"Los alumnos son los que menos se quejan"

La Universidad de Sevilla ha tardado en incorporar la figura del defensor universitario que recoge la Ley Orgánica de Universidades (LOU) a su plantilla. El puesto ha recaído en Ignacio Ugalde, profesor de Derecho Procesal.

Pregunta. ¿Por que ha tardado tanto la Universidad de Sevilla en contar con un defensor?

Respuesta. Otras universidades tenían la figura del defensor, desde 1983, con la LRU, pero con competencias diferentes a las de la LOU. En aquel momento, la Universidad de Sevilla optó por la Comisión de Garantías de Derecho, que era un órgano paritario, elegido por el Claustro en el que se planteaba la defensa de derechos de los miembros de la comunidad.

P. ¿Qué ventajas tiene la figura del defensor sobre la comisión?

R. La ventaja de la LOU respecto de la LRU es que la primera refuerza el papel del defensor universitario, al conferirle la facultad de investigar a instancia de partes y de oficio. Y sobre todo, al incorporar la mediación. Además, la Hispalense ha introducido la posibilidad de hacer propuestas de modificación.

P. ¿Se respeta la independencia que se plantea en los estatutos?

R. La independencia se garantiza por la alta participación que se exige para ser defensor universitario: la mayoría absoluta. Debe haber un consenso sobre la persona que la aleje de influencias partidistas. Además, el defensor no está sometido a mandato de ningún tipo y no puede ser destituido ni reelegido, algo que aleja tentaciones de cara a un futuro.

P. ¿Cómo está siendo la experiencia?

R. Enriquecedora. Creí que el número de expedientes sería menor, porque aún estamos dándonos a conocer, pero ya llevamos unos 40.

P. ¿De estudiantes?

R. No, curiosamente, hay más quejas de los colectivos docentes y de servicios que de alumnos.

P. ¿La comunidad universitaria es reivindicativa?

R. Los estudiantes son reivindicativos ante un problema. Pero deberían plantear la queja antes y no esperar al final del proceso, cuando ya no se puede intervenir.

P. ¿Qué piden los alumnos?

R. Sobre todo, se quejan por disconformidad con los criterios de aplicación de la norma universitaria.

P. ¿Y los docentes?

R. Coinciden en la disconformidad de cómo se aplican las normas. Me he reunido con representantes de la asociación de profesores de la Hispalense Adius y hemos establecido mecanismos de coordinación para contribuir a la mejora de las condiciones del docente.

P. ¿Por ejemplo?

R. Hemos trasladado una queja de oficio al Defensor del Pueblo Español sobre la falta de definición del decreto de habilitaciones en cuanto a los plazos para las pruebas de acceso. Es algo que pone a los profesores universitarios en una situación de inseguridad jurídica plena. Enviamos una sugerencia a la ministra de Educación para la modificación de la normativa. Por ahora, hemos recibido el acuse de recibo del defensor, que ha admitido a trámite la queja.

P. ¿Qué respuesta ha recibido de los departamentos y órganos administrativos?

R. La institución del defensor ha tenido muy buena acogida y ha recibido respuestas rápidas de los distintos órganos administrativos para solucionar los conflictos que se han planteado. De hecho, algunos expedientes se han solucionado gracias a la cooperación y la puntualidad en los plazos de emisión de los informes de estos departamentos.

P. ¿Qué mejoras necesita la Universidad?

R. Hemos hecho una recomendación a la Universidad de Sevilla para que se aplique un convenio firmado con la Consejería de Educación sobre el reconocimiento de las enseñanzas de Secundaria en la Universidad. También hemos recomendado al servicio de seguridad, que se ve en la necesidad de vigilar a la gente cuando accede a un centro, que sea respetuoso en los derechos constitucionales de todos. Además, queremos mejorar la información que aparece en la página web universitaria sobre los sindicatos vinculados a esta institución.

P. ¿Es necesario un plan para mejorar las calificaciones de algunas asignaturas, como se planteó en febrero?

R. Muchos centros se plantean introducir mecanismos para mejorar el rendimiento. La Universidad debe reflexionar sobre esto, pero no he recibido quejas.

P. ¿Qué le parece el acuerdo de financiación firmado entre la Junta y los rectores para los próximos cinco años?

R. Creo que se ha conseguido mejorar el planteamiento inicial al pasar del 70% al 76% en la financiación ordinaria. Es un salto que debe permitir que la Universidad siga avanzando hacia el futuro.

P. ¿La Universidad conserva así su autonomía?

R. En la medida en que el presupuesto permite articular las políticas universitarias, se va en la dirección de fomentar esta autonomía.

P. El modelo suscrito vincula la financiación pública a los resultados de cada universidad, ¿a propuesto algo sobre su aplicación?

R. Aún no. Cuando tengamos la información requerida al gerente de Universidad, lo haremos.

P. ¿Cómo cree que debe ser el reparto financiero para las universidades?

R. Creo que hay que dotar a las universidades de recursos y exigir responsabilidad en el ejercicio de esos recursos. Pero tienen que tener autonomía financiera para diferenciarse unas de otras.

P. La Cámara de Cuentas ha detectado deudas en el ejercicio entre los años 2001 y 2002.

R. Es lógico que la Administración exija responsabilidad a las instituciones en cuanto que son destinatarios del gasto, pero si no se dota a las universidades de recursos suficientes, la autonomía es irreal.