Recorriendo el camino más difícil

El proceso del fin dialogado de la violencia, tras el alto el fuego de ETA del 22 de marzo de 2006, cruza el año con vida, pero con muchos obstáculos. La necesidad histórica de poner punto final a casi 40 años de terrorismo, respaldada abrumadoramente por las sociedades vasca y española, y la voluntad política de lograrlo por sus protagonistas -el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, en la izquierda abertzale- son los principales activos del proceso.

Otegi estuvo en el proceso desde su germen, cuando en 2002 decidió iniciar conversaciones con el presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Jesús Eguiguren, para buscar una salida a la situación crítica por la que entonces pasaba el País Vasco, en plena campaña de atentados terroristas de ETA. Aquellas conversaciones, en las que ambos analizaron los errores cometidos en los anteriores procesos de paz -el de Argel, de 1989, y el de Lizarra, de 1998-, sirvieron para poner las bases del actual proceso.

Un sector batasuno que antes asumía la violencia, hoy no aceptaría el retorno a los atentados

El dato más palpable es que, por primera vez en su historia, ETA lleva tres años y medio sin matar

Otegi y Eguiguren acordaron un procedimiento, separar dos ámbitos de negociación para resolver la situación de crisis en Euskadi: el técnico, referente a las conversaciones entre el Gobierno y ETA para superar el reto de la violencia y el de los presos etarras, y el político, competencia exclusiva de los partidos vascos, que, sin ningún tipo de discriminación, decidirán el futuro de Euskadi.

Estos acuerdos son asumidos en las conversaciones que, en el verano y otoño de 2005, mantuvieron en Ginebra (Suiza) y Oslo (Noruega) representantes de ETA y enviados del Gobierno. Con ello, ETA se compromete en el proceso y declara el alto el fuego el 22 de marzo de 2006. El compromiso del líder histórico de ETA Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, con el proceso y su sintonía política con Otegi es otro elemento añadido del proceso.

Pero el gran protagonista de este proceso en la sombra ha sido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Tuvo conocimiento de las conversaciones de Eguiguren y Otegi pocos días antes de acceder a La Moncloa como presidente del Gobierno, en abril de 2004. Zapatero no sólo ha estado al corriente de todos los movimientos del proceso de final del terrorismo, sino que los ha impulsado.

Los nueve meses transcurridos desde el alto el fuego de ETA han servido para poner a prueba el proceso. Desde su mismo inicio, en marzo de 2006, la actividad política de la izquierda abertzale tuvo serios obstáculos, tras la prórroga por dos años más de su ilegalización, recogida en el auto, de enero, del juez Fernando Grande-Marlaska. Estas actuaciones judiciales entorpecieron una de las bases del proceso, la afloración de la izquierda abertzale a la política mientras ETA se iba retirando de la circulación.

Pero el proceso empezó a tocar fondo desde el mes de agosto, cuando ETA decide impulsar la kale borroka, y entró en crisis total cuando, a fines de octubre, ejecuta un robo de armas en Francia, con una clara vulneración de la declaración del alto el fuego permanente, en la que se había comprometido al cese total de la violencia.

Agosto marcó el punto negativo de inflexión del proceso. Junto al relanzamiento de una violencia contenida, ETA condiciona su previsto inicio de conversaciones con el Gobierno, en el verano, para abordar la cuestión de los presos y el cese de la violencia, a la activación de la mesa de partidos vascos. ETA justifica su decisión en un comunicado en el que acusa al Gobierno de mantener la represión policial y judicial y de incumplimientos en el terreno político. Paralelamente, Batasuna incumple su compromiso de legalización por la vía de la Ley de Partidos, previsto para antes del otoño. Éste viene marcado por las conversaciones entre los partidos vascos para llegar a un preacuerdo que permita constituir la mesa de partidos, tras las elecciones municipales de mayo, una vez que la izquierda abertzale sea legal.

Pero en noviembre, las conversaciones políticas se bloquean ante la exigencia de Batasuna de que el PNV y PSE se comprometan con el derecho a decidir y una fórmula sobre el futuro de Navarra.

Noviembre es el mes del colapso del proceso en todos sus frentes. En ese contexto, Gobierno y ETA, que mantienen hilos de comunicación a través del Centro de Diálogo Henry Dunant, convocan un encuentro entre representantes para hacer balance de los nueve meses de alto el fuego, buscar una fórmula para reducir la tensión y salir del colapso.

La reunión se celebra durante dos días de la tercera semana de diciembre, y en ella Gobierno y ETA no logran llegar a acuerdos en los temas sustanciales, pero deciden rebajar la tensión y convocar una nueva reunión para las próximas semanas que sirva para sacar al proceso de la crisis.

Los nueve meses de desarrollo del proceso han mostrado su resistencia, pese a las tensiones del Gobierno con ETA y la izquierda abertzale, y a otras dificultades añadidas como el hecho insólito, desde la transición democrática, de que el primer partido de la oposición, el PP, se oponga a un proceso dialogado del fin del terrorismo.

Recientemente, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz -otra revelación de este proceso por su compromiso con Zapatero en el logro de la paz-, aseguraba que las bases del proceso seguían firmes, tras nueve meses de dificultades, porque la situación internacional y de España ha cambiado de tal modo que hasta un sector muy mayoritario de Batasuna, que antes asumía la violencia, hoy posiblemente no aceptaría el retorno de ETA a los atentados. El dato más palpable es que, por vez primera en su historia, ETA lleva tres años y medio sin matar.