El comunicado

Los profetas de Batasuna pidieron a ETA que hiciera lo que sin duda ETA ya había decidido hacer, y consiguieron que les hiciera caso. El comunicado difundido ayer es un monumento a la incoherencia pero refleja con bastante precisión las contradicciones de ese mundo. La banda asume el atentado que costó la vida a dos personas, considera que ello no rompe el alto el fuego permanente y amenaza con más atentados si no se satisfacen sus exigencias. La respuesta la adelantó el ministro del Interior en declaraciones a The New York Times: ETA ha perdido toda credibilidad y ya no bastará que declare treguas indefinidas, permanentes o persistentes. Hasta Ibarretxe dijo ayer que en adelante sólo se podrá dialogar con ETA si hay una "voluntad inequívoca de acabar de una vez y para siempre con la violencia".

ETA reconoce que hizo estallar una bomba con cientos de kilos de explosivos en un lugar público, pero alega (como hizo tras la matanza de Hipercor) que la responsabilidad de los muertos no es suya sino de los encargados de desalojar el aparcamiento. Es un argumento que no convencería ni al más fanático patriota, pero le sirve a ETA para decir que, puesto que no quería matar, el alto el fuego no ha sido roto y la negociación puede empezar. Aceptar esa posibilidad sería admitir que puede haber negociaciones con atentados. Y para confirmarlo, el propio comunicado añade que si no se cumplen sus exigencias (incluyendo la de impunidad para los delitos que han seguido produciéndose) habrá más atentados.

Queda claro por tanto que el diálogo que propone ETA es uno en el que las bombas no sólo no están excluidas sino que forman parte de los argumentos de una de las partes: podrán recurrir a ellas cada vez que consideren que las negociaciones no avanzan en el sentido que desean. No puede haber, por tanto, otra respuesta que la adelantada por Rubalcaba, y asumida estos días incluso por sectores del nacionalismo vasco radical: que el proceso está roto sin posible sutura; y que lo que ahora corresponde es aplicar el principio recogido en el Pacto antiterrorista y reafirmado hace dos días por la vicepresidenta Fernández de la Vega: la firme voluntad de derrotar a ETA "utilizando para ello todos los medios del Estado de derecho". La detención ayer en Francia de dos miembros significados de ETA, un liberado que iba armado y el activista que huyó al ser descubierto el zulo de Amorebieta, avala esa voluntad compartida.

La banda también se reafirma en que el proceso iniciado en marzo no tiene como finalidad acabar con la violencia sino cambiar el marco político, y reprocha al Gobierno que haya establecido "como tope del proceso los límites de la Constitución española y de la legalidad". Tras los meses transcurridos desde el alto el fuego, y a la vista de la forma en que lo han roto, no puede considerarse que los objetivos políticos exigidos fueran mera retórica destinada a vender su derrota como conquista: realmente pensaban que el abandono de las armas les daría derecho a que los españoles se plegaran a reconocer su programa político. El momento es oportuno, por ello, para que todos los partidos democráticos se ratifiquen a su vez en el compromiso de que no aceptarán cambios del marco político a cambio del cese del terrorismo. El límite de cualquier negociación futura, si un día volviera a haber condiciones para iniciarla, sería la reinserción de sus miembros presos o clandestinos. La identificación con esos principios, sin duda compartidos por la mayoría de los españoles, debería ser el eje de la recuperación de la unidad democrática contra ETA.