Educación reduce el peso de la renta para tener una plaza pública

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, anunció ayer la reforma del Decreto de Admisión de Alumnos (implantado por el Gobierno de Aznar en 1998 en medio de un gran rechazo), que eliminará la barrera económica que dificultaba a las rentas medias-altas obtener plaza en un colegio público o concertado. Con el nuevo baremo, se primará más la proximidad de la vivienda o centro de trabajo, así como la reagrupación familiar.

La Agencia Tributaria suministrará de forma directa los datos a la Administración educativa

El nuevo borrador de decreto -que entrará en vigor el próximo curso escolar 2007-2008- reducirá en un 75% la puntuación máxima de dos puntos que se otorgaba por tener una renta inferior al salario mínimo interprofesional, lo que condenaba a la escuela pública a la marginalidad, al haber ya de por sí pocas plazas públicas para el incremento anual de inmigrantes escolarizados en la última década y el repunte de la curva de natalidad, lo que creaba una doble red pública (para desfavorecidos) y privada-concertada (para rentas altas).

A partir del próximo curso esta variable sólo contará 0,5 puntos, en aquellos casos donde haya más alumnos en lista de espera que plazas ofertadas. El decreto será de obligación también para los centros privados concertados, por ser financiados con dinero público. La Generalitat primará, por contra, la proximidad del colegio solicitado al hogar familiar o al lugar de trabajo, favoreciendo además el hecho de que los dos cónyuges trabajen, para facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la conciliación familiar.

Como novedad, el nuevo decreto se fija como objetivo "primar la reagrupación familiar en un mismo colegio", cosa que con el anterior decreto provocó incluso denuncias de padres que habían obtenido plaza en un colegio para un hijo, pero no para el segundo, a quien habían de llevar a otro centro a dos kilómetros de distancia. Por tanto, a partir del próximo curso tener un hermano en el colegio puntuará cinco puntos (y no cuatro como ahora). A partir del segundo hermano, computará como tres puntos (uno más que ahora). En cuanto a los criterios de proximidad del domicilio o lugar de trabajo, se otorgarán cinco puntos si están dentro del área de influencia del colegio (ahora eran cuatro), y dos si se halla en zona limítrofe, desapareciendo los puntos por otras áreas.

Para evitar "fraudes y falsificaciones", como las denunciadas por ejemplo en el colegio de los Maristas de Valencia, se extremará la vigilancia para los casos que aleguen minusvalía de los hijos (tres puntos) o de uno de los padres (1,5 puntos).

Otra novedad, en el sentido de los cambios que vive la estructura familiar en España (monoparental, divorcios, adopciones nacionales y extranjeras...), que el consejero destacó como "un avance importante" es que el futuro decreto computará como hermanos a los menores en régimen de acogida familiar o a aquellos que -aún no teniendo relación de parentesco- formen parte del mismo núcleo familiar; es decir, los aportados por la madre o padre de otra unión anterior.

Asimismo se obligará al director de un centro público o titular del concertado, en caso de empate entre dos solicitudes, a que el punto que puede otorgar la dirección se conceda en base a criterios "objetivos" que no sean discriminatorios por razones ideológicas, morales, sociales, de sexo, raciales o de nacimiento.

Los cambios, según especificó en conferencia de prensa el consejero -acompañado por el secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, y el director general de Enseñanza, Josep Vicent Felip- pretenden "disipar el fraude, en el caso de la baremación de la renta del IRPF". Caturla, subrayó, además que con la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) "los datos de los solicitantes serán suministrados a la Administración educativa directamente por la Agencia Tributaria, lo que obvia cualquier tipo de disfunción".

Caturla agregó que "en un Estado donde está garantizada la escolarización para todo el alumnado, la renta no puede ser un elemento discriminatorio". Y añadió: "Esto podría tener sentido si no hubiera suficientes plazas y hubiera que garantizar plazas públicas para las familias menos pudientes". Con el actual sistema dual (público-concertado), prosiguió, "se puede garantizar la libertad de elección de los padres", no sólo para la red privada concertada, sino para los que quieren un centro público.

Felip se esforzó por reafirmar el papel de las Comisiones Municipales de Escolarización, que en los grandes núcleos urbanos donde están localizados los grandes colegios de élite religiosos o del Opus, han sido recurridas, con lo cual las empresas educativas han podido seleccionar al alumnado a su antojo. "Existen las Comisiones Municipales de Escolarización, que son las garantes de un proceso transparente de admisión", señaló.