Esquerra indigna a la oposición al nombrar a dos altos cargos donde sólo había uno

La reestructuración de la Generalitat tras el cambio de Gobierno ha comportado que en algunos puestos se haya duplicado el número de altos cargos sin que apenas hayan variado las funciones que tienen atribuidas. Este es el caso del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, en manos de la republicana Carme Capdevila, donde la antigua Secretaría de Familias e Infancia se ha desdoblado en una Secretaría de Familias y otra de Infancia y Adolescencia con sendos secretarios al frente. Convergència i Unió (CiU) considera que tales cambios sólo obedecen al afán recaudatorio de Esquerra Republicana (ERC), que se financia, en buena medida, con las retenciones que aplica al salario de sus altos cargos.

Los responsables del Departamento de Acción Social y Ciudadanía aseguran que todos los cambios se han llevado a cabo para adaptar el organismo a los nuevos tiempos y para cumplir mejor con sus nuevas obligaciones. Pero la oposición no opina lo mismo. El diputado de Convergència i Unió Josep Lluís Cleries considera que el desdoblamiento de cargos en el Departamento de Acción Social es "totalmente innecesario" y no ve otro motivo para hacerlo que el "afán recaudatorio de Esquerra Republicana". Cleries recuerda que ERC tiene en vigor su carta financiera según la cual todos sus altos cargos deben aportar a las arcas del partido una parte del sueldo que perciben.

En el caso concreto del Departamento de Acción Social, antes de Bienestar y Familia, el nuevo organigrama estipula que habrá dos secretarios sectoriales en el ámbito que antes se denominaba Familias e Infancia y que en la última etapa del anterior Gobierno dirigió Jaume Funes. Las dos nuevas secretarías son la de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía, en manos de Carme Porta, y la de Infancia y Adolescencia, que dirigirá Imma Pérez. Las dos nuevas responsables tienen rango de secretarias generales. Asimismo, se mantiene el rango de director general al responsable de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

El sueldo bruto anual de los secretarios generales y de los secretarios sectoriales es de 87.481 euros, mientras que los directores generales cobran 82.068 euros. La carta financiera de ERC dictamina que los altos cargos republicanos en el Gobierno deben aportar entre el 3% y el 24% de su sueldo neto a las arcas del partido que administra Xavier Vendrell. El porcentaje de aportación depende de los ingresos. A más sueldo, más dinero para el partido.

Un portavoz de Acción Social justificó ayer la nueva organización y el desdoblamiento de cargos por las "nuevas competencias" que el departamento de Carme Capdevila ha asumido en las últimas semanas. Puso como ejemplo el programa para homosexuales y lesbianas, que anteriormente dependía de Presidencia, y una oficina de nueva creación para atención a los mayores.

Por el contrario, Acción Social ha perdido un pilar hasta ahora fundamental en su estructura: la relación con las asociaciones y todos los organismos del denominado tercer sector. Ello ha pasado a formar parte del Departamento de Gobernación, que dirige el también republicano Joan Puigcercós. Éste, asimismo secretario general de Esquerra, tendrá el control de las subvenciones que reciban las entidades cívicas, las ONG de acción social, y las asociaciones que trabajan en los barrios catalanes.

En cumplimiento de estas responsabilidades, Puigcercós también tendrá la oportunidad de desarrollar actos mucho más próximos a los ciudadanos y de promoción personal de los que habitualmente lleva a cabo un consejero de Gobernación. Por ejemplo, lo que tenía previsto el pasado miércoles: presidir una cena con cerca de 500 ancianos que celebraban sus bodas de oro a cargo de la Generalitat en un hotel de Santa Susanna (Maresme).

Puigcercós controlará, asimismo, la red de oficinas que antes pertenecían a Bienestar Social, creadas en tiempos de Jordi Pujol y que los partidos de la izquierda siempre criticaron por considerarlas simples "repartidoras" de dinero público. ERC, que en principio quería poner estas oficinas en manos de los ayuntamientos, ha cambiado ahora de opinión y a finales de la pasada legislatura se alió con Convergència i Unió para impedirlo.