La familia de Couso pide a la Audiencia la detención de tres militares americanos

El abogado Leopoldo Torres, en nombre de la viuda y los hijos de José Couso, el cámara de Tele 5 muerto en Bagdad, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que ordene la detención internacional de los tres militares americanos que dieron la orden o dispararon el tanque que causó la muerte del periodista español y del reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk el 8 de abril de 2003. El letrado intenta reactivar el caso después de que en diciembre el Supremo anulase el archivo del caso que había sido decidido por un tribunal de la Audiencia Nacional.

La Audiencia archivó el caso por entender que los disparos que mataron a los dos reporteros no constituían delito de asesinato, sino un "acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado".

El letrado Torres denuncia en su escrito "la reiterada y voluntaria falta de cooperación de las autoridades estadounidenses (...) en la investigación de los hechos denunciados al denegar de hecho" y reclama que se vuelva a recabar esa colaboración para que se notifique a los tres imputados el auto de admisión a trámite de la querella, de 7 de noviembre de 2005. También insta a que, a través del Ministerio de Justicia, se solicite al fiscal general de los Estados Unidos que facilite la declaración de los tres imputados.

El abogado considera que dada la gravedad de los delitos que se les imputan y de la pena que pudiera corresponderles, "habida cuenta de la arrogante y pertinaz falta de cooperación de las autoridades norteamericanas a los requerimientos de la Administración de Justicia española, procede acordar la prisión provisional incomunicada y sin fianza de los imputados (...) a efectos de su detención y extradición a nuestro país, como único medio adecuado para la más eficaz tramitación del proceso". Por ello reclama que se dicte orden de detención internacional contra ellos y además que se solicite a EE UU su extradición.

La familia de Couso exige además que se imponga a los tres militares una fianza de 1.012.000 euros. Como los imputados intervinieron en los hechos en su condición de miembros del Ejército de EE UU participante en la invasión de Irak, el abogado pide que se requiera idéntica fianza a la Administración Federal de los Estados Unidos.

José Couso falleció el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina, de Bagdad, por los disparos efectuados por un tanque Abrams Ml. Como los hechos no fueron perseguidos en Irak ni en EE UU, la familia presentó una querella en la Audiencia Nacional.

El juez instructor, Santiago Pedraz, consideró que los hechos constituían un delito y solicitó la colaboración de las autoridades americanas para tomar declaración al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Camp.

Pero el Departamento de Justicia de EE UU rechazó ejecutar el auxilio judicial solicitado por considerar que el Comando Central de Estados Unidos ya investigó los hechos y concluyó que fue una respuesta justificada y proporcionada acorde con las reglas de la guerra.

Hasta cuatro jueces remitieron comisiones rogatorias a Estados Unidos para tratar al menos de interrogar a los tres militares americanos, sin que hubiera respuesta. Por ello, en octubre de 2005, el juez Pedraz acordó la busca y captura y detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses.

Pero en marzo de 2006, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió archivar el caso. La familia de Couso recurrió la decisión y el pasado 11 de diciembre el Supremo sentenció que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz era competente para perseguir los hechos, lo que ha motivado la petición de captura de los autores de los hechos y la reactivación del caso.