Urbanismo pide a Foz los documentos de adjudicación de 1.373 licencias

La Dirección General de Urbanismo del Gobierno gallego envió ayer un oficio al Ayuntamiento de Foz en el que solicita una copia del acta de la sesión en la que el alcalde, José María García Rivera, del PSdeG, otorgó permisos para construir 1.373 viviendas sin el preceptivo informe jurídico. Fuentes de la consellería explican que "la decisión de la Junta de Gobierno de conceder permisos sin el dictamen de la secretaria municipal, supondría [de confirmarlo la Dirección General de Urbanismo] que tales actos administrativos serían anulables". Los técnicos de la Xunta recuerdan que la ley exige que los expedientes de solicitud de las licencias deben ir acompañados de informes técnicos y jurídicos. De lo contrario, estaría incurriendo en un error de procedimiento que la Junta de Gobierno debería subsanar.

El propio alcalde de Foz reconoció ayer que las 1.373 licencias se aprobaron con el visto bueno del arquitecto municipal, pero sin el dictamen de la secretaria. García Rivera argumenta que "la falta de tiempo de la funcionaria para revisar todas las solicitudes" le llevó a "prescindir de los informes, algo que la jurisprudencia admite en caso de fuerza mayor". Además, reitera el alcalde: "La Junta de Gobierno y yo nos hacemos responsables de las irregularidades que se pudieran detectar en los proyectos". El regidor defiende que su actuación pretendió evitar un escándalo urbanístico en el pueblo: "quise resolver las peticiones de las constructoras que estaban pendientes para suspender las normas subsidiarias cinco días después, si no, llegaría otro aluvión de solicitudes".

García Rivera no se arrepiente de haber autorizado en cuatro meses la construcción de casi 4.000 viviendas en Foz, porque "de momento el pueblo sólo ha aprovechado el 48% del suelo urbano, y porque además la promoción inmobiliaria genera riqueza y puestos de trabajo en el municipio".

Pacto sobre urbanismo

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, volvió ayer a proponer al PP un pacto en materia urbanística y de ordenación del territorio alejado de "acusaciones de corrupción". Su intención, aseguró en el Parlamento, no es "criminalizar a los ayuntamientos", sino trabajar con ellos a través de la Axencia de Calidade Urbanística. Touriño anunció que la ley de medidas urgentes para proteger el litoral, llamada "a marcar un antes y después" en materia urbanística, estará a debate en el Parlamento el próximo mes de febrero e hizo notar su voluntad de impulsarla sin tener en cuenta que en pocos meses se celebran elecciones municipales.

Los diputados del Partido Popular aprovecharon la intervención de Pérez Touriño para hacer audible durante varios minutos un murmullo en el que repetían la palabra "Foz", en referencia al municipio cuyo alcalde socialista ha autorizado la construcción de miles de viviendas.