Naves industriales asentadas en Mos duplican el límite de edificabilidad

El criterio técnico habitual que se ha aplicado en los últimos años en el ayuntamiento de Mos para edificar naves industriales consistía en no computar las edificaciones bajo rasante en el cálculo final de la edificabilidad. De este modo, y mediante movimientos de tierras que alteran drásticamente la rasante natural del suelo, hay construidas naves cuyo volumen duplica la edificabilidad para la que obtuvieron licencia. Este exceso es sólo uno de los factores que contribuyen al desastre urbanístico de este municipio limítrofe con Vigo, con 1.200 empresas asentadas ilegalmente.

El proceso de construcción de una nave en el alto de Puxeiros por la promotora Mosprodega, S L, ilustra la chapuza legal y especulativa, que se repite total o parcialmente en otras promociones del municipio, muchas con el sello personal del concejal independiente de Mos Ángel Sío Pérez.

Mosprodega obtuvo en 1999 licencia de obras para levantar dos módulos de nave industrial en Portela-Tameiga y, sucesivamente, otras dos licencias, en 2001 y 2002, para reestructuración y ampliación de la nave originaria cuya construcción, sin embargo, aún no había comenzado en esas fechas. Es decir, todo se hizo de un tirón. Las dos licencias de ampliación se concedieron sobre proyecto y ninguna de las tres cuenta con informe jurídico que las normas subsidiarias del planeamiento municipal establecen como preceptivo.

La parcela se sitúa en línea con el polígono industrial del Rebullón, en el alto de Puxeiros, al otro lado de la autovía Rías Baixas y con espléndidas vistas sobre la ría de Vigo. El polígono del Rebullón, de 16 hectáreas en las que se han edificado unas 30 naves, carece de conexión a las redes de alcantarillado y agua y, al menos en su parte más próxima a Vigo presenta unas soluciones urbanísticas insólitas, más propias de un laberinto que de un parque empresarial. Ahí trabajan 70 empresas.

La promoción de Mosprodega, al otro lado de la carretera, podría responder con propiedad a la tipología de las zíes (zonas de industrialización espontánea), que salpican el territorio municipal como una viruela. La medición oficial de la parcela y de la obra, en 2005, estuvo precedida de un toma y daca en los tribunales entre el Ayuntamiento, gobernado por la socialista María Jesús Escudero con apoyo del BNG, y la promotora, que no autorizaba la entrada de los técnicos municipales en su propiedad, hasta que lo hicieron con mandamiento judicial. La comunidad de montes de Cabral había iniciado el procedimiento denunciando la invasión de sus lindes y, por tanto, del municipio de Vigo, al que pertenece ese barrio.

El concejal independiente de Mos Ángel Sío Pérez se convirtió en la figura más ostensible de la operación, por ser apoderado de Mosprodega y porque empresas vinculadas a él realizaron y construyeron el proyecto en todas sus fases. Ahora la nave de Mosprodega ocupa en planta 4.756 metros cuadrados de Mos y 1.133 de Vigo y en ella hay operando una docena de empresas a las que el ayuntamiento niega la licencia de actividad.

La alteración de rasantes permitió que las plantas consideradas semisótanos pasaran a tener la condición de plantas bajas y, con éstos y otros añadidos ilegales, la edificabilidad resultante prácticamente duplica la autorizada. En el proyecto se fijaban 4,54 metros cúbicos por metro cuadrado construido, rozando el límite legal de 5 metros cúbicos; en la realidad se construyeron 9 metros cúbicos por metro cuadrado. Se pasó de los 41.850 metros cúbicos que fijaba el proyecto a 82.843 construidos.

Ilegalidad no prescrita

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, teniendo en cuenta la rasante teórica del proyecto, midió los volúmenes que excedían el máximo de diez metros de altura de la nave en 3.181 metros cúbicos. La valoración de sólo este exceso la cifra en 458.068 euros. Y quedan otros 37.812 metros cúbicos ilegales por tasar, que, según ese baremo, sumarían valoraciones millonarias.

El Ayuntamiento ha pedido la reposición de la legalidad. El argumento principal de los promotores para oponerse remite a su disponibilidad de las licencias municipales para las obras y a que, si hubiera alguna irregularidad, ha pasado el período de prescripción, según la ley del Suelo de Galicia (1997), que lo fija en cuatro años. La última licencia, sin embargo, retruca el Ayuntamiento, se produjo en 2002 y las obras no habían acabado en 2005, con lo que sería aplicable la Ley de Ordenación Urbana de Galicia, de 2002, incluso para el periodo de prescripción, que fija en seis años. En este pleito andan las partes, mientras la docena de empresas instaladas en la nave chocan con la imposibilidad de obtener la licencia de actividad.