Bungalós fuera de la ley

Santiago

En plena península de A Ladeira, una barra de arena que cierra el estuario del río Miñor, en Baiona, 34 bungalós sobre una base de hormigón desafían a la naturaleza y a la justicia. Desde 2004, una sentencia reclama la demolición de las construcciones, levantadas en una zona de dominio público marítimo-terrestre incluida en la Red Natura 2000. El fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia es firme, pero el Ministerio de Medio Ambiente aún no lo ha ejecutado. El Ayuntamiento sí ingresó 144.000 euros de multa abonados por los propietarios del camping al que pertenecen.

La de A Ladeira es la mayor playa de Baiona, una lengua de arena de 3 kilómetros que conserva parte de su estructura de dunas y que cierra el estuario del Miñor, zona de especial protección natural de Galicia. Sobre la misma arena, protegidos por una escollera, una hilera de 34 bungalós ocupa medio kilómetro de playa. El propietario del negocio, el Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente se resisten a cumplir la sentencia que ordena su demolición.

Las construcciones ocupan 500 metros de una playa incluida en la Red Natura

Las actuaciones contra los bungalós partieron del propio ministerio, que en julio de 2000 resolvió un expediente sancionador contra el camping Bayona Playa por la construcción de los bungalós y le impuso una multa de 5 millones de pesetas. Los propietarios del negocio interpusieron un recurso de alzada contra la resolución, desestimado por la Jefatura Provincial de Costas, y posteriormente una impugnación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En junio de 2004, el tribunal desestimó el recurso y confirmó la multa y "la demolición de lo indebidamente construido". La sentencia es firme, por lo que contra ella no cabe recurso ordinario alguno, pero año y medio después, los bungalós siguen en su sitio.

No es la única orden de demolición que sortea el camping de A Ladeira. En enero de 2001, el entonces alcalde de Baiona, Benigno Rodríguez Quintas, firmó un decreto que obligaba a los responsables del camping a proceder al derribo por carecer de licencia municipal, con la advertencia de que el Ayuntamiento ejecutaría la orden por su cuenta si no se cumplía en el plazo de un mes. Han pasado casi cinco años sin que se cumpliese la orden. El actual alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, del PP, tampoco se decide a utilizar la piqueta. Según el gerente de Bayona Playa, José Ángel Prego, las construcciones prefabricadas como las declaradas ilegales "no precisan de licencia municipal".

Mientras la demolición se retrasa, los propietarios del establecimiento dirimen en el Tribunal Constitucional otro pleito que les permite ganar tiempo, pero que puede tener consecuencias más drásticas para el Bayona Playa. Se trata de la resolución del recurso de amparo sobre la delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre, que de confirmarse en sus actuales condiciones equivaldría a declarar ilegal el camping entero.

El Instituto de Estudos Miñoranos (IEM) ha reclamado con insistencia a la Dirección General de Costas del ministerio y al alcalde de Baiona que se cumpla la sentencia y se ejecute el derribo. "Si pienso bien, aunque peque de ingenuo, diría que la Administración se retrasa porque espera a que se resuelva el pleito sobre la delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre", apunta el responsable de Medio Ambiente del IEM, Fernando Lahuerta. "Así, si se falla en contra del camping, como es previsible, podría negociar el traslado del camping en mejores condiciones".

Consultada por este periódico, el Ministerio de Medio Ambiente ha eludido las explicaciones de los motivos por los que no se ha procedido a la demolición. El Ayuntamiento de Baiona, mientras, ha reaccionado, con una propuesta al organismo que dirige Cristina Narbona en el que propone la expropiación de los terrenos que ocupa el camping pra recuperar su uso público. La operación se llevaría a cabo a través de un proyecto puesto en marcha por el Gobierno, por el que adquieren fincas del litoral español con el objetivo de preservarlas.

El gobierno municipal de Vázquez Almuiña sigue así los pasos del BNG, cuya diputada en el Congreso Olaia Fernández Davila presentó, el pasado 1 de noviembre, una iniciativa parlamentaria con la misma propuesta, que se ejecutaría a través del programa de recuperaciónd e zonas de dominio público marítimo-terrestre. Ya que la excavadora no acaba de arrancar, la compra de los terrenos se presenta como la liberar a A Ladeira de su corsé de hormigón.