Mos espera desde hace 12 años un plan de urbanismo mientras crecen las ilegalidades
La empresa redactora dejó colgado el encargo compartiendo criterios con el PP y Ángel Sío
Mos debería disponer de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) desde 1995. La normativa urbanística vigente ha sido un coladero de ilegalidades. Lograr el PXOM fue el objetivo prioritario del actual gobierno local (PSOE-BNG). No podrá cumplirlo en este mandato. La empresa encargada de redactarlo, Arteplan Galicia, dejó al Gobierno local en la estacada, compartiendo con el PP y Ángel Sío acusaciones de prevaricación que luego se demostraron infundadas. Pero ninguna empresa se presentó después al concurso de adjudicación del PXOM, pese a los 440.000 euros del contrato.
El ayuntamiento de Mos es uno de los más extensos de Galicia, 54 kilómetros cuadrados, y está afectado por la práctica totalidad de las infraestructuras de comunicación que polariza Vigo, las realizadas y las que están en proyecto: autovías, autopistas, ferrocarril, oleoductos, gasoductos, más el aeropuerto y hasta el propio campus universitario vigués.
Además, el municipio carece de centro urbano y está salpicado de zíes, zonas de industrialización espontánea, gracias a la ligereza de las anteriores administraciones municipales para autorizar o legalizar construcciones de naves en las que, a día de hoy, se asientan más de 1.200 empresas en situación irregular.
Las dispensas o exenciones de uso del suelo, otorgadas por la Xunta, que dan al suelo rústico uso industrial, son una constante antes y después de la aprobación, en 1992, de las normas subsidiarias locales de planeamiento. Son las actualmente vigentes pese a nacer ya obsoletas en el contexto de la normativa urbanística de ámbito gallego y estatal, según han destacado expertos consultados por este periódico.
Tampoco estas normas, en lo que a zíes se refiere, cubrieron los agujeros de las anteriores, cuya aplicación fue la causa principal de la moción de censura contra el alcalde José Justo Fernández Ballesta, en 1989, "por su política de amiguismo y caciquismo".
Ya entonces se aludía a "un verdadero caos urbanístico, con obras ilegales por todas partes, algunas, auténticas aberraciones, limitándose la alcaldía a decretar su paralización, sin exigir el cumplimiento de ésta, y concediendo licencias en zonas en que estaban suspendidas y de forma discriminatoria (a unos sí y a otros no)", dicen las actas.
Nuevo gobierno
Esta situación se mantendrá básicamente hasta 2003, en que por primera vez se produce un relevo del PP en la alcaldía. El nuevo gobierno de coalición PSOE-BNG, presidido por la socialista María Jesús Escudero, se propuso como objetivo prioritario conseguir en el actual mandato un Plan Xeral para Mos. No lo ha logrado.
En febrero de 2005, mediante un procedimiento negociado, el Gobierno local adjudicó la redacción del PXOM a Arteplan Galicia, S.L., con un presupuesto de 440.000 euros. Pero Arteplan empezó a dilatar los plazos de entrega de las distintas fases de su trabajo, con un calendario establecido en el contrato, y tampoco cumplía la dotación de personal comprometida para la realización del mismo. El asunto saltó a los tribunales de lo contencioso administrativo.
Paralelamente, el Gobierno local había remitido a la empresa Arteplan unas directrices sobre el planeamiento que deseaba y que podrían sintetizarse en tres puntos: creación de un centro urbano en el entorno de As Pozas, donde ya existe un instituto, un colegio público, una piscina municipal y un centro multiusos y quiere construirse la nueva casa consistorial; evaluación de las afectaciones por las infraestructuras supramunicipales existentes (carreteras, vías, aeropuerto...), y creación de polígonos industriales que permitieran trasladar y limpiar el territorio municipal de zíes, así como una estimación de requisitos para las industrias que no fueran trasladables.
Arteplan denunció que tales directrices suponían prevaricación, y la portavoz popular, Nidia Arévalo, y el concejal independiente Ángel Sío, compartieron y propagaron la acusación en comparecencias de prensa. "Nos lo acababa de decir el responsable de la consultora cuando saltó a los medios", recuerda María Jesús Escudero. "Y una de dos: o salió a continuación a contárselo a ellos, o ya sabían previamente que se nos iba a plantear ese problema".
Ni los tribunales ni, posteriormente, el Consello Consultivo de Galicia, confirmaron la acusación de prevaricación, sino todo lo contrario. Todos los pronunciamientos fueron favorables a las tesis del Gobierno local, que así pudo rescindir con fundamento el contrato que ataba al Ayuntamiento a Arteplan.
Pero este trajín de aclaraciones, en el caldo de las urgencias, había echado un plazo precioso de año y pico por la borda. Y cuando el Ayuntamiento convocó un nuevo concurso para la redacción del PXOM, en octubre último, ninguna empresa se prestó a participar en él. Manuel Tojeiro, responsable de Arteplan Galicia, rehusó comentar "nada de nada" para EL PAIS de su polémica relación con Mos.
El Gobierno local, no obstante, consiguió arrancar ya a la anterior Xunta, concretamente a la Consellería de Política Territorial que dirigía entonces el actual presidente del Partido Popular de Galicia Alberto Núñez Feijóo, un compromiso para la creación del parque industrial de Veigadaña, que asumió el actual Gobierno gallego.
Veigadaña podría estar funcionando en 2008 (ahora se encuentra en la fase de expropiaciones). Vivenda se comprometió la semana pasada a promover otro polígono de acceso preferente para empresas de Mos, porque ya se sabe que en los 800.000 metros cuadrados de Veigadaña no cabrán las naves diseminadas por el municipio que se quieren agrupar.
Las evidencias, en este mandato
La sección de urbanismo de Mos estaba formada hasta 2003 por un arquitecto a tiempo parcial, una aparejadora y una auxiliar administrativa. No podían dar abasto a las diligencias asignadas. El listado de las más de 1.200 empresas asentadas en el municipio en situación irregular se fue fraguando en el actual mandato.
Las propias empresas se delataron al demandar algún servicio (recogida de basuras, conexión a la red de suministro de agua, etcétera), que normalmente les era concedido sin mayores comprobaciones. Así se fueron incorporando al padrón municipal.
Y así se fueron destapando las incongruencias: naves construidas ilegalmente o con sospechosas dispensas en el uso de suelo y, en ellas, empresas y actividades que no eran las declaradas, si es que se habían molestado en declarar actividad en el trámite de pedir alguna licencia, trámite que por lo común se ahorraban; o pidieron licencias provisionales, con una duración de seis a 12 meses, que hacía años habían caducado. Había y hay empresas instaladas en naves distintas a las originarias y naves que no mantienen las actividades para las que se autorizó su apertura. Había, en fin, muchas empresas de las que no se tenía la menor noticia, salvo que utilizaban los servicios municipales...
Aún hay empresas que no se sabe dónde puedan estar ubicadas, pese al pateo de los técnicos del territorio municipal. Tal vez hayan desaparecido: si no se presentaron, ¿para qué se van a despedir?
El departamento de urbanismo creado por el actual Gobierno de Mos emplea a diez personas, incluyendo administrativos y dos arquitectos y un abogado entre los técnicos. Nidia Arévalo, la portavoz popular, lo considera un despilfarro. En ello insisten octavillas anónimas difundidas el sábado que tachan de "gentuza" a los gobernantes locales.
