¡Voto a los 16 años ya!

El autor reclama el derecho de sufragio para un millón de personas "de las que no puede afirmarse que carecen de aptitud" para votar.

Es una reforma que encajaría con el ideario con que Zapatero lideró su victoria electoral

Desde el derecho político, la ampliación del voto juvenil es una realidad insoslayable

Ante la celebración de elecciones de ámbito municipal, autonómico y estatal en los próximos meses, parece conveniente replantear una medida política que extendería el llamado sufragio universal aproximadamente a un millón más de ciudadanos: la ampliación en España del derecho al voto -actualmente establecido a partir de los 18 años de edad- a las personas de 16 y 17. Si es cierto que el PSOE, como proclama su programa electoral de 2004, apuesta por una democracia participativa, "con la participación de todos", procede, ya con carácter de urgencia, una reforma de la legislación electoral que abra el derecho al voto al menos a los ciudadanos de esa franja de edad, de los que no puede seriamente afirmarse que carecen de aptitud para emitir su voto.

La iniciativa no es nueva. Aparte de otras propuestas similares de políticos como Pasqual Maragall u organizaciones juveniles de izquierda, en el pasado siglo XX dediqué en EL PAÍS sendos artículos a esa cuestión (La ampliación del voto juvenil, publicado el 25 de febrero de 1998, y Voto juvenil 2, el 31 de diciembre de ese mismo año), mejor acogidos por UNICEF que por los partidos políticos. Sólo uno de ellos, el hoy fenecido Partido Democrático de la Nueva Izquierda, se comprometió en su primer y último congreso a luchar por "bajar el derecho al voto a los 16 años".

Lo más inquietante de la actitud de los políticos consultados entonces fue su preocupación prioritaria y casi exclusiva por qué opción electoral se beneficiaría en mayor medida de ese millón de nuevos votos. La poco democrática reacción evoca cómo históricamente desde la propia izquierda se objetó el sufragio femenino, con el argumento de que produciría votos conservadores. Con más seriedad, desde el derecho político la ampliación del voto juvenil se aprecia como una realidad democrática insoslayable, en plena sociedad de la información, que globaliza los mensajes y facilita, también a los adolescentes, el acceso a las nuevas tecnologías del conocimiento.

La vetusta Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país (...) por medio de representantes libremente elegidos", y en España la vigente Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor planteó ya en 1996 una "nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo". Sin embargo, una investigación sociológica realizada por la Fundación BBV reveló en 1998 que el Estado de bienestar ampara más a los viejos que a los jóvenes, a pesar del problema del paro juvenil y el retraso en la incorporación estable al mundo del trabajo.

No es, por lo tanto, extraño que el catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban, partiendo de que, según dice, es probable que un adolescente actual de 15 años "sepa más del mundo y sus circunstancias (...) que un joven de 20 años de hace cuatro décadas", planteara en 1999 la necesidad de ampliar el derecho al voto a los 16 años, como "uno de los dilemas que habrán de resolverse en el siglo XXI". Según explica De Esteban, al excluir de la participación electoral a los ciudadanos de 16 y 17 años, "se priva a los jóvenes pertenecientes a esa franja del derecho al voto, mientras que, por el contrario, se le reconoce, sin tope de edad, a los ancianos".

Ya en el siglo XXI, la propuesta realizada por el primer ministro británico Tony Blair de fijar la edad mínima para votar en los 16 años reabrió el debate, al menos en EL PAÍS. En el número del 4 de enero de 2004, mientras Pedro Núñez Morgades, entonces Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, se mostró contrario a que los ciudadanos de 16 y 17 años ejerzan el derecho al voto, porque "no debería ofrecer duda alguna la suficiente madurez del sujeto que lo ejerce", recordé, por mi parte, que "siguen votando venerables nonagenarios, no siempre espléndidos de salud mental". La conveniencia de un equilibrio demográfico es concluyente. Existe en España una bolsa de jubilados y pensionistas superior a los dos millones de personas que condicionan, con sus votos, la sociedad del bienestar y las ofertas electorales de los partidos.

En las elecciones del 14 de marzo de 2004, cerca de un millón de españoles de 16 y 17 años tuvo que quedarse en casa en unos comicios en que precisamente el voto joven fue decisivo para la victoria socialista. El programa electoral del PSOE lo profetizaba de alguna manera: "Los socialistas (...) queremos que los jóvenes sean protagonistas del cambio con su voto". No hay, sin embargo, una promesa electoral taxativa de establecer el derecho al voto desde los 16 o menos años, pero la medida conectaría con la voluntad socialista expresa de hacer "sentir la necesidad de la participación a todos los grupos de edad" y de aumentar "las vías de participación de la ciudadanía".

La ampliación del voto juvenil encajaría en la promesa electoral explícita de desarrollar el artículo 48 de la Constitución, según el cual "los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político". Sea como sea, una reforma legislativa que adelantara a los 16 años el derecho al voto resultaría congruente con el ideario que sirvió a José Luis Rodríguez Zapatero para liderar la victoria electoral de 2004, cuando adquirió "el compromiso ineludible de convertir el Estado en una entidad abierta a toda la ciudadanía".

Y para que surta efecto en el mayor número de comicios pendientes, esa reforma electoral habría que hacerla ¡ya!