Los populares acusan a la Xunta de "amañar" un concurso público

El Partido Popular denunció ayer que el concurso público convocado por el Instituto Galego de Consumo, dependiente de la Xunta de Galicia, para alquilar su nueva sede en Santiago "estuvo amañado y vulneró la ley de transparencia y buenas prácticas de la administración". El diputado Ángel Bernardo Tahoces, que no aportó ninguna prueba concreta para sostener esa afirmación, citó el amplio catálogo de requisitos exigido en el pliego de condiciones para concluir que el local "se alquiló a dedo, lo que supone una nueva irregularidad del bipartito".

La convocatoria para alquilar el local al precio de 12.000 euros al mes señalaba que el bajo debía disponer de 1.000 metros cuadrados de superficie construída y de cinco plazas de garaje en el polígono de Fontiñas. Los populares denuncian que el concurso contemplaba exigencias muy precisas relacionadas con el saneamiento, la carpintería e incluso con el tipo de azulejos del local.