La elección más difícil en medio de la corrupción

En Andratx (Mallorca) se acerca la campaña electoral y el PP de Baleares que dirige Jaume Matas se ha quedado sin candidato, porque el alcalde Eugenio Hidalgo fue detenido a las seis semanas de haber sido ratificado en las listas. Matas y el consejero de Interior José María Rodríguez apostaron por Hidalgo pese a que arrastraba mucha polémica y una cargada biografía de imputaciones judiciales.

Para tapar el hueco y gestionar la crisis municipal, el PP ha promocionado a Jaume Porsell como alcalde de emergencia. No está claro quién dará la cara por el PP en el pueblo. Matas tiene en el Gobierno a una ex alcaldesa de Andratx, Margalida Moner, a quien promocionó de consejera de Agricultura para despejar la integración de Hidalgo, con su propio partido, ALA, en el PP.

La detención del ex alcalde en su despacho del Ayuntamiento tras el estallido del escándalo de presunta corrupción urbanística y la polémica política que llevó aparejada han obligado a los estrategas de todos los partidos de Baleares a rediseñar su línea de acción y la futura campaña electoral.

Las acusaciones de corrupción han sido una munición de combate político desde los años noventa. En las últimas cuatro semanas, el discurso retumba en todas las localidades y se han acelerado las listas pendientes. El PSOE presentó ya un nuevo candidato local, Xisco Femenies, un policía local de Andratx que ya era concejal. Unió Mallorquina repite con Isabel Alemany, hija de uno de los urbanizadores locales, que ha denunciado las prácticas mafiosas de Hidalgo y mantiene con el alcalde un litigio judicial por coacciones y amenazas de éste último. El nacionalista PSM reincide con el veterinario Gabriel Puigserver.

El avispero del caso Andratx gira en torno a seis supuestos delitos de corrupción, imputaciones por las que Hidalgo (ex guardia civil) ha pasado más de dos semanas en prisión preventiva. Ningún cargo institucional balear había ido antes a la cárcel y la noticia reiterada ha menguado el impacto del trámite final del Estatuto de Autonomía. El PP resultó casi hegemónico en Baleares en las elecciones de 2004.

El PP de Telde (Gran Canaria) se ha dado de plazo hasta marzo para designar a su candidato a la alcaldía de esta localidad, después de que Francisco Valido, el propuesto por el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, dimitiera al estar imputado en el caso Faycán, junto a sus siete compañeros de partido y concejales. El PP está convencido de ganar con el nuevo candidato, al tiempo que lamenta que Nueva Canarias (el principal grupo de la oposición, escindido de Coalición Canaria) utilice la corrupción para atacarles. "Nuestra actuación sólo estará enfocada a instaurar la limpieza en la vida democrática y luchar contra la corrupción", manifestó Francisco Hernández Spínola, vicesecretario general del PSC-PSOE y director de la próxima campaña electoral. "Queremos que resplandezca la verdad, que prevalezcan los intereses generales y la legalidad, además de defender las actuaciones judiciales".

El presidente de Nueva Canarias y diputado por Las Palmas, Román Rodríguez (ex presidente del Gobierno canario), se ve con la "autoridad moral de 20 años de gobierno en Telde" para reconocerse "dolido por el daño que los personajes del PP y Ciuca han infringido a nuestra ciudad en sólo tres años".

Román Rodríguez avanzó "una campaña en defensa de la limpieza y la transparencia" y recordó cómo Telde "fue una de las ciudades más represaliadas del franquismo" por su alto componente republicano, y cómo los nacionalistas de izquierda bajo distintas denominaciones (Asamblea Canaria Nacionalista, Iniciativa Canaria, Coalición Canaria y, ahora, NC) lo han convertido en un núcleo "próspero, con capacidad económica y suelo de utilidad pública". Rodríguez apoyó "la política de persecución de los delitos de cuello blanco; es bueno luchar contra la corrupción. Donde hay delito hay que perseguirlo; lo malo es que se extienda una sensación de impunidad".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (de Coalición Canaria), se autoproclamó candidato a la reelección días después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, incluyera su nombre entre los presuntos implicados de una derivación del caso Fórum Filatélico en Tenerife. El comité local de CC en Santa Cruz ha respaldado esta candidatura. Paralelamente al auto de Garzón, la Fiscalía Anticorrupción, tras 17 meses de instrucción, ha presentado una querella contra él y 10 implicados más (en su caso por prevaricación y malversación de caudales públicos) por la operación de compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas, con cargo a los presupuestos municipales.

"Esperamos una campaña electoral muy dura", reconoció un portavoz municipal, "especialmente por parte de los socialistas, cuya candidata es una perfecta desconocida y tendrá que hacer muchos esfuerzos para que le den titulares a toda costa, con la excusa de desembarcar desde Madrid en una especie de operación manos limpias". "Que los ciudadanos extraigan las conclusiones de todo lo que está ocurriendo", advierte Francisco Hernández Spínola, desde el PSC-PSOE. "Cada municipio tiene sus particularidades; Telde es corrupción por comisiones urbanísticas, mientras Santa Cruz está muy vinculada a la operación de Las Teresitas (la compra por más de 30 millones de euros de un terreno que, según el relato del fiscal, era un acantilado no edificable) y el caso Fórum Filatélico, aunque, en el fondo, la línea política de ambos ha sido la misma".

"Desde hace cinco meses estamos en precampaña y lo ocurrido los últimos días no nos desvía ni un ápice de nuestros mensajes", declaró Ángel Llanos, candidato del PP a la alcaldía chicharrera. "Me traen sin cuidado los inconvenientes de mis adversarios, porque sé que mi oferta a la ciudadanía es irrechazable, la mejor y la que necesita esta ciudad". El PP mantiene pactos de Gobierno con los nacionalistas en el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna, Los Realejos, Arona y Güímar, "que se mantendrán hasta el 27 de mayo, porque nosotros sí cumplimos la palabra dada y aportamos estabilidad a las instituciones", matizó Llanos.

El PP se alió con dos tránsfugas socialistas y un edil independiente para alcanzar el poder en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) a tan sólo seis meses de la cita con las urnas. Los socialistas, que han cosechado cinco victorias consecutivas en las elecciones municipales, relacionaron directamente esta moción de censura, que se aprobó el 11 de diciembre pasado, con su rechazo a tramitar un proyecto urbanístico que permitiría la construcción de 5.200 viviendas sobre 2,6 millones de metros cuadrados en terreno agrícola. El PP ha rechazado tajantemente que la moción escondiera intereses urbanísticos. Sin embargo, este partido, antes de presentar la moción, solicitó en registro la convocatoria de un pleno extraordinario para desbloquear la tramitación del proyecto, una sesión que se celebró dos días después de llegar el PP al poder. El nuevo alcalde, por presiones de la dirección provincial del partido conservador, optó por dejar aparcada su tramitación hasta después de las elecciones.

La corrupción y el urbanismo serán los ejes de la campaña electoral de esta localidad del sur de Alicante y limítrofe con Murcia, en la que decenas de vecinos han reiterado sus muestras de apoyo al ex alcalde socialista Ignacio Ramos, que será el cabeza de cartel y que está convencido de que "las elecciones pondrán a cada uno en su sitio", por lo que el paso del PP por el Gobierno será "fugaz". "El pueblo debe decidir y no unos tránsfugas que defienden intereses particulares y urbanísticos", dijo Ramos.

Por su parte, el PP confía en que la denuncia que presentó la edil socialista tránsfuga Josefa Meroño contra el ex alcalde, al que acusaba de presunta financiación irregular del PSOE, deteriore la imagen del ex regidor. Esta denuncia se presentó días después de que los socialistas rechazaran la macrourbanización y una semana antes de suscribir la moción de censura. Esta semana, la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo acordó, con los votos tanto del PP como del PSOE, remitir a la Fiscalía Anticorrupción la moción de censura de Pilar de la Horadada para que investigue si existen hechos delictivos. El PP no ha aplicado ninguna sanción contra sus ediles, que han pactado con dos tránsfugas, y tan sólo se limitó a anunciar la apertura de un expediente informativo sobre la cuestión. El alcalde, José Fidel Ros, observa "con agrado" la investigación de la Fiscalía y confía en que demuestre que su actuación ha sido "legítima y transparente" y motivada por "el interés" del municipio.

En Castellón, el llamado caso Fabra ha supuesto un revuelo de candidatos en las poblaciones más grandes de la provincia. Sólo uno de los siete municipios de más de 20.000 habitantes mantiene al candidato que el Partido Popular presentó en las pasadas elecciones. La repercusión de la imputación del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, por varios presuntos delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal, y el hecho de que Fabra no renuncie a volver a presentarse a las elecciones, ha obligado al PP a tratar de garantizarse votos en los feudos que pueden condicionar el que revalide o no la presidencia de la Diputación. Poco más de 5.000 votos, distribuidos en localidades estratégicas, separan al PSPV-PSOE de la mayoría que el PP obtuvo en los anteriores comicios y que llevaron a Fabra a repetir como presidente de la Diputación provincial cuando ya estaba imputado.

Los populares están desarrollando, además, una campaña electoral personalista en el caso del novato candidato a la alcaldía de Castellón, Alberto Fabra, ante la evidente incomodidad que éste ha mostrado después de tener que asumir "por imperativo partidista" a Carlos Fabra en su lista como número tres. La coincidencia en los apellidos supone un hándicap para el aspirante del PP, que ha desplegado únicamente con su nombre de pila, Alberto, la estrategia de propaganda electoral para los próximos comicios, que se celebrarán en mayo.

El PP afrontará las elecciones, además, con otros dos pilares provinciales tambaleándose. La condena al alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, por prevaricación, ha obligado a fabricar el candidato al municipio más grande de la provincia, al margen de la capital de La Plana, en apenas unos días. Además, los escándalos urbanísticos han provocado también la renuncia del candidato de otra de las grandes localidades, Burriana, donde el PP anunció hace varias semanas la elección del actual número dos del municipio para tratar de revalidar los votos que le otorgaron en 2003 una ajustada mayoría.

El denominado caso Ciempozuelos saltó a las primeras páginas de los periódicos el pasado 17 de octubre por el presunto cobro de una comisión ilegal de 40 millones de euros por el entonces alcalde, Pedro Antonio Torrejón (PSOE). El regidor supuestamente habría cobrado esa cantidad para favorecer los intereses de una inmobiliaria llamada Esprode. El implicado dejó el cargo en cuanto estalló el escándalo. El 23 de octubre, Torrejón, junto con otro ex alcalde socialista, Joaquín Tejeiro, y el presidente de la empresa inmobiliaria, fueron imputados judicialmente por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Juntos, Torrejón y Tejeiro habían viajado en coche hasta Andorra para ingresar casi un millón de euros en una cuenta corriente de un banco de ese país. A pesar de los requerimientos judiciales, ninguno de los dos ha sabido acreditar por el momento de dónde había salido todo ese dinero. Ambos fueron encarcelados por orden del juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro (Madrid) el pasado mes de noviembre, aunque han conseguido abandonar la prisión tras abonar cada uno de ellos una fianza de 900.000 euros en el juzgado avalada con propiedades inmobiliarias.

Según relatan ahora los diferentes grupos políticos municipales, la sensación en el pueblo es de decepción. El PSOE gobierna el municipio con seis concejales, cuatro tiene el PP y otros cuatro un grupo independiente escindido de los populares, mientras IU tiene tres. La alcaldesa de la localidad y secretaria general de la agrupación socialista, Susana León, retrata muy bien la situación de su partido. "El PSOE está roto, pero este partido tiene más de 100 años y nos repondremos por encima de las personas". Para León, el pueblo está desconcertado. "En los primeros momentos hubo incredulidad, desconcierto, tristeza, decepción... Ahora no sabemos cómo va a responder en las urnas". Susana León considera que la gente estaba muy contenta con el cambio que había experimentado el municipio, pero tiene claro que lo previsible es que sufran un voto de castigo. "Es lógico", dice. Por lo pronto, su partido aún no ha designado candidato para defender la alcaldía en las elecciones municipales del próximo 27 de mayo.

La candidata y portavoz popular, María Ángeles Herrera, asegura que sus vecinos están "indignados", pero cree que el voto es "muy fiel". "El pueblo tiene que votar en conciencia. Creo que sí tenemos opciones", afirma.

Javier de Oro, candidato y portavoz del Partido Independiente de Ciempozuelos, espera ganar más concejales, por lo que ha tanteado a la gente en el pueblo. Pese a que los socialistas se han apoyado en su formación para gobernar, deja claro que no va a pactar con nadie. Además, no está tan convencido de que se vaya a castigar duramente a los socialistas. "De aquí a las elecciones quedan cuatro meses y no va a ser para tanto", aclara.

Por su parte, la candidata y portavoz de Izquierda Unida, Gemma Fornell, defiende y publicita a los cuatro vientos su posición independiente en el Consistorio. "Desde el principio de la legislatura venimos demandando transparencia. Hemos estado solos en la pelea y luego el PP se ha sumado", asegura con un cierto tono de reproche. Cree que se ha asentado en el pueblo un poso de "descreimiento" que hace imposible vaticinar cuál va a ser el resultado en las próximas elecciones de mayo.

Reportaje elaborado con informaciones de Andreu Manresa, Juan Manuel Pardellas, Ezequiel Moltó, María Fabra y Jaime Treceño.