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Educación prioriza la distancia frente a la renta en la matrícula

Los sindicatos critican que la red pública acoja a los inmigrantes

Todos los sindicatos del sector de la enseñanza criticaron ayer el nuevo decreto de admisión de alumnos que entrará en vigor el próximo curso escolar al considerar que "no garantiza una distribución equitativa de los alumnos con necesidades específicas". Los sindicatos recordaron que la red pública acoge al 80% de los inmigrantes matriculados y temen que esta situación se consolide. Educación primará el próximo curso la cercanía de la vivienda familiar y disminuye el peso de la renta para la matrícula.

El decreto "no garantiza una distribución equitativa del alumnado"

La reunión de la Mesa sectorial para presentar el decreto que fijará los criterios de matriculación de los alumnos en todos los centros públicos y privados concertados el próximo curso comenzó con mal pie. Los sindicatos manifestaron su malestar al comprobar que ni el consejero, Alejandro Font de Mora, ni el director general, Josep Vicent Felip, acudieron a la cita. El director general de Personal, José Antonio Rovira, fue el encargado de presentarles el nuevo borrador que introduce novedades importantes en los criterios de baremación en la matriculación. El próximo curso escolar el peso de renta familiar sólo valdrá 0,5 puntos, un 75% menos que los dos puntos actuales. Educación primará, en cambio, la proximidad de la vivienda familiar o el lugar de trabajo de los padres respecto al centro escolar, lo que supondrá 5 puntos.

Aunque estos cambios han sido aceptados de buen grado por las centrales sindicales, ayer CC OO y el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament (STE-PV) coincidieron en denunciar que este decreto "no garantizará una distribución equitativa de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, como es el caso de los inmigrantes, de compensación educativa o con necesidades especiales". CC OO lamenta que el borrador "plantee la existencia de dos redes, es decir, una de centros concertados y otra de públicos" una situación que es un "error ya que permite la posible selección de alumnado en ciertos centros sostenidos con fondos públicos, e impide la escolarización equilibrada", según dijo Alfonso Rodríguez, de CC OO en Alicante. "Si se permite la creación de centros de élite, se permite la guetización de otros", agregó.

El STEPV considera que el borrador "no garantiza una distribución adecuada" del alumnado. Vicent Maurí propone para hacer efectiva una "equilibrada" escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas que durante los procesos de admisión se establezca una prioridad de acceso de este alumnado a un número predeterminado de plazas en cada centro, la proporción general de tres plazas por cada grupo de alumnos a todos los efectos, salvo que la consejería resuelva ampliar este número en función de las necesidades de escolarización.

El STEPV ha presentado una serie de enmiendas y de propuestas para mejorar el de decreto que buscan "garantizar una oferta suficiente de plazas" y también piden que se garantice la continuidad del alumnado que estudia en valenciano en todas las etapas del sistema educativo. Los sindicatos plantean la batalla por la igualdad en los centros educativos y exigen transparencia en el proceso de elección del centro. Más tibia fue la respuesta de Fete-UGT que se limitó en una nota a criticar este borrador del cual desconocen "su desarrollo legislativo completo (decreto, orden y resolución), ya que según sean estos últimos podría tener un cariz u otro, pues hay algunos objetivos que no se ven plasmados en medidas concretas".

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