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Reportaje:

Barcelona, capital 'okupa'

La capital catalana es una de las ciudades europeas con más presencia de este movimiento, junto a Amsterdam o Milán

El movimiento okupa en Barcelona y su área metropolitana se encuentra en un gran momento de forma. Ni la presión policial, traducida en un aumento del número de desalojos -150 en lo que va de año- ni el endurecimiento del discurso político han logrado frenar el ímpetu del colectivo, bien asentado en la capital catalana desde principios de los años ochenta. Tanto es así que, junto a Amsterdam o Milán, Barcelona está considerada una de las capitales europeas para los jóvenes squatters.

Hoy se cumple una semana de la ocupación del antiguo recinto fabril de Can Ricart, en el barrio de Poblenou. Esta nueva exhibición de fuerza del colectivo okupa sobre un espacio emblemático de la ciudad ha puesto sobre el tapete dos asuntos: la capacidad de los poderes públicos para poner coto al fenómeno, y las respuestas de la juventud ante la falta de vivienda asequible.

En Barcelona hay 300 casas ocupadas, y por cada desalojo se produce otra ocupación

Los datos que manejan Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana coinciden: en Barcelona existen unos 200 inmuebles ocupados. La cifra se eleva hasta 300 si se incluye el área metropolitana, sobre todo los populosos municipios de la comarca del Baix Llobregat.

La mayoría de edificios se utilizan como vivienda. Sólo una pequeña parte son centros sociales ocupados (también llamados "autogestionados"), donde los okupas organizan talleres y actividades variopintas. Albert Martínez, miembro de la Asamblea de Okupas de Barcelona, sostiene que las cifras están "infladas" y sitúa en 150 el número de casas que se han usurpado a sus propietarios. Los distritos de Gràcia y Sants, de fuerte raigambre contracultural e izquierdista, son los feudos tradicionales de los okupas. El Ayuntamiento de Barcelona admite, además, que hay una docena de edificios de titularidad pública ocupados.

Cifras aparte, lo cierto es que el trasiego es constante. Y uno de los lemas del colectivo -"por cada desalojo, una nueva ocupación"- parece cumplirse al dedillo, según reivindican los okupas y reconoce la policía. La mayoría de desalojos son pacíficos y apenas trascienden. Pero en ocasiones se han registrado incidentes violentos, que han dañado la imagen de un colectivo en el que se escudan jóvenes violentos de ideologías antisistema.

La carestía de la vivienda, que obstaculiza la emancipación de los jóvenes, explica sólo en parte el éxito del colectivo okupa. Cada metro cuadrado de un piso nuevo cuesta en Barcelona 4.160 euros, según datos del Ministerio de Vivienda. En Madrid, la cifra es ligeramente inferior (3.976 euros). En el caso de los inmuebles de segunda mano, la tendencia se invierte y Madrid resulta un tanto más cara. Las diferencias, en cualquier caso, son mínimas.

Los squatters critican la especulación urbanística -o "violencia inmobiliaria", en su terminología- y, en consecuencia, consideran legítimo ocupar inmuebles abandonados. El padrón municipal indica que en la capital catalana hay entre 70.000 y 80.000 pisos vacíos, aunque otros trabajos de campo señalan que la cifra real oscila entre 20.000 y 25.000.

"La transformación de la ciudad, concebida como un enorme escaparate, está en la base del auge okupa. Y operaciones urbanísticas como la que acompañó al Fórum de las Culturas deberían hacernos reflexionar", explica Antoni Luchetti, abogado de los artistas callejeros del centro social La Makabra, recientemente desalojado por los Mossos d'Esquadra. Estos mismos jóvenes, procedentes del mundo del circo y de las artes escénicas, son los que, la semana pasada, se instalaron en las naves de Can Ricart.

Jaume Funes, psicólogo especializado en movimientos sociales, cree que la Barcelona fabril del siglo XIX "ha dejado más espacios disponibles que en otras grandes ciudades como Madrid", susceptibles por tanto de ser ocupados. Pero el boom de los squatters en Barcelona tiene raíces de signo histórico y político, según Funes: "Aquí, los movimientos alternativos europeos han llegado antes y siempre han sido más potentes". En la misma línea, Martínez ve en la tradición anarquista y libertaria un espejo para los jóvenes radicales de hoy: "En cierto modo, somos herederos de la revolución de la CNT de 1936 y de los ateneos obreros de principios de siglo".

Lejos de una apariencia monolítica, el colectivo okupa es heterogéneo y, como un camaleón, ha ido mutando al son de los tiempos. En 2000 y 2001, apareció ligado a las protestas contra la globalización. En 2003, se apiñó en torno a las manifestaciones contra la guerra de Irak. Y hoy está vinculado más que nunca a la denuncia de la especulación inmobiliaria.

Sin embargo, los okupas han perdido la exclusiva -o al menos, el exceso de protagonismo- que hasta ahora habían ostentado sobre el problema de la vivienda. La Asamblea Popular por una Vivienda Digna, una iniciativa que surgió al margen del colectivo okupa, ha conseguido canalizar la movilización de numerosos sectores sociales para reclamar que se haga efectivo el derecho constitucional a disponer de una vivienda digna.

La meta es la misma. Los medios, distintos. Frente a las manifestaciones organizadas por la Asamblea, los squatters reivindican la acción directa para "poner de manifiesto las contradicciones del sistema", opina Funes. En las naves de Can Ricart, que ahora permanecen ocupadas, alguien ha colocado una casa de cartón y ha pintado con rotulador un lema que deja clara la idea que defienden: "La vivienda no se mendiga; se okupa".

De todas formas, la mayoría de residentes de casas ocupadas de Barcelona no tienen la más mínima intención de transformar la sociedad. En la jerga okupa, "no están reivindicadas". En la fachada de estas viviendas no aparecen el círculo y la flecha, símbolos del colectivo. Y sus "inquilinos" no anuncian a los cuatro vientos que están allí. Más bien intentan pasar inadvertidos. Se trata de familias sin recursos y grupos de inmigrantes que se instalan en recintos abandonados porque no tienen otro sitio a donde ir.

Hasta hace unos días, una decena de inmigrantes subsaharianos y argelinos en situación irregular malvivían en otra nave abandonada de Poblenou. No tenían agua ni electricidad. La Guardia Urbana los desalojó por falta de seguridad del recinto. La policía reconoce que se trata de un fenómeno creciente. Y Martínez asegura que algunos inmigrantes se han dirigido a la Oficina para la Okupación para buscar consejo sobre cómo instalarse, sin que nadie se entere, en un piso vacío.

El nivel de organización de los okupas de Barcelona es bastante alto. Disponen de dos órganos de actuación a escala general (la Asamblea y la Oficina) y han elaborado dos documentos de utilidad para el colectivo: una especie de "manual del buen okupa", con toda clase de consejos para que la ocupación se efectúe con garantías jurídicas; y su Biblia particular, la Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria.

Los constantes desalojos -en algún caso, de centros elevados a la categoría de mito- no han logrado frenar a los okupas. "Tienen que darse cuenta de que la solución no es policial", se atreve a decir Martínez. Frente al nuevo pulso que se plantea en Can Ricart, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ya ha dicho que no negociará con una "política de hechos consumados". Es decir, que no hará concesiones a los okupas-artistas mientras sigan ocupando el recinto fabril. De momento, allí siguen.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de diciembre de 2006