Una nueva ley de obra pública intentará evitar otra crisis como la del socavón del Carmel

En cumplimiento del mandato del Parlament posterior a la crisis del Carmel, el Gobierno catalán aprobó ayer el anteproyecto de ley de obra pública de Cataluña, cuyo objetivo es mejorar el control y la supervisión de la obra civil. La ley que ahora entra en el Parlament debería servir para prevenir episodios como el acontecido con los hundimientos del túnel en obras de la línea 5 del metro a su paso por el barrio del Carmel. Por eso pondrá límites a la subcontratación en obra pública y pondrá las bases para crear el consejo asesor de túneles.

A la espera de las modificacioens que puedan introducirse durante la tramitación parlamentaria de la ley, el texto prevé una mayor supervisión de los trabajos para reforzar la seguridad y el control de todos los procesos y también de los materiales. Estos cambios sólo serán de aplicación en las obras públicas que sean competencia de la Generalitat.

El proyecto de ley -uno de los tres aprobados ayer por el Consell de Govern- es en realidad el clon de la ley que ya aprobó el anterior Gobierno el pasado mes de julio. Al haberse convocado elecciones anticipadas y haberse disuelto el Parlamento, ha tenido que empezar de nuevo la tramitación del texto. Con todo, el Gobierno espera que la ley quede aprobada antes del verano.

La crisis del Carmel destapó importantes carencias en las catas geológicas, en el material y en el método empleado, además de contradicciones entre las empresas participantes. Por ello, el proyecto de ley establece unos principios generales en la planificación, la programación, la proyección, la contratación, la dirección, la ejecución y el control de la obra pública.

Las obras públicas de la Generalitat deberán tener en cuenta la idoneidad de los trabajos con fines públicos, adecuar las opciones a las características del terreno y contar con la participación de las personas afectadas, además de potenciar la información sobre la ejecución de las obras y su desarrollo.

En este sentido, define las responsabilidades de promotor, gestor, proyector, director y ejecutor de la obra, así como las de los coordinadores de seguridad y salud, delegados de obra, oficinas de supervisión de proyectos y laboratorios de control de calidad.

Las obras subterráneas tendrán unos requisitos específicos, de manera que la supervisión deberá analizar de forma expresa los estudios geológicos y geotécnicos, y controlar durante toda la redacción del estudio o proyecto los túneles urbanos y otras obras que presenten alguna complejidad técnica. En este sentido, la normativa propone crear un consejo asesor de túneles para aconsejar en la proyección y ejecución de estas obras.

A la espera de una lectura más detallada, Convergència i Unió considera que la ley tiene fallos de fondo y de forma. Fuentes de la federación nacionalista aseguraron ayer que las cautelas que introduce la nueva ley, sobre todo en materia de seguridad, pueden llegar al extremo de "entorpecer la obra pública en Cataluña", y pusieron en duda la efectividad de las medidas propuestas.