Cada edil ve su ciudad como ejemplo urbanístico

Alfredo Sánchez Monteseirín, Teófila Martínez y Rosa Aguilar analizaron también en EL PAIS la actualidad urbanística de Andalucía, en plena polémica sobre los desmanes urbanísticos y los límites de crecimiento poblacional y de suelo establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Pregunta. ¿Qué urbanismo se practica en Andalucía?

A. S. M. El urbanismo que se practica en Sevilla está blindado frente a la especulación y ha sido capaz de quedarse completamente al margen de episodios que se han producido lamentablemente en la comunidad autónoma. El modelo urbanístico de Sevilla se pone de ejemplo en Andalucía.

R. A. No hay un único urbanismo en Andalucía. En Córdoba se ejecuta un urbanismo legal, limpio, decente y coherente con un modelo de ciudad donde el desarrollo sostenible y la calidad de vida son las señas de identidad. Hay zonas de Andalucía donde se ha practicado un urbanismo escandaloso, con una voracidad tremenda que ha deteriorado zonas de gran valor.

Las alcaldesas de Cádiz y Córdoba opinan que la Junta no ha hecho sus deberes para controlar los desmanes urbanísticos en el pasado

Monteseirín cree que el POTA será positivo para el área metropolitana de Sevilla frente al rechazo que suscita el plan en Aguilar y Martínez

T. M. Si hay una ciudad en Andalucía donde no se puede practicar el urbanismo descontrolado de otras muchas zonas de Andalucía, aunque algunos quisieran, es en Cádiz por su falta de suelo. Practicamos un urbanismo integrador para proteger nuestro patrimonio histórico, romper barreras dentro de la ciudad, reutilizar espacios para dotar de equipamientos y espacios públicos a la ciudad. Pero el urbanismo en Andalucía ha sido descontrolado, porque no ha estado tutelado por la Junta. Los desmanes urbanísticos se ven y las construcciones ilegales no salen de un día para otro. La máxima responsabilidad son los planes generales de ordenación urbana.

P. ¿Comparten los límites de crecimientos que establece el POTA?

A. S. M. El POTA no le vendrá mal al círculo metropolitano de Sevilla, pero no a nosotros porque nuestro listón de exigencias en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla es mucho más duro que el POTA.

R. A. No sólo resuelve problemas sino que los crea. Hay incoherencias entre el POTA y el Plan de Infraestructuras. Nosotros vamos a llegar hasta el final con el POTA porque no vamos a permitir que nos consideren de segunda categoría.

T. M. Es un documento obsoleto. Se empezó a elaborar hace tanto tiempo que ya ha pasado su momento. Los documentos de ordenación urbana tienen que actualizarse constantemente..

R. A. Sólo nos provoca problemas ahora. Se han quejado los ayuntamientos y empresarios.

P. ¿Qué responsabilidad tiene la Junta en los desmanes urbanísticos de Andalucía?

A. S. M. La Junta ha cumplido su función y su trabajo de supervisión y, muchas veces, de pleitear. Con todo, insisto que no es una cuestión de normas ni de planes generales, porque la autonomía municipal debe respetarse.No creo que la Junta deba entrometerse en las competencias urbanísticas municipales, porque simplemente establece más controles para los que hacemos bien las cosas y a los que se salen de ley siguen teniendo las mismas posibilidades de estar al margen de la ley.

R. A. Nos guste más o menos, la Junta es la que tiene las competencias, tan importantes, de comprobar los planes de ordenación urbana. No es que haya habido una intromisión en la autonomía municipal. Todo hace indicar que hubo algún tiempo en el que no hizo sus deberes como debía haberlo hecho.

A. S. M.No estoy de acuerdo en nada con eso. El control del urbanismo nos corresponde a los ayuntamientos.

R. A. Cuando aparecen 80.000 viviendas ilegales en un municipios, seguro que la Junta podría haber hecho algo.

T. M. En la ordenación del territorio y en el urbanismo, la Junta tiene competencias exclusivas desde hace 22 años. Ha habido una dejación clara porque los andaluces no hemos tenido una ley del suelo y de ordenación del territorio hasta hace tres años. La aplicación de los PGOU ha sido dispar porque algunos lo han cumplido y otros han hecho convenios urbanísticos de dudosa legalidad. Ha sido una auténtica barbaridad que se ha permitido y que ha creado desigualdades.