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Conflicto en el sector aéreo

El Gobierno exige 6,5 millones a la aerolínea

Air Madrid suspendió por su cuenta sus actividades a primera hora de la tarde del viernes, unas 10 horas antes de que el director general de Aviación Civil firmase la resolución de suspensión de la licencia de la compañía. En el documento se exige a la compañía el pago de 6,5 millones de euros para cubrir los gastos que va a provocar al Estado. La aerolínea tiene cinco días para presentar alegaciones.

El Ministerio de Fomento ha conseguido ya alquilar a través de compañías aéreas (Iberia y Air Plus Comet) ocho aviones para su plan de ayuda "humanitaria", que durará sólo hasta el jueves próximo. Embarcará en ellos a quienes estén pendientes de regresar a su destino, a los que tengan billete sólo de ida y los pasajeros con necesidades especiales (con niños, enfermos...). El resto podrá viajar si quedan plazas siempre que firmen una declaración de exoneración de responsabilidad sobre la vuelta.

El coste de los aviones arrendados, las plazas que se consigan en vuelos regulares, los gastos de gestión del centro de atención telefónica y la campaña informativa ascienden a los 6,5 millones que se exigen a Air Madrid, según los cálculos del Ministerio. Ayer Air Madrid volvió una vez más a acusar a Fomento de todos sus males y aconsejó a los afectados "que se pongan en contacto" con Fomento y ruega al ministerio "que no ofrezca responsabilizarse sólo hasta el día 21 de diciembre porque miles de personas tienen billetes para volar en fechas posteriores".

Fomento calcula que hasta el jueves iban a viajar 11.000 personas en vuelos transoceánicos, de los que la mayoría aún no han emprendido viaje, si bien los listados de la compañía no incluyen suficiente información (ni siquiera teléfono de contacto) como para evaluar con detalle las diferentes situaciones.

Air Madrid acusó también al Gobierno haber llevado a la compañía a "la situación de asfixia económica". La aerolínea no confirmó si presentará suspensión de pagos mañana lunes tras el cierre patronal del viernes.

Sus 1.200 empleados, que carecen de representantes electos, esperan "descolocados", en expresión de una de las trabajadoras, que alguien les explique qué pasa. L. G. ha sido la única que ha telefoneado a este diario para expresar su inquietud. "Nos vamos a empezar a organizar", dijo.

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