La Síndic esgrime la 'doctrina Parcent' del TSJ para rechazar el Plan Rabassa

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) agotará todas las vías jurídicas disponibles para conseguir paralizar la tramitación del Plan Rabassa, que contempla la construcción de 15.000 nuevas viviendas, en la periferia de Alicante. El colectivo cívico hizo ayer este anuncio tras desgranar una resolución de la Síndic de Greuges, en funciones, Emilia Caballero, en la que insta a "que se suspenda su tramitación". La Síndic apoya su resolución en el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ha paralizado 1.500 viviendas en Parcent por "insostenibles".

El 3 de noviembre pasado el TSJ emitió un auto en el que adoptaba como medida cautelar la suspensión de un PAI que estaba previsto desarrollar sobre una superficie de 1 millón de metros cuadrados para construir 1.500 viviendas, "es mucho menos que en Rabassa", dijo Carlos Gómez-Gil, portavoz del colectivo que estima que esta decisión del TSJ sienta jurisprudencia para poder iniciar una batalla jurídica. "Las decisiones opuestas a las leyes están tipificadas en el Código Penal", advirtió el portavoz del colectivo que augura que este proyecto "lleva el mismo camino que el palacio de congresos en el monte Benacantil, que ha supuesto un coste social y político tremendo".

La Síndic emite recomendaciones tanto a la Consejería de Territorio como al Ayuntamiento de Alicante. Caballero pide primero que "no aprueben" el Plan Rabassa "sin revisar antes el PGOU de 1987", también les insta a "suspender su tramitación mientras las deficiencias detectadas no sean corregidas y subsanadas". Al tiempo, recuerda la necesidad de proteger las lagunas ubicadas sobre suelo no urbanizable de especial protección, la necesidad de elaborar y exponer al público las alegaciones, la obligación de acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes mediante el correspondiente informe de la Confederación del Júcar, así como la convocatoria de un nuevo concurso para seleccionar al urbanizador basándose en la nueva legislación urbanística LUV.

En la resolución, la Síndic concede un plazo máximo de un mes al Ayuntamiento y a los departamentos de la Generalitat implicados para que "informen si aceptan estas recomendaciones o, en su caso, pongan de manifiesto las razones que estimen para no aceptarlas".

Los profesores de la Universidad de Alicante, Manuel Alcaraz y Gómez Gil, consideran que esta resolución es un "varapalo" a la actuación del gobierno municipal del PP. El informe de la Sindicatura estima que es necesario revisar previamente el PGOU, ya que los 4,2 millones de metros cuadrados sobre los que se ejecutará el Plan Rabassa "supone más de 40% del término municipal de Alicante" por lo se trata de una decisión "trascendental" que afecta al modelo territorial y estructural de todo el municipio. También muestra su "preocupación" por la campaña publicitaria y de solicitudes de viviendas protegidas que ha lanzado el promotor del plan, el empresario Enrique Ortiz, para su venta.