Alcaldes malagueños revisarán las previsiones de crecimiento urbanístico

El decreto sobre límites al crecimiento urbanístico que el pasado 21 de noviembre aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta no debe causar grandes trastornos a los planes que ya tienen los ayuntamientos de la provincia de Málaga. En la Costa del Sol, los planes de ordenación del territorio ya establecen expectativas atemperadas de expansión y alcaldes de municipios menores han anunciado que revisarán sus planes urbanísticos para adaptarlos a la nueva norma.

Uno de los casos más llamativos en el interior de la provincia de Málaga es el del municipio de Ardales, gobernado por el socialista Salvador Pendón, que en el documento de avance de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contemplaba una previsión de 3.500 nuevas viviendas en un municipio de apenas 2.500 habitantes. Aunque en ningún caso se sobrepasaría el 40% de nuevo suelo urbano, sí excedería del 30% de crecimiento de población que el decreto establece como máximo.

Pendón, que es también presidente de la Diputación Provincial de Málaga, ha anunciado que revisará "sin ningún problema" el documento de avance para "hacerlo respetuoso con la normativa". La inmensa mayoría de las 3.500 nuevas viviendas proyectadas en Ardales se incluían en tres convenios urbanísticos que Pendón firmó con otras tantas promotoras para el desarrollo de urbanizaciones con campo de golf y otros servicios en las afueras del casco consolidado del pueblo.

Pendón asegura que en los tres convenios se incluía como cautela explícita que la ejecución de los proyectos quedaban condicionadas a lo que en su día dictaminara la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y al cumplimiento de las normas autonómicas.

Afirma además que la firma de los convenios no ha implicado hasta ahora ningún movimiento de tierra, ni concesión de licencias. "No teníamos ningún tipo de compromiso con los promotores, todo se ha hecho con luz y taquígrafos", insiste el alcalde de Ardales. El Ayuntamiento ha percibido un total de 1.200.000 euros como "cláusulas de garantías" a la firma de los convenios, que según Pendón no son reintegrables si finalmente no se pueden ejecutar porque lo impida la nueva normativa.

Pendón insiste en que tanto antes del nuevo decreto como ahora "el Ayuntamiento de Ardales ha sido escrupuloso y respetuoso con la ley", y que revisará el PGOU, aunque considere que ello implique "la pérdida de algunas oportunidades para el pueblo". "Habrá que explorar otras", asegura. Pendón justifica de las urbanizaciones de Ardales por su estratégica posición, junto al paraje natural de los pantanos del Guadalhorce, que estará unido por autovía con Málaga a poco más de 20 minutos y a otros tantos de la nueva estación del AVE de Antequera.

- Casares. También las expectativas iniciales de Casares, de 4.000 habitantes, superan los límites de crecimiento al prever alcanzar los 11.000. Su alcalde, Juan Sánchez, de IU, matiza que el nuevo PGOU aún no se ha elaborado precisamente a la espera de que se aprobara definitivamente el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y el específico para la Costa del Sol Occidental. "A partir de ahora veremos que es lo que podemos hacer", asegura Sánchez, quien reconoce que el municipio ya cuenta con suelo calificado suficiente para unos desarrollos que sean "razonables".

- Manilva. Salvador Zotano, alcalde de Manilva (independiente), municipio de 8.200 habitantes que planteó en el avance del PGOU 30.000 nuevas viviendas segura que estos crecimientos estaban ya contemplados en el plan vigente, de 1994, y que durante su gestión se ha empeñado en revisarlo a la baja con reducciones de las densidades de edificabilidad de hasta el 50%.

Los documentos de avance de los planes de ordenación urbana de los municipios de la Costa del Sol contemplaban unas 600.000 nuevas viviendas. Sin embargo, los tres planes de ordenación del territorio (Costa del Sol Occidental y Axarquía, ya aprobados, y del área metropolitana de Málaga, en elaboración) delimitan dichos crecimientos. El plan de la Costa Occidental parte precisamente del supuesto de que el suelo ya calificado es suficiente para permitir las expectativas de crecimiento demográfica más optimistas a 10 años vista, por lo que incide en la protección de suelos.