El PSPV recurrirá la presencia de cámaras en calles de Alicante

El PSPV en el Ayuntamiento de Alicante presentará un recurso de reposición contra el acuerdo del Gobierno local, del PP, de instalar sistemas de videovigilancia y vigilancia privada en parques y plazas e instalaciones municipales. El concejal socialista Domingo Martín aseguró que la medida vulnera los derechos constitucionales al honor, la intimidad y la propia imagen. El edil también criticó que el PP no haya aclarado qué criterios regirán las instalación de las cámaras, ni cuántas no dónde.

Martín justificó ayer la presentación del recurso en que la propuesta de sistemas de videovigilancia "carece de fundamentación" es "arbitraria y vacía" y su aplicación afecta a derechos constitucionales. A su juicio, la "acción de gobierno del PP está marcada por la ineptitud y la desatención a los derechos fundamentales de los ciudadanos". Así mismo, aseguró que en "su actual formulación es contraria a la legislación que protege el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, derechos que son constitucionales" y que, según Martín, en este expediente "son despachados con una pequeña mención".

El concejal añadió que "no son capaces [el PP] de llegar a establecer criterios de valoración para su desarrollo ni concretar los lugares donde deben ser instaladas", por lo que emitió un "juicio muy severo" hacia el PP, al que acusó de crear "por su nefasta incompetencia una grave indefensión al ciudadano frente a la autoridad municipal, que quiere escapar de todo control". En este sentido, Martín destacó que la "actual legislación en materia de protección del honor, intimidad y propia imagen es abundante y toda ella está orientada a lograr un equilibrio entre los derechos del ciudadano y la prevención y lucha contra la inseguridad ciudadana".

Desde su punto de vista, "es intolerable aceptar que el establecimiento del sistema de videovigilancia se convierta en una imposición desregulada, donde el PP además ni establece criterios claros para la valoración, ampliación, disminución, ni dice cuántas cámaras instalará ni dónde". Para el concejal, este acuerdo de la Junta Local es "una chapuza muy cara que pagarán todos los alicantinos" y que se ha hecho "sin explicar las evaluaciones previas en materia de seguridad de las zonas donde se van a instalar, los medios empleados con anterioridad y sus resultados, además de las alternativas rechazadas". Así, según precisó, "no explican por qué van a instalar los sistemas de videovigilancia".

El edil socialista sostuvo que el PP ha aprobado un sistema de vigilancia privada del que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) "había señalado su ilegalidad". Martín reiteró que acudirán a la vía administrativa para que este acuerdo sea anulado, a través de un recurso de reposición, y aseguró que en caso de que sea desestimado, se verán "obligados" a presentar un recurso contencioso administrativo ante los tribunales de justicia.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcoi, también en manos del PP, anunció ayer que a lo largo de este año instalará 32 cámaras de vigilancia en plazas y parques públicos de la localidad.