio algo, ya sabe, algo chungo del cerebro", contaba ella para explicar por qué pasa el día sentado y con un temblor permanente en las manos. Es limpiadora y lleva varios días sin trabajar ni dormir. "Si tengo que verle la cara al juez, se la veo, pero yo no autorizo nada", añade.

"No firmaré un papel en blanco hasta que no me garanticen las mismas condiciones que el resto", señaló indignado Enrique Arrojo. Es el cuñado de Teo, de 66 años, que lleva seis en una silla de ruedas por una operación de hernia mal resuelta. "Vivimos en un tercer piso sin ascensor y no podemos hacernos cargo de él", añade Enrique. "Pero donde vaya lo van a agradecer porque no hace otra cosa que ayudar".

Teo sonríe y le silba a la médica, una joven rubia que acaba de entrar. "Hay que aprovechar, no sé si volveré a verla", replica con cara de pillo.