Consejo olvidado

Sería poco menos que un milagro que el PSOE y el PP, vista su radical incompatibilidad incluso en asuntos que pueden calificarse de Estado, abordaran con la exigible responsabilidad institucional la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero se trata de un compromiso que trasciende la política partidaria y que ambas formaciones no pueden seguir aplazando, salvo que les importe poco contribuir al ya acusado deterioro del órgano de gobierno del Poder Judicial.

Se ha iniciado ya el tercer mes desde que se cumplió el mandato de cinco años para el que fue elegido el actual Consejo y los dos partidos que tienen la llave de su renovación siguen sin tomar en serio el cumplimiento de los plazos. No hay razón alguna que pueda justificar la desidia mostrada por el Congreso y el Senado, lo que está llevando a prolongar más de lo razonable un Consejo en funciones que, además, no responde a la actual composición del Parlamento, sino a una mayoría absoluta del PP hoy inexistente.

La renovación del Consejo del Poder Judicial ha solido dar lugar a espectáculos bochornosos por el empeño de los partidos en considerarlo poco menos que un instrumento delegado de su poder a través de vocales afines. Y ese dominio persiste todavía en demasía, a pesar de la corrección que supuso el acuerdo de 2001 entre el PP y el PSOE para que los jueces -asociados o no- pudieran aportar 36 candidatos entre los que elegir los 12 vocales de extracción judicial.

Una vez más se presenta la ocasión de reforzar el prestigio de una institución que se ha ganado a pulso el escaso aprecio que le tiene la sociedad y los propios jueces y que, sin embargo, es esencial para el equilibrio entre poderes en una democracia. Para ello sería necesario que sus 20 vocales fueran elegidos más por sus cualidades profesionales y humanas que por afinidades de partido, lo que exigiría, a su vez, que la amplia mayoría de tres quintos exigible para la elección -210 diputados en el Congreso- no fuera utilizada por nadie para imponer candidatos inapropiados o bloquear acuerdos.

El futuro Consejo debería parecerse muy poco al que concluyó su mandato el 7 de noviembre pasado, dominado por una mayoría de vocales con fuertes tics sectarios, a la que se unió sin rubor alguno su presidente, olvidándose de las funciones de intermediación propias de quienes están al frente de órganos institucionales colegiados, y más atento a cuestionar iniciativas del Gobierno e incluso del Parlamento que a los problemas del ciudadano con la justicia.