Familiares de cargos del PP edifican en Fisterra obras denunciadas por la Xunta

El triángulo que conforman los municipios de Muxía, Cee y Fisterra, todos gobernados por el PP, viven desde la catástrofe del 'Prestige' un bum urbanístico tan espectacular como desordenado. Las dos promotoras más afectadas por el requerimiento de la Xunta al Ayuntamiento de Fisterra para que se paralice la construcción de 13 edificios, con 342 viviendas, en primera línea de playa, son empresas de uno de los grandes constructores de la Costa da Morte, Ramón Campos Trillo, y de familiares de los alcaldes populares de Cee y Muxía.

Poalsa Inmobiliaria, constituida en 2004, y Campoalsa, una fusión de la primera con la constructora de Campos Trillo, promueve más de un tercio de los bloques de pisos en los que los servicios de inspección de la Consellería de Política Territorial de la Xunta detectaron numerosas ilegalidades e infracciones. Ambas empresas son participadas por el citado constructor, sobrinos del alcalde de Muxía, Alberto Blanco, y el hijo del regidor de Cee, Antonio Domínguez.

Campoalsa fue constituida en abril de 2005 y apenas mes y medio después ya obtuvo del gobierno municipal de Fisterra, del Partido Popular, su primera licencia para construir en la Recta da Anchoa, donde se sitúan las edificaciones impugnadas por Política Territorial. En julio y septiembre de ese año obtuvo otros dos permisos para edificar en esta zona de primera línea de playa. Poalsa Inmobiliaria, en la que también están asociados los familiares de los alcaldes de Cee y Muxía -su administrador, Miguel Pose es sobrino de este último regidor- también consiguió en mayo de 2005 licencia municipal para construir en la Recta da Anchoa un inmueble que la Xunta considera ilegal por infringir la normativa urbanística.

La Dirección Xeral de Urbanismo del Ejecutivo gallego requirió al gobierno local de Fisterra la revisión de estas y otras licencias municipales -en total 16 edificios, con 391 viviendas- por considerarlas nulas de pleno derecho. Entre otras anomalías, la Xunta detectó en la mayor parte de los casos incumplimiento de las normas urbanísticas así como de las condiciones marcadas por la comisión de gobierno de Fisterra para obtener esas licencias de obra, al superar muchos de estos nuevos inmuebles el máximo de edificabilidad previsto o tener una altura mayor de la permitida.

El alcalde de Fisterra, el popular José Manuel Traba, explicó ayer a este diario que ya encargó un informe a los servicios jurídicos de la Diputación provincial de A Coruña para dar respuesta al requerimiento de Urbanismo y para comprobar además si los promotores de estas edificaciones, muchas de ellas muy avanzadas e incluso alguna ya acabada, se ajustaron al proyecto que presentaron al Ayuntamiento para obtener licencia de obra.

Traba asegura que, de comprobarse alguna edificabilidad mayor de la permitida, tal y como concluyen en sus informes los inspectores de Urbanismo de la Xunta, no le "temblará el pulso" para ordenar la paralización de las obras. No obstante, el alcalde se mostró confiado en no tener que llegar a ese extremo.

Traba aseguró que, en su opinión y a falta del informe de comprobación de los técnicos, "en el 95% de los casos" recurridos por Urbanismo, los edificios en construcción sí se ajustan a las condiciones de edificabilidad, en altura y volumen, marcadas en las licencias de obra que su equipo de gobierno concedió a estas promotoras. El alcalde incluso tiene una explicación para justificar los informes de los servicios de inspección de la Xunta en los que se determinan que las 13 edificaciones de la Recta da Anchoa superan el máximo de edificabilidad permitido: Traba cree que el problema radica en que se hicieron las mediciones con las obras ya en marcha, pero que los inmuebles, una vez acondicionadas las aceras y vías en los que asientan, "no superarán la altura permitida".

En cuanto al incumplimiento de la normativa urbanística que la Consellería de Política Territorial también esgrime en la larga lista de anomalías que han llevado a los técnicos a considerar nulas de pleno derecho las licencias municipales para la construcción de casi 400 viviendas en Fisterra, el alcalde también habla de "un problema de interpretación" de la ley.

Frente al criterio de la Xunta, que considera que los terrenos afectados en la Recta da Anchoa no son suelo urbano consolidado, José Manuel Traba defiende que sí lo son y que, por lo tanto, la ley permite no acometer un reparto de las cargas y los beneficios entre los propietarios de las fincas antes de proceder a su urbanización.

Otra de las promotoras afectadas por el requerimiento de Urbanismo para que se paralicen casi 400 viviendas en Fisterra es la madrileña Grupo Lábaro, que construye dos edificios con 52 pisos en la misma zona de la Recta da Anchoa. Esta promotora ya ha visto como se iba al tacho su proyecto de urbanizar la ensenada de Caneliñas , en Cee, donde pretendía construir chalés e instalaciones naúticas. La Xunta echó abajo el proyecto defendido por el alcalde.