"Queremos que regrese la transparencia al Ayuntamiento"

La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Vitoria para analizar las supuestas irregularidades en dos operaciones urbanísticas se constituyó ayer con el peneuvista Unai Grajales (Vitoria, 1978) como presidente y su compañera de partido Arantza Zenarruzabeitia en la vicepresidencia. "El objetivo de esta comisión se centra en que el Ayuntamiento de Vitoria vuelva a convertirse en una urna de cristal de la que no sospechen los ciudadanos", afirmó Grajales en un acto que contó con el respaldo de todos los grupos de la oposición y el rechazo del PP. El edil peneuvista pidió al PP que se integre en el grupo de trabajo, que investigará el aumento de 54.000 euros en el precio final de cada uno de los 24 chalés bioclimáticos de iniciativa municipal construidos en el barrio de Ibaiondo, así como las supuestas irregularidades en una urbanización de viviendas unifamiliares en otra parcela en el pueblo de Ali.

"Esto no va a ser un juicio sumarísimo. Estamos ante un acto que se encuentra dentro de la práctica democrática de las instituciones"

"Nuestra actividad no va a estar marcada por la convocatoria electoral. Me he comprometido a ir lo más rápidamente posible"

Pregunta. Pidieron una comisión y la han constituido en plenas vacaciones de Navidad.

Respuesta. Nuestra intención es que todo el proceso esté marcado por la máxima celeridad posible, por dos razones: devolver el buen nombre a la ciudad cuanto antes y para que estos casos no interfieran en el proceso electoral de mayo de 2007.

P. ¿Cuáles han sido los primeros pasos que ha dado como presidente de la comisión?

R. He planteado a los grupos que entre hoy [por ayer] y el viernes 5 de enero me remitan todos las propuestas de personas que tengan que declarar ante la comisión y toda la documentación que sea necesaria para su estudio. Por supuesto, los expedientes de las urbanizaciones de Ibaiondo y Ali. De este modo, se podría convocar la primera reunión para la segunda semana de enero, después de Reyes, con un plan de trabajo ya definido.

P. ¿Quiénes estima usted que serán los principales comparecientes?

R. En principio, los funcionarios municipales que han tenido que ver con esos expedientes, sin olvidar los responsables políticos del área de Urbanismo, el concejal [popular] Jorge Ibarrondo, y el director del área, Antón Sáenz de Santamaría, y, por supuesto, las partes afectadas: los propietarios de las viviendas y las empresas constructoras.

P. ¿Cuál es el objetivo de la comisión?

R. Son dos. Por un lado, devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Esto no va a ser un juicio sumarísimo. Estamos ante un acto que se encuentra dentro de la práctica democrática de las instituciones y, por tanto, es algo normal y positivo porque busca aclarar la verdad de un suceso en la vida administrativa de la ciudad. Y, en segundo lugar, esta comisión debe servir para que el Ayuntamiento vuelva a ser esa urna de cristal que debe ser. Queremos que regrese la transparencia.

P. ¿A qué se refiere?

R. Se ha puesto en duda, por una parte, el comportamiento de concejales, del equipo de gobierno y de la oposición, pero también de funcionarios del Departamento de Urbanismo. Estamos convencidos de que todos los trabajadores municipales hacen una gran labor y se trata de dejar las cosas claras. Por eso, no entendemos por qué el PP no ha apoyado esta comisión de investigación.

P. ¿Qué les pide a los concejales del equipo de gobierno?

R. Que trabajen hombro con hombro en nuestras investigaciones, que los resultados que se obtengan redundarán en beneficio de todos los ciudadanos de Vitoria.

P. La comisión nace cinco meses antes de las elecciones municipales, lo que puede enviciar tanto su desarrollo como sus conclusiones.

R. Públicamente, ya he asumido el compromiso de que no vamos a trabajar con la espada de Damocles del tiempo. Nuestra actividad no va a estar marcada por la convocatoria electoral. Me he comprometido a ir lo más rápidamente posible. Queremos tener las conclusiones cuanto antes para evitar interferencias electoralistas.

P. ¿Cuánto tiempo estima que duraran sus deliberaciones?

R. Si todo marcha bien, no más de dos meses.

P. Algunas fuerzas políticas han planteado que estas irregularidades son la punta del iceberg. ¿Qué ocurriría si surgieran novedades de este tipo en el ámbito urbanístico?

R. Si así ocurriera, cualquier nueva irregularidad urbanística se estudiaría dentro de la comisión creada. En mi opinión, tienen perfecta cabida, aunque ello supusiera una complicación en nuestros trabajos.