Candidatos

El tan denostado sistema político norteamericano tiene bien regulado la diferencia entre las esferas privadas y públicas en el campo político. No es lo mismo el papel de un dirigente como candidato de un partido que como administrador público. Los presidentes de los EE UU tienen prohibido incluso el uso del teléfono de la Casa Blanca cuando actúan para recaudar fondos con destino a su campaña electoral. Es seguro que en el futuro la democracia española regule con mayor precisión y detalle esta diferencia en la actuación de un cargo público.

Por ahora las razones que se esgrimen entran en el terreno de la ética, porque la ley sólo regula diferentes circunstancias desde el momento de la publicación oficial de una candidatura. Es normal que el PP de Andalucía presione a los 26 cargos socialistas que se presentan a las municipales para que abandonen su puesto, dado que les reporta una natural ventaja. Pero al fin y al cabo es lo que hicieron ministros del PP como Matas y Piqué o presidentes de comunidades como Ruiz Gallardón. Es entendible que se pretenda que el adversario no juegue con ventaja, aunque no parece lógico luego aplicar otra vara de medir a los propios. Y es comprensible, aunque rechazable, que haya gente que pretenda hacer un salto con red. O lo que es lo mismo, competir en unas elecciones desde la ventaja que da ocupar un puesto de responsabilidad en la administración.

Luego está el prosaico asunto de los sueldos, del medio de vida para el candidato en cuestión, como bien sabe Zoido, que se ocupa de vender su buena nueva por los barrios de Sevilla con el salario que le paga la RTVA por un trabajo que no hace. O como supo en su día Torres Hurtado. Es decir, una norma nueva tendría que elaborarse pensando en todos. Aunque el PP tenga razón en este caso, no parece el partido más apropiado para levantar la voz. El PP es muy dado a dar batallas en asuntos que ellos mismos no cumplen, como pedir que se despolitice RTVE o la RTVA pero que las televisión de las instituciones que ellos gobiernan sean un aparato de propaganda.

En Andalucía hay 28 televisiones locales de ayuntamientos del PP agrupadas en una asociación llamada AIRTE que se dedica a la propaganda popular y al acoso a los gobiernos de Andalucía y de España. En la ciudad de Cádiz, el canal municipal se ha convertido en un aparato de agitación y propaganda al servicio del gobierno local del PP. En su consejo de administración sólo está presente este partido. ¿Se podría imaginar alguien que algo así ocurriese con Canal Sur, por decir un ejemplo cercano? Pero no contentos con la puesta en marcha de esta televisión al servicio de los concejales del gobierno municipal del PP, el Ayuntamiento tiene sembrada la ciudad de vallas publicitarias en las que se atribuye toda suerte de méritos y proyectos. A la par, los medios de comunicación privados están repletos de cuñas, spots y anuncios que de manera intensiva glosan los supuestos logros del PP en el Ayuntamiento y censuran a todo el que osa llevar la contraria al equipo de gobierno. Se calcula el coste en propaganda municipal en Cádiz en una cifra cercana a los mil millones de pesetas, y otro tanto destinado a la televisión municipal, Onda Cádiz, y a los programas que en él se producen con destino a las televisiones del PP asociadas en toda Andalucía. Es tal la vorágine propagandística del Ayuntamiento de Cádiz que ha iniciado una guerra con el Cádiz CF al rechazar la instalación de un videomarcador financiado por la Junta de Andalucía en el estadio Carranza, de propiedad municipal, con el soterrado argumento de que llevaba puesto el logotipo de la entidad que lo financiaba. Para ello no ha dudado en utilizar burdos argumentos técnicos.

El uso de dinero público con fines partidistas, de manera más o menos disimulada, debería estar especialmente vetado por la ley para todos. Para que los cargos públicos que se presentan candidatos abandonen sus puestos y para que los que manejan recursos públicos los usen con fines de interés general.