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COLUMNA

El lío del Estatuto

La democracia constitucional presenta llamativas paradojas respecto al arbitraje de decisiones. Digo esto, por ejemplo, en relación al imperativo de que la aprobación de la reforma estatutaria en el Parlamento gallego lo deba ser por mayoría cualificada (dos tercios) o al sofisticado mecanismo que habrá que seguir para que los monárquicos introduzcan en la Constitución algo tan obvio para todos como que las mujeres puedan asumir el trono del Reino de España. ¿Es más o menos democrática una decisión votada por la mitad más uno de los escaños que por dos tercios? ¿Cuál es la objetividad del baremo para determinar este requisito?

Esta es una cuestión que no se está valorando suficientemente en el caso de la reforma estatutaria de Galicia y que, sin duda, está vinculada a una sobrevaloración del consenso en el entorno político español. El consenso es deseable, pero en ningún caso puede ser un valor absoluto o un fin en sí mismo. Véase lo ocurrido en los últimos tiempos con la política antiterrorista, en la que el asunto se ha difuminado de tal forma que ya no se sabe si el objetivo es el fin de la violencia o el consenso entre el PP y el PSOE, incluso, en algún momento, parece que la cuestión esencial es si el PP acude o no a unas manifestaciones y no el fin de ETA ¿Sería menos deseable y beneficiosa una derrota del terrorismo aunque no contase con el consenso del PP?

Algo así está ocurriendo en Galicia con el debate estatutario. Al oscurecer la condición de que la reforma necesita aritméticamente los dos tercios de votos positivos, los partidos del Gobierno y la oposición se han enredado en la estrategia cínica de hacer visible al cupable del hipotético desacuerdo y frustración de la iniciativa. Algo sobre todo incomprensible en la alianza de Gobierno, que le está poniendo gratis al PP una táctica muy próxima al boicoteo y al chantaje por mucho amparo institucional que tenga esa posición. La mayoría social que propició el cambio en el gobierno de la Xunta es heterogénea pero comparte más convicciones de lo se pueda derivar del discurso oficial de los aparatos del bipartito. Es decir, es posible que esa mayoría no sea unánime respecto a si "nación" o "nazón de Breogán" en el preámbulo o en el articulado, o a como se regula técnicamente la financiación, pero estaría fuera de toda duda de que está unida en el deseo de mayor autogobierno, y esto recorre el arco social desde posiciones puramente autonomistas a federalistas, soberanistas o, incluso, independentistas. Por eso tan perversa como la frustración de la reforma sería la escenificación de un cambio estatutario retórico e inocuo para las condiciones de vida y de gobierno por mucho que fuera consensuado con el PP. Galicia necesita perentoriamente marcar su propia agenda política. Es cierto el agravio comparativo que sería no conseguir la reforma en las actuales circunstancias en el Gobierno central y el resto de comunidades, pero no es menos cierta la aseveración de que el PP se ampara en una arbitrariedad normativa que no coincide con los deseos de la mayoría.

En el peor de los escenarios prevalecería la agenda propia de la política gallega: otras correlaciones de fuerzas parlamentarias harán posible la reforma en el futuro y, en todo caso, el actual Gobierno debe profundizar en una pedagogía cada vez más evidente después de décadas de hegemonía de la derecha en el Gobierno autonómico, la de llevar hasta las últimas posibilidades y saborear el autogobierno que permite el actual Estatuto, alejándose de las prácticas clientelistas y subsidiarias del Gobierno central que nos hicieron percibir a la ciudadanía una Xunta más parecida a una Diputación en grande que a un gobierno real.

Digo esto unas horas antes de que se celebre esa reunión a tres (Touriño, Quintana y Feijóo) y que parece el punto de corte del debate. Que prevalezca el sentido común, que en esta ocasión, más que nunca, es simétrico al sentido democrático.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de enero de 2007