Un nuevo derecho para mayores y discapacitados

La reciente aprobación de la Ley de Dependencia supone la creación de un nuevo sistema de protección social en España. Si en los años ochenta y noventa, los gobiernos socialistas universalizaron la sanidad, la educación y las pensiones asistenciales, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al ampliar derechos civiles con la atención a las personas mayores y las personas con discapacidad, ha recuperado en el siglo XXI la tradición socialdemócrata de fortalecer el Estado del Bienestar.

La Ley de Dependencia, respaldada por una amplia mayoría parlamentaria y con el apoyo de sindicatos, empresarios y el movimiento asociativo, configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y establece un nuevo derecho de ciudadanía en España: todas las personas dependientes (más de un millón, según los expertos) tendrán garantizado el acceso a servicios sociales y a prestaciones económicas.

Es la financiación más ambiciosa desde la implantación del Sistema Nacional de Salud

Las personas mayores y las personas con discapacidad ya no serán atendidas en nuestro país "si se puede" o "si hay plazas" (sólo uno de cada 200 mayores puede disfrutar de una plaza en un centro de día y la tasa de cobertura de la ayuda a domicilio es menor del 3%), ni tendrán que depender casi en exclusiva de los cuidadores familiares. Hasta ahora, la atención que reciben estas personas recaía sobre todo en su familia y, muy especialmente, en las mujeres. Con la Ley de Dependencia, del mismo modo que sucede con la sanidad o la educación, el Estado (en este caso, las Comunidades Autónomas, competentes en la materia) estará obligado a atender a los ciudadanos que necesiten ayuda, supervisión y apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

La ley, que entró en vigor el pasado 1 de enero, prevé un plazo de tres meses desde la constitución del Consejo Territorial de la Dependencia para su desarrollo reglamentario. La intención del Gobierno es acelerar, en todo lo posible, este trámite. Así, este consejo (formado por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales) se reunirá en los próximos días para planificar la implantación del sistema.

El Consejo acordará el baremo mediante el que se valorará a los ciudadanos, las características de los servicios de dependencia, la cuantía de las prestaciones económicas para el cuidador o para la contratación del asistente personal y la aportación de los usuarios a la financiación de los servicios.

Una vez determinados estos aspectos, todos los ciudadanos que lo necesiten deberán acudir a los servicios sociales de su Comunidad Autónoma para solicitar una evaluación que determine su grado y nivel de dependencia. En caso de que la persona sea considerada dependiente, recibirá una acreditación que tendrá validez en toda España. Tras este diagnóstico, los servicios sociales de su Comunidad Autónoma elaborarán, teniendo en cuenta las preferencias de la persona dependiente (o de su tutor), un Programa Individual de Atención con los servicios y prestaciones económicas que va a recibir. Entre los servicios, los ciudadanos podrán disponer de ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, centro de noche o plaza residencial. En cuanto a las prestaciones económicas, la ley prevé compensaciones para los cuidadores familiares (con un alta en la Seguridad Social que corre a cargo del sistema) y prestaciones para la contratación de un asistente personal que facilite el acceso a la educación, al trabajo y a una vida autónoma. También se podrán recibir ayudas técnicas y para adaptaciones en la vivienda.

Hay que tener en cuenta que en 2007 serán beneficiarios de estos servicios y prestaciones las personas con gran dependencia (aproximadamente unas 200.000), es decir, las que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria varias veces al día o que, por su pérdida de autonomía física, intelectual, mental o sensorial requieren de apoyo o supervisión generalizada. Las dependencias severas y moderadas se incorporarán paulatinamente al sistema hasta 2015.

Así, al desarrollarse el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en las próximas semanas, las Comunidades Autónomas tendrán la obligación de atender a las personas con discapacidad y a las personas mayores con gran dependencia. Además, la ley prevé que los ciudadanos podrán acudir a la vía administrativa o judicial para exigir este derecho.

Para facilitar a los ciudadanos el conocimiento del nuevo sistema de protección social y los servicios y prestaciones que pueden recibir, el Gobierno ha habilitado un Servicio de Información específico sobre Dependencia (900 40 60 80), donde podrán consultar sus derechos, el centro al que deben acudir para solicitarlos, los servicios y prestaciones en su Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, y todas las dudas que puedan surgirles sobre la puesta en marcha de la ley.

En cuanto a la financiación, el Gobierno destinará cerca de 13.000 millones de euros adicionales durante el periodo de implantación del sistema (2007-2015), mientras que las Comunidades Autónomas aportarán una cantidad similar. Se trata, pues, de la financiación más ambiciosa de un proyecto desde la implantación del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Educativo. En 2007, el Gobierno destinará seis veces más recursos a las Comunidades Autónomas para la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad que los que presupuestó la anterior Administración en 2004. Las autonomías cuentan ahora con medios estatales con los que ni siquiera soñaban en la pasada legislatura.

En definitiva, el objetivo de todo buen gobierno debe centrarse en la ejecución de medidas que mejoren la vida de los ciudadanos y amplíen sus derechos, especialmente para los más desfavorecidos. Hoy nos encontramos ante la puesta en marcha de un nuevo sistema de protección social en España y el reconocimiento de un nuevo derecho de ciudadanía para personas mayores y personas con discapacidad. La Ley de Dependencia impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero mejorará la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias y situará a nuestro país en la vanguardia de las Sociedades del Bienestar.

Amparo Valcarce es secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.