La Xunta limita a 15 años las nuevas concesiones del transporte por carretera

A la Xunta se le agota el plazo para reordenar el proceloso sector del transporte público por carretera. Desde este año y hasta 2019, las 154 concesiones administrativas en vigor irán venciendo paulatinamente, lo que obliga a Política Territorial a agilizar una nueva ley que ponga orden en un sistema caracterizado por su limitado control administrativo. El borrador del anteproyecto legislativo opta por unificar en 2014 el cese de todas las empresas con licencia. A partir de ese año entrará en vigor un modelo en el que las concesiones se limitarán a un máximo de 15 años.

El sistema del transporte público gallego está organizado en 154 concesiones administrativas de titularidad de la Xunta, cuyos autocares recorren más de 53 millones de kilómetros al año, a las que hay que añadir los servicios de transporte urbano, los de uso especial y los interautonómicos de titularidad estatal, marginales en lo que afecta a tráficos interiores. Se trata de un modelo obsoleto que echa sus raíces en el sistema de concesiones creado en España a partir de los años veinte del pasado siglo, "cuya adaptación a la constante evolución de los asentamientos de población y de los sistemas de producción resultó siempre compleja", según reconoce el borrador del proyecto.

- A partir de 2014. La Consellería de Política Territorial ha establecido el 31 de diciembre de 2014 como fecha de vencimiento unificado de las concesiones, para posibilitar el tránsito ordenado del actual sistema a la nueva red de transporte público interurbano de Galicia. La fecha permitirá a algunas empresas gozar de una ampliación del período de concesión, mientras que supondrá el adelanto del vencimiento de otras. En este último caso, la consellería podrá rescatar la licencia o mantener dos permisos simultáneos de forma transitoria.

- Programas de calidad. Los primeros efectos visibles de la nueva ley tendrán que ver con la obligación de desarrollar programas de calidad, que afectará a todas aquellas empresas que quieran beneficiarse de la ampliación de su plazo de concesión hasta el 2014. A partir de esa fecha, serán obligatorios para todas las concesionarias. Dichos planes pasan por reducir la antigüedad de la flota de autobuses, mejoras sociales, de accesibilidad, la renuncia a un porcentaje del beneficio industrial del incremento de tarifa y la fijación de políticas de precios favorables para los usuarios. El programa contará con un estudio económico financiero del servicio.

- Plan de servicios. Política Territorial se obliga mediante la ley a elaborar un plan del sistema de servicios de transporte público interurbano, que será el instrumento de planificación integral de la red en Galicia. El documento tendrá la misma vigencia que los períodos de concesión, y definirá los servicios, sus características, integración y conexión. El plan, entre otros aspectos, establecerá la coordinación entre las distintas tipologías de servicios (lineales, zonales, a la demanda...), y la conexión e integración en una red integral, con un sistema de pago único y la determinación de las paradas.

- Zonas rurales. Una de las novedades de la ley consiste en los servicios a demanda: aquellos en que la prestación del servicio se haga depender de un previo requerimiento por sus demandantes, tanto de horario como de itinerario. Pensada para zonas rurales poco habitadas, esta modalidad de explotación podrá efectuarse de forma unitaria o mediante su integración con un servicio de transporte público regular de uso general. La consellería establecerá además condiciones para que, en zonas poco pobladas, los servicios de transporte escolar puedan ser utilizados para el uso general, con el objetivo de optimizar la eficacia del sistema.

- Tarifas. Los servicios que se exploten por concesión administrativa, y por tanto por concurso público, serán abonados al concesionario mediante la imposición de tarifas y, excepcionalmente, por abonos de la Administración por la imposición de obligaciones del servicio. Las tarifas deberán cubrir la totalidad de los costes en condiciones normales de productividad. Los pliegos de cláusulas determinarán el cálculo de las tarifas, en cuyas revisiones se ponderarán criterios como la calidad percibida por los usuarios, puntualidad, eficacia general del servicio y grado de cumplimiento de objetivos.

- Consorcios. El proyecto propone modalidades singulares de cooperación entre las administraciones para gestionar el transporte, con especial relevancia para los consorcios con los ayuntamientos, cuya constitución y gestión pretende promocionar. Los consorcios podrán asumir el ejercicio de las competencias de ordenación, coordinación, gestión, control y disciplina de los servicios, infraestructuras e instalaciones.