El Consell denuncia la mayor fábrica de agua por delito contra el medio ambiente

El Consell aprobó ayer denunciar ante la Unión Europea la desaladora proyectada por el Gobierno en Torrevieja porque "incumple la normativa comunitaria de defensa del medio ambiente" y supone una "agresión" al parque natural de las Lagunas de la Mata y a las praderas de posidonia, según el consejero de Territorio, Esteban González Pons. La desaladora será la más grande del Mediterráneo y funcionará como "fábrica de agua". El consejero dijo tener la "sensación política" de que servirá para abastecer a Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.

González Pons reiteró que no hay necesidad de instalar en Torrevieja "la desaladora de uso agrícola más grande del mundo". Sostuvo que el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "está pensando en enviar agua desde la Comunidad Valenciana a Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña", convirtiendo el territorio valenciano en una "fábrica de agua", gracias a Torrevieja y otras plantas. Ante la pregunta de si contaba con datos al respecto, dijo que tiene la "sospecha" y la "sensación" políticas.

Los datos oficiales del Gobierno, sin embargo, señalan que la desaladora de Torrevieja abastecerá de agua potable a medio millón de habitantes del sur alicantino, incluido nueve municipios de Murcia, además de suministrar recursos para los regadíos de la Vega Baja. El 50% de los 80 hectómetros cúbicos al año (ampliables a 120) de producción de agua desalada de Torrevieja se destinará a consumo humano y el resto a la agricultura.

La argumentación del Consell para justificar la apertura de otro frente político contra el Gobierno es de carácter medioambiental y conservacionista: la planta de Torrevieja se ubicará en una zona de "amortiguación" del perímetro de protección del parque natural de las Salinas de la Mata, y los vertidos de salmuera resultantes de la desalación se realizarán en una zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) afectando a las praderas de posidonia. González Pons esgrimió que se conculca el "principio de precaución" de la UE, que paraliza cualquier infraestructura si perjudica al medio ambiente. Preguntado sobre si el trasvase del Ebro también transgredía dicho principio, respondió que el problema principal es que el Gobierno tiene "una política hídrica hecha con los pies".

El consejero agregó que se deberá instalar una subestación eléctrica que alimente a la desaladora de Torrevieja. Y denunció que su ampliación no tiene declaración de impacto ambiental, además de que la salmuera que antes se vertía en los límites de la zona LIC se depositará dentro, sin que el Gobierno haya informado a la Generalitat. Aportó la resolución gubernamental publicada en el BOE, de julio de 2006, que modifica la declaración de impacto de marzo del mismo año. En ella se indica que la planta amplía su producción de 60 a 80 hectómetros cúbicos al año, con capacidad de llegar a 120. Señala que "el proyecto ya contemplaba el dimensionamiento de las instalaciones de distribución y del sistema de vertido para un caudal de producción de 120 hectómetros cúbicos (...)". Por ello, entiende que no se precisa otra declaración de impacto. La resolución del BOE añade que "la acción más importante, en cuanto a su potencial impacto sobre el medio es el incremento en 0,89 metros cúbicos de vertido de salmuera". Sobre ésta, apunta que "las instalaciones de toma y de vertido se localizan en el Lugar de Importancia Comunitaria Cabo Roig". Y establece que "dado que el vertido de salmuera se realiza a mayor profundidad (entre -7,5 y -10 metros) y a unos 500 metros de la zona ocupada por posidonias (desde la línea de costa hasta la -8) y habiendo considerado las corrientes existentes en dicha zona, no es previsible que, en ningún caso, la pluma de salmuera alcance las praderas de dicha fanerógama".

También los presidentes de la Generalitat, Francisco Camps, y de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, hablaron ayer de agua. Tras una reunión, insistieron en que ambas comunidades son un ejemplo del uso eficaz, racional, responsable y solidario del agua, tanto en España como en Europa, y por tanto, son merecedoras de recibir trasvases, en referencia al derogado del Ebro.