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Editorial:

El dilema de la luz

La revisión de las tarifas eléctricas para 2007 ha situado al Gobierno en una situación confusa y delicada. Así se desprende tras el vodevilesco episodio de la semana pasada. Primero se informó de una subida media del 10% y después se rectificó con promesas de que el encarecimiento se acompasaría al IPC. El fondo de la cuestión es más fácil de explicar que de creer: el actual sistema de fijación de tarifas genera cada año un déficit cuantioso -3.800 millones en 2005 y unos 4.000 millones en 2006-, producido por la diferencia entre los ingresos que se obtienen en función de la tarifa que fija el Gobierno y el dinero que reciben por ley las empresas, que se calcula en función de los costes; para evitar el déficit, la tarifa tendría que aumentar en torno al 20% o 25%, lo cual es políticamente impensable; y si se autorizan aumentos más moderados, el déficit obligará a pagos aplazados durante los siguientes 15 o 20 años, de forma que pagarán la factura las generaciones posteriores.

El equipo económico se encuentra ante una decisión conflictiva. Un encarecimiento significativo de la luz tendría una comparación desfavorable con las rebajas de tarifa aplicadas durante los primeros años de gestión económica del PP e incluso con las subidas por debajo del IPC decididas en 2003 y 2004. Las eléctricas soportaron las rebajas iniciales y las moderadas subidas posteriores debido a la reducción de costes derivados del descenso de los tipos de interés, al petróleo barato y a la bolsa de Costes de Transición a la Competencia (CTC), graciosamente donada por el primer Gobierno de Aznar. La situación hoy, con el precio del dinero y del petróleo subiendo, es distinta y se advierten los efectos perniciosos de la Ley Eléctrica aprobada por el PP en 1998, una combinación extravagante de tarifas públicas con un remedo de mercado cuyo precio de referencia pueden manipular fácilmente las empresas.

Lo más correcto sería subir las tarifas de forma sustancial. Por dos motivos: el consumidor debe hacer frente al aumento de los costes de la electricidad, y el precio más caro de la luz puede tener un efecto disuasorio sobre el consumo. Pero no sólo hay que actuar directamente sobre los precios. También hay que cambiar la Ley Eléctrica y desmantelar el seudomercado mayorista, insuficiente y manipulado, por el procedimiento de fijar precios de referencia de volúmenes crecientes de producción eléctrica mediante contratos a largo plazo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de diciembre de 2006