Patrimonio rechaza el proyecto para extraer los galeones de Rande

La Xunta de Galicia rechazó ayer, por segunda vez este año, un proyecto presentado por un profesor alemán para realizar una prospección submarina que pretendía recuperar los tesoros de los galeones hundidos en la Ría de Vigo. La empresa intentaba rescatar los barcos y hacerse con la mitad de los tesoros. La Consellería de Cultura alega que la documentación es insuficiente y que los posibles hallazgos son bienes públicos.

Los 19 galeones franceses y españoles que se hundieron hace tres siglos en la Ría de Vigo seguirán bajo las aguas de la ensenada de San Simón algunos años más. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta ha dicho no, con buenas palabras, al ex policía alemán que proponía rescatar los pecios y llevarse a Rusia la mitad del tesoro.

La respuesta del Gobierno gallego es un escueto informe de dos páginas que viene a decir que la operación que pretendía llevar a cabo la empresa rusa San Simon GmbH en la Ría de Vigo es ilegal, según el ordenamiento jurídico español y el de la mayoría de países del mundo. El documento firmado por el director general de Patrimonio, Felipe Arias, concluye que "no procede considerar el derecho a premio por parte del solicitante en caso de hallazgo de restos, de acuerdo con la la Ley de agosto de 1995 que rige el patrimonio cultural de Galicia". Y ese premio era la parte sustancial de la aventura subacuática que había ideado Ferdinand Karnath, un profesor de la Universidad Lingüística de Moscú, aficionado al buceo. Según la Xunta, lo que Karnath pretendía era llevar a cabo una exploración bajo las aguas para quedarse con la mitad de los bienes, incluido un galeón que la empresa quería trasladar a Moscú. Las cuentas del profesor alemán proyectaban para ello una inversión de 310 millones de euros que le iba a reportar a su empresa un beneficio de tres millones. Pero la Consellería de Cultura deja claro en su respuesta que los restos que se pudieran hallar en el fondo de la ría "susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, fuesen o no extraidos, tienen la consideración de bienes de dominio público" y por tanto no se podrían trasladar fuera de España.

La negativa aduce además graves fallos de procedimiento en la presentación de la propuesta ruso-alemana. Ocho de cada diez folios presentados por GmbH, una compañía en fase de constitución y sin ninguna experiencia en la investigación submarina, fueron presentadas en idioma alemán. Según la Xunta, el proyecto no está firmado por ningún "arqueólogo titulado con experiencia demostrada en la actividad para la que solicita autorización". La documentación de Ferdinand Karnath tampoco adjuntaba un plan de protección y conservación del patrimonio ni un presupuesto económico detallado que garantizase la financiación de la expedición.

La negativa de la Consellería de Cultura es la primera que reciben los promotores de la prospección. Para sumergirse en las profundidades de la ensenada de San Simón necesitarían además permisos de la Dirección Xeral de Costas, que tampoco ha dado el visto bueno a una operación que los ecologistas han desaconsejado por las consecuencias que supondría para los bancos marisqueros remover en la ría metales pesados como el plomo, el mercurio o el cadmio. Y el Ministerio de Exteriores ya había advertido al Ejecutívo autónomo de que la Xunta no dispone de competencias para autorizar el proyecto.

Por todo lo anterior, la Consellería de Cultura contesta "que el documento no puede ser informado favorablemente mientras no se adapten los requisitos citados y no se entregue la documentación señalada por este informe". La argumentación de la Dirección Xeral de Patrimonio tampoco es nueva. La respuesta de ayer es idéntica a la que la Xunta envió a la sociedad rusa el pasado 7 de agosto. En aquel momento, Karnath adujo no haber recibido la comunicación oficial. Ayer el director general le trasladó personalmente que los planes de su compañía no tienen ninguna posibilidad de prosperar mientras mantenga la intención de apropiarse de unos bienes que la legislación considera públicos.

Y no hay indicios de que el grupo ruso tenga intención de invertir 300 millones de euros para financiar una investigación arqueológica con fines científicos.