Matas niega el chivatazo del 'caso Andratx' y acusa al PSOE de actuar como en el 11-M

El presidente balear, Jaume Matas, del PP, rechazó ayer que desde su Gabinete se alertase al entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, también del PP, de su inminente detención. El edil destruyó y ocultó documentación 40 horas antes de su arresto. Hidalgo habló por teléfono con el consejero de Interior, José María Rodríguez, acerca de que la detención era inminente y del alcance de la actuación de la justicia. Eso ocurrió dos horas antes de la llegada de la Guardia Civil. Pese a estas evidencias, Matas pidió ayer a la fiscalía que actúe contra los periodistas que informaron sobre la actuación judicial.

El juez, después de conocer el contenido de las conversaciones, escribió un auto judicial donde señalaba que el consejero de Interior y el alcalde de Andratx "conocían la acción judicial que se desarrollaría poco después, amparada en un procedimiento declarado secreto". Hidalgo eliminó mucha documentación, tanto en su despacho del Ayuntamiento como en su vivienda. El alcalde admitió al juez estos hechos, aunque aseguró que no había destruido documentación oficial.

Jaume Matas afirmó que los medios que han informado sobre las conversaciones telefónicas y la investigación judicial "calumnian, porque el Gobierno jamás ha avisado a nadie de nada". "Ahora resulta que lo importante de Andratx es si hubo o no hubo filtración", añadió.

El presidente balear reclamó de nuevo a la fiscalía que actúe contra los periodistas que han dado detalles sobre la investigación judicial del caso de corrupción en Andratx: "Nos están imputando delitos de una forma absolutamente calumniosa, impresentable e inasumible".

En declaraciones a la Cope, recuperó la tesis de la conspiración que lanzó en el mitin de Navidad del PP de Mallorca, el pasado día 9 de diciembre, a los 12 días de las detenciones, mientras Hidalgo estaba aún en prisión, y aún antes de conocerse los detalles de las comunicaciones del consejero y el edil.

Matas insistió ayer en que el PSOE "inspirado en la filosofía del 11-M" ha intervenido sobre el caso Andratx con la intención de inclinar el resultado de las urnas a su favor: "Lo único relevante es, como sea, implicar al Gobierno [regional]. Ahora ya no es importante que un alcalde haya cometido unas fechorías, sino que lo importante es implicar al Gobierno balear como sea", resaltó Matas.

En su intervención también acusó al PSOE de querer "cambiar las reglas del juego y de querer que el debate electoral no sea la gestión y sea otro".

Eugenio Hidalgo está en libertad bajo fianza imputado por hasta seis supuestos delitos -cohecho, prevaricación, blanqueo y negociación prohibida a funcionarios, entre otros-, cuyas penas mínimas suman 18 años de cárcel. Dos días antes de su detención, el alcalde se entrevistó con Matas y con Rodríguez en su despacho oficial de la Presidencia.

Antes, a la hora del desayuno, el alcalde y el consejero se encontraron en un hotel de Palma para tratar acerca de la intervención judicial, que ambos intuían cercana.

En una conversación con su esposa, 24 horas antes de su arresto y un día después de estar con Matas y Rodríguez en Palma, explica que se encuentra en su despacho "de limpieza". Ante el juez declaró que era habitual en él ir los domingos a adecentar sus oficinas oficiales.

El edil, que ya estaba imputado en tres causas distintas por delitos contra el territorio y prevaricación, había sido ratificado como candidato del PP en Andratx el 17 de octubre.

El mismo día de la detención, 27 de noviembre, lunes, tenía previsto reunirse otra vez con el presidente Matas, el consejero Rodríguez y el abogado habitual del partido y ahora defensor de Hidalgo, Rafael Perera, en la misma sede de la Presidencia.

Diálogo grabado

La prevista nueva sesión de trabajo en el Gobierno regional con el edil y el presidente se refleja en el diálogo grabado por orden judicial, cuyo contenido fue negado inicialmente por el consejero. Matas explicó ayer que el encuentro estaba acordado para preparar la dimisión del alcalde.

El juez Álvaro Latorre es quien aportó los datos que refrendan que hubo una "alerta", que se conocía la inminencia de las detenciones y registros preparados, que hubo una filtración. El auto del día 5 de diciembre, en el que Latorre ordenó la intervención del teléfono utilizado por el consejero José María Rodríguez, se señala que éste y el alcalde, conocían el alcance de la acción judicial, sus puntos neurálgicos y sus principales afectados.

El juez Latorre ordenó investigar al consejero por un supuesto delito de descubrimiento o revelación de secretos conectados con la causa, y mantuvo pinchado su teléfono a petición del fiscal, y a lo largo de nueve días.