Industria renuncia a poner plazo para sustituir los contadores

El Ministerio de Industria ha decidido no poner fecha a las compañías eléctricas para que cumplan con la obligación de sustituir más de 22 millones de contadores eléctricos. Industria incorporó esa obligación en el decreto sobre las tarifas eléctricas de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30. Pero, a diferencia de lo que indicaba en el borrador del decreto que envió a la Comisión Nacional de Energía (CNE), la nueva norma no establece un plazo para esa renovación.

En el borrador, el Ministerio de Industria reclamaba a la CNE que elaborara un plan para fijar los criterios de sustitución de los contadores eléctricos "con el objetivo de que, como mínimo, permita sustituir un 70% del parque existente en cinco años". Como informó ayer el diario Abc, en la redacción definitiva de la norma se ha eliminado esta última frase. Un portavoz de Industria argumentó que el enorme volumen de aparatos a reemplazar y la limitada oferta de las suministradoras hacen "difícilmente predecible" el tiempo para sustituir los contadores. Al final se optó por evitar marcar un objetivo temporal "por prudencia" aunque según el portavoz de Industria, "la firme voluntad del Gobierno es que el cambio se complete cuanto antes".

El Ministerio de Industria justifica la sustitución de los viejos contadores eléctricos en las nuevas normas de ahorro energético, que imponen aparatos de medición más precisos y que permitirán diferenciar cuánto se consume en cada hora o la gestión del servicio a distancia. La inmensa mayoría de los contadores pertenece a las compañías eléctricas, que los tienen alquilados a los usuarios. Por ese alquiler, reflejado en la factura y fijado en el decreto de tarifas, las empresas eléctricas ingresan unos 140 millones de euros al año.

Las compañías eléctricas son, por tanto, las que deben asumir el coste de la renovación de los contadores, una operación que en conjunto superaría los 2.000 millones de euros, según sus cálculos. Las empresas ya lograron que la Audiencia Nacional anulara una orden de 2002 que les obligaba a revisar los contadores de más de ocho años de antigüedad antes de mayo de 2004.