El Gobierno catalán levanta la intervención de la mutua de previsión social L'Aliança
Economía garantiza la viabilidad del grupo tras corregir las irregularidades detectadas en 2002
El Gobierno catalán anunció ayer el levantamiento de las medidas de control sobre L'Aliança, cuatro años después de ser intervenida. El consejero de Economía, Antoni Castells, aseguró que el Ejecutivo autónomo garantiza "la viabilidad económica" de la mayor mutualidad de previsión social de Cataluña, con 130.000 mutualistas, tras haber corregido los problemas que motivaron la intervención y el nombramiento de un administador único que tomó las riendas de la gestión. El grupo se ha asegurado un contrato con la Administración catalana que garantiza en torno al 40% de sus ingresos hasta 2009.
En marzo de 2002 el Ejecutivo catalán -de CiU- intervino la Quinta de Salut L'Aliança y sus sociedades dependientes a resultas de las pérdidas acumuladas entre 1996 y 2002, y de varias irregularidades: entre otras, la doble facturación generalizada, originada por atender a pacientes como socios y no a instancias de la Administración catalana. Al estallar la crisis se habló también de los elevados sueldos y dietas de los directivos y se desató un cruce de demandas judiciales que se ha cerrado "sin sanciones relevantes", explicó Miquel Salazar, secretario de Política Financiera.
La intervención supuso la sustitución de la junta directiva de la entidad y el nombramiento de un administrador único, Eduard Spagnolo, "ante la existencia de un margen de solvencia negativo y de deficiencias contables que impedían conocer la situación patrimonial de la entidad", dijo Castells. Una vez corregidos estos problemas, Economía "devuelve la gestión de la entidad a sus mutualistas", y en breve la asamblea de L'Aliança nombrará nueva junta directiva. Eso sí: Economía se reserva "temporalmente" la facultad de autorizar toda operación de constitución o participación en otras entidades que quiera emprender la mutua.
Como consecuencia de la doble facturación, se detectó un agujero de 30 millones de deuda con Cat Salut. Para pagar esta cuantía, L'Aliança pactó ceder a la Generalitat el hospital de Vic y un consultorio en Tremp, que ha permitido enjugar buena parte de la deuda. El resto se saldará en tres pagos, hasta 2009.
Convenio con Salud
L'Aliança presentó ayer, además, una cuenta de resultados en la que destacan un resultado neto de 19,1 millones de euros -frente a unas pérdidas de 10,7 millones el año de la intervención- y unos ingresos de explotación de 170 millones. Prácticamente el 40% de los ingresos procede de un convenio con Salud para atender a la demanda que no se cubre con los centros públicos y reducir las listas de esperas. El convenio expira en 2009, pero se ha suscrito "con voluntad de continuidad", explicó la consejera del ramo, Marina Geli.
Por el camino, además de vender activos para hacer frente a la deuda con Salud, L'Aliança ha analizado todos sus centros y ha acometido un plan de inversiones de 27 millones "para ponerlos tecnológicamente al día", explicó Spagnolo. La mutua ha separado, por otra parte, la actividad aseguradora de la asistencial. Con todo, tiene ahora 5.000 mutualistas menos que antes de la intervención, pese a que esta cifra "se encuentra en fase de recuperación", concluyó Castells.
Cuatro años y tres gobiernos
- Marzo de 2002. Economía, con Francesc Homs (CiU) al mando, interviene la mutua por las pérdidas registradas desde 1996. Aunque el historial de intervenciones se remonta a una anterior, entre 1997 y 1999. Sobre la doble facturación detectada en febrero de 2002, el ex directivo Xavier Caufapé declaró entonces: "No es verdad y lo reiteraré si hace falta ante un juez". Los administradores de L'Aliança, encabezados por el direcor general, Ramón Carranza, y su presidenta, Susanna Martín, llevaron a la Generalitat a los tribunales por intentar controlar la mutualidad.
- Marzo de 2002. El Ejecutivo catalán de CiU toma el control efectivo de la gestión y coloca al frente a Miquel Argenté y Enric Mangas, de Sanidad y Economía, respectivamente.
- Abril de 2002. Homs admite que el Gobierno catalán desembolsó 240 millones de euros en cinco años sin conocer las auténticas cuentas de la mutua. Además, la intervención descubre contratos blindados de los directivos por valor de 2,4 millones de euros.
- Junio de 2002. Se advierte que L'Aliança contrató a la consultora Europraxis, ligada a un hijo de Jordi Pujol, mientras estaba tutelada por la Generalitat, en el periodo 2000-2001.
- Octubre de 2002. Los gestores dan a conocer el plan de viabilidad, que incluía aplazamientos en los pagos de la deuda y un incremento de las cuotas de los mutualistas. Un juez declara procedentes los despidos de los antiguos directivos.
- 2004. En pleno proceso de reestructuración, la mutua alcanza sus primeros resultados positivos, ya con el tripartito.
- 2005. La mutua negocia un convenio con Sanidad para garantizar el 40% de sus ingresos. El contrato se firma en marzo de 2006.
- Diciembre de 2006. Economía, con Antoni Castells al frente, levanta la intervención.
Sin sanciones relevantes
La escandalera que provocó hace cuatro años la intervención de L'Aliança por los problemas de solvencia de la entidad y la contabilidad creativa -la doble facturación que suponía cobrar a la Generalitat por los servicios que la mutua prestaba a sus asociados- se ha cerrado "sin sanciones relevantes" para los administradores, encabezados por el ex director general Ramon Carranza, admitió ayer Economía. Desde entonces, "se han dictado sentencias firmes de diversos tribunales en los que se han desestimado las reclamaciones de antiguos administradores, que dejaron la mutualidad sin indemnizaciones".
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