El PSOE propone beneficios fiscales por poner en alquiler casas vacías

Los socialistas andaluces irán en sentido inverso al de otras comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña, donde hay proyectos en marcha para penalizar las casas vacías. Muy al contrario, lo que pretenden es dar beneficios fiscales a aquellos propietarios que pongan en alquiler sus viviendas desocupadas. Ésta es una de las resoluciones acordadas por el PSOE de Andalucía en uno de los debates de su Conferencia Política sobre Desarrollo Sostenible, sobre la que planeó la necesidad de un cambio radical en el modelo de desarrollo de las ciudades.

El documento sobre la actuación en el litoral no aborda la demolición de edificaciones ilegales

Como en todos los cónclaves socialistas, las resoluciones aprobadas no tendrán una visualización inmediata en medidas de gobierno, pero lo cierto es que el PSOE empieza a interiorizar que hay que poner límites al crecimiento y que los poderes públicos deben intervenir y no lavarse las manos ante el mercado.

Este cambio de mentalidad en el PSOE andaluz -que gobierna en 449 de los 770 municipios de la comunidad- no va a ser rápido, pero ya en sus documentos internos, de obligado cumplimiento para sus responsables, se empiezan a incluir propuestas estratégicas que apuntan hacia una rectificación sobre lo hecho hasta ahora. Esto se pudo ver ayer en el debate de la ponencia sobre Derechos sociales, vivienda y modelo de ciudad, donde se produjeron intervenciones muy vivas, que obligaron al secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, a mediar.

En esta ponencia se debatió una enmienda de la agrupación de Cádiz que proponía penalizar las viviendas vacías, pero la conclusión que salió fue totalmente distinta. El ponente de esta comisión y candidato del PSOE a la alcaldía de Granada, Javier Torres Vela, propuso justamente lo contrario: dar bonificaciones fiscales a los dueños de los pisos vacíos que los pongan en alquiler. Se produjo entonces un debate que concluyó con el apoyo de Pizarro a la propuesta de Torres Vela, que contaba con el visto bueno de la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo.

"No estamos por poner impuestos a las viviendas vacías, sino por medidas fiscales incentivadoras", aseguró Torres Vela. Según el censo de 2001, el último disponible, en Andalucía hay 550.000 viviendas vacías, entre las que se incluyen las segundas residencias. Las estimaciones de la Junta indican que las casas que no tienen ningún uso, sobre todo en los centros de las ciudades, ascienden a 100.000. La Junta puede poner en marcha estos beneficios fiscales, aunque lo ideal para los socialistas andaluces es que esta decisión salga del Ministerio de Economía.

Otra de las conclusiones que aprobará hoy en su conferencia el PSOE es la de crear un fondo específico de la Administración autonómica que adelante a los ayuntamientos el dinero de las expropiaciones de terrenos para construir viviendas protegidas, que los promotores no impulsan. Al no disponer de liquidez para hacer frente a los depósitos, los ayuntamientos no hacen uso de este mecanismo legal previsto en la ley del Suelo.

La ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) obliga a los ayuntamientos a destinar el 30% del suelo urbanizable para VPO, pero ese porcentaje está muy lejos de cumplirse y sólo llega al 8%. Para construir viviendas a precios más asequibles, Obras Públicas va a permitir modificaciones concretas en los planeamientos para construir VPO, pero siempre que haya un acuerdo entre promotor, ayuntamiento y Junta para edificar viviendas con todos los servicios.

Eso es a lo más que está dispuesto a llegar la Junta ante la petición de los alcaldes socialistas de una ampliación del plazo de adaptación de los planes generales a la LOUA. Los ayuntamientos han tenido cuatro años para adaptar sus planes, pero tan sólo lo ha hecho un 5%. El plazo expira el 20 de enero y a partir de ahí Obras Públicas no admitirá ninguna propuesta de modificación puntual de los planes que requiera el visto bueno de las comisiones provinciales de urbanismo, como son las recalificaciones de suelo o los cambios de uso de los ya calificados.

Otra de las resoluciones es solicitar la ampliación de la tipología de las VPO de familias con personas dependientes, para que las casas tengan 150 metros cuadrados (el límite máximo ahora es de 90).

Las conclusiones sobre la vivienda contrastaron con la pobreza de resoluciones sobre el modelo de actuación en el litoral. El documento marco se limita a constatar que hay 800 kilómetros de costa y que se trata de una franja muy sensible, pero nada se dice de demoliciones de edificaciones ilegales ni de ampliar la zona de protección como proponían desde Almería.

De derribos sí se habló en un foro sobre urbanismo el presidente del Colegio de Arquitectos de España, Carlos Hernández-Pezzi, quien pidió "valor" para devolver al suelo "su condición de recurso accesible a todos y eso significa colegios, equipamientos y transporte público que se han evitado por el negocio particular de algunos".