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Columna
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Con la boca grande

El referéndum de ratificación del Estatuto para Andalucía, que está fijado para el próximo 18 de febrero, nace con el temor de que se produzca una alta abstención. Así lo anuncian los líderes de los cuatro partidos con representación parlamentaria en Andalucía en un acto que ha organizado CC OO en Sevilla y en el que se han dado a conocer los avances que se contienen en la reforma. Y, realmente, no entiendo demasiado bien este temor. No, ya, porque no se vaya a producir una relativa abstención -que puede producirse- sino porque refleja desconfianza hacia el electorado andaluz. Dan la impresión de que a una mayoría de andaluces les importa muy poco el mayor autogobierno que se establece en el nuevo Estatuto. Es, pues, un anuncio que no debería admitirse por los grupos políticos con este fatalismo nada más arrancar la campaña.

Las razones son muchas. Unas por cuanto no se hace honor a la transición; a la voluntad generalizada de las fuerzas políticas que querían dejar atrás el modelo franquista. Una dictadura que había impuesto un modelo territorial centralista y autoritario, desconociendo la pluralidad y la diversidad del Estado. Una situación que tenía que cambiar y que cambia para adaptarse a la realidad constitucional del Estado, cuidando, en sus primeros años, que las demandas autonómicas no pusieran en peligro la transición.

Hoy, cuando han pasado 30 años, estos miedos no existen por mucho que algunos, con sus nostalgias, nos los quieran hacer recordar. Hoy, cuando ha pasado el tiempo; cuando se ha demostrado que el sistema autonómico funciona; cuando aquella Constitución abierta en lo autonómico ha demostrado su eficacia, generando una descentralización política que la aleja de los sistemas totalitarios, era natural que se siguiera avanzando y profundizando en el sistema autonómico. Tan natural como obligado por la fuerte aceptación social de una realidad autonómica agotada y que quiere seguir avanzando. Y en este sentido es en el que, fundamentalmente, pienso que los grupos políticos pueden incentivar la mayor participación.

La reforma del Estatuto para Andalucía es un avance en el sistema democrático al tiempo que una huida de todo lo que representó un Estado unido por la fuerza y la gracia de dios como se acuñaba en las monedas de la época. También ha supuesto que se alcancen cotas de progreso social y económico a través de un mayor autogobierno. Ésta es su importancia. No es poca. De ahí la necesidad del mayor autogobierno que se establece en la reforma estatutaria.

Es verdad, y no podemos llamarnos a engaños que, durante la tramitación del nuevo Estatuto, se dijo que era un Estatuto poco respetuoso con la Constitución que no contenía el mismo grado competencial que el de Cataluña. Pues bien, hoy, al igual que ayer, hay que decir que todo el desarrollo estatutario tiene como límites los establecidos en el artículo 2 de la Constitución. Hoy, al igual que ayer, también sabemos que la indisoluble unidad de la nación española no se quiebra con el Estatuto para Andalucía y hay que tener la honestidad de decirlo con la boca grande para alejar miedos y temores.

Es lo que dice Javier Arenas que va a hacer. Se ha postulado públicamente como el mejor apóstol en favor de la participación. Este es el compromiso que ha contraído en la mesa convocada. Un compromiso coherente. Si ha sido el representante político que más se ha opuesto a la reforma, ahora que su grupo se ha sumado a la reforma es razonable que con el mismo esfuerzo, y con la misma boca grande con la que se opuso, se emplee en defender un masivo a la reforma.

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En cualquier caso no estaría de más que los grupos políticos fueran conscientes de su deber de volcarse enérgicamente a favor de la participación. La abstención sólo favorece -salvo las cuentas de la lechera del PA- a aquéllos que siguen soñando con una patria nostálgica que no es leal con la Constitución ni con el Estado autonómico que establece.

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