58 municipios crecieron más del 30% en nueve años

La población de 58 municipios de la comunidad ha crecido por encima del 30% entre 1996 y 2005, algo que no será posible en el futuro como consecuencia de la aplicación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Este plan establece límites en el crecimiento de la población y en el desarrollo urbanístico, lo que ha sido criticado ferozmente por los empresarios y el PP. En concreto, el POTA establece que ningún municipio podrá aumentar su población más de un 30% ni su suelo urbanizable más de un 40% en un plazo de ocho años.

Los 58 municipios que entre 1996 y 2005 han aumentado su población de forma más notable suponen el 7,5% de los que hay en Andalucía (770). La mayoría son pueblos pequeños que en poco tiempo han visto cómo su población se multiplica (Castilleja de Guzmán ha pasado de 692 vecinos a 2.409), pero también hay municipios importantes que no han parado de crecer (Roquetas ha pasado de 37.237 habitantes a 65.886 en estos nueve años).

Córdoba es la única provincia en la que ningún pueblo ha pasado el listón del 30%

Los municipios de Almería y Málaga crecen con la inmigración

Cuatro provincias concentran la mayoría de los casos: Granada (18); Almería (15); Málaga (12) y Sevilla (9). En la provincia de Huelva sólo dos municipios (Aljaraque y Cartaya) han superado el umbral del 30%, mientras que Cádiz y Jaén cuentan con un caso cada una (Chiclana y La Guardia de Jaén, respectivamente). En Córdoba ningún municipio ha superado el listón.

El análisis de los municipios que sí lo han pasado pone de relieve realidades muy diferentes. Así, en Málaga y Almería, los aumentos se concentran en los municipios de litoral, mientras que en Sevilla y Granada, lo hacen en la corona metropolitana.

El perfil de los nuevos vecinos es también distinto, según explica Juan del Ojo, jefe del servicio de estadísticas demográficas y sociales del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). En Sevilla y Granada se trata de personas jóvenes que, normalmente, residían en la capital y que al formar pareja se desplazan al área metropolitana, donde las viviendas son más baratas.

Del Ojo destaca que el crecimiento de población es generalizado en las coronas metropolitanas de todas las capitales, excepto en Córdoba, aunque más acusado en los casos de Granada y Sevilla.

En los municipios costeros de Almería y Málaga, los incrementos de la población son fruto de la llegada de extranjeros, pero con orígenes muy diferentes. "Los extranjeros que vienen a residir en la Costa del Sol son personas mayores, de países de la Unión Europea, sobre todo del Reino Unido", explica el demógrafo. En el caso de los municipios de Almería, localizados principalmente en la comarca del Poniente, los extranjeros que han ocasionado los incrementos de población proceden, sobre todo, de Marruecos y Rumanía.

El desaforado desarrollo urbanístico de los últimos años es el motivo por el que las administraciones han empezado a poner límites a los futuros crecimientos y que en Andalucía el POTA recoja las restricciones de población y desarrollo urbanístico.

Frente a las críticas de los empresarios y del PP, dos expertos, aunque con matices, sí consideran que es preciso establecer límites. Así, Fernando Prieto, coordinador del Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE), que tiene su sede en la Universidad de Alcalá de Henares, afirma que la limitación que establece el POTA "es razonable". De hecho, apunta Prieto, la nueva ley del Suelo estatal "va en ese sentido".

Más distante se muestra el profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla Jorge Benavides. "Estos límites son discrecionales y están llamados a caer en la discrecionalidad. La realidad urbanística no es uniforme, tampoco su proceso. Cada núcleo es diferente", afirma Benavides, quien, no obstante, añade: "Los índices e indicadores urbanísticos son indispensables. Peor es nada. En todos los campos, actualmente se rechazan los límites rígidos y se prefieren los que son rigurosos aunque flexibles, justificados. Representan el aporte de lo privado-lucrativo a la sociedad".

Uno de los principales problemas que surgen cuando hay movimientos de población importantes es que los municipios receptores estén preparados para acoger a los nuevos vecinos. Es decir, que puedan prestar servicios como el agua o la recogida de residuos, escuelas, centros de salud e infraestructuras para facilitar la movilidad. "Construir una ciudad es complicado, es como diseñar un un ecosistema. Deben ser procesos muy lentos ya que, en caso contrario, puede haber saturación", asegura Fernando Prieto.

El coordinador del OSE añade que cuando un municipio experimenta un crecimiento fuerte en un espacio de tiempo corto es "imposible la cohesión social y se crean urbanizaciones difusas".

Por su parte, Benavides destaca que "existe una aceptable normativa sobre dotaciones y equipamientos; sin embargo, no siempre se materializa debido a la falta de recursos económicos y a las numerosas modificaciones puntuales de los planes que, en lugar de propiciar una mejor calidad de vida, sólo satisfacen los intereses inmobiliarios".

El profesor de la escuela de Arquitectura asegura que "este proceso supone la socialización de los costos y la privatización de los beneficios y, se manifiesta en la explosión urbanística dispersa, lucrativa, sin referencias de identidad, ni equipamientos ni servicios públicos".

¿Y qué ha fallado para que se produzcan los crecimientos sin apenas control? "La ciudad del siglo XXI todavía se planifica y edifica con los paradigmas de la producción en cadena. Se estandariza la vivienda (adosados, pareados) y se edifica en suelo rústico para abaratar costes", concluye Benavides.