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El supuesto jefe de logística etarra comparece ante el juez en París

El presunto jefe de logística de la organización terrorista ETA, Zigor Garro Pérez, y los otros dos supuestos miembros de la banda arrestados el pasado miércoles en el sur de Francia comparecieron ayer ante un juez antiterrorista en París para que éste decida sobre su eventual procesamiento. El arresto de Garro Pérez, de su compañera y presunta ex colaboradora del comando Barcelona Marina Bernadó, y de su posible lugarteniente, Ekain Mendizabal, en una casa de alquiler en Quezac (Lozere) se produjo el pasado miércoles. Todos ellos pueden ser procesados por asociación de malhechores con fines terroristas (delito penado con hasta 10 años de prisión), tenencia ilegal de armas y explosivos, documentación falsa y receptación de robo, entre otros cargos de los que les responsabiliza la policía francesa.

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En el inmueble de Quezac ocupado por Garro Pérez, Bernadó y Mendizabal, de 36, 37 y 25 años, respectivamente, la policía encontró al menos dos pistolas automáticas, siete detonadores y otros materiales para fabricar explosivos, como polvo de aluminio y componentes electrónicos. Asimismo, hallaron tres ordenadores, abundante documentación y un automóvil robado.

La Sala del 61 del Tribunal Supremo tiene previsto reunirse mañana, martes, para estudiar los informes presentados por las partes y la documentación remitida por el juez Baltasar Garzón para decidir si las herriko tabernas pertenecen a Batasuna. Y si deben ser incluidas entre sus bienes en el proceso de liquidación de la formación ilegalizada que se sigue para ejecutar la sentencia dictada en marzo de 2003 por la que se declaró ilegal Batasuna.

Inventario

El pasado 23 de octubre, el Supremo ordenó entrar en las herriko vascas y navarras para proceder a inventariar todos los locales y bienes de las organizaciones ilegalizadas HB, EH y Batasuna. En ese auto, la Sala Especial del artículo 61 dio un mes de plazo a las partes (abogado del Estado, ministerio fiscal y Batasuna) para que presentaran alegaciones a informe presentado por los liquidadores, en el que se llega a la conclusión de que las herriko tabernas y ciertas asociaciones culturales "pertenecerían en realidad, material y efectivamente a la propia Batasuna".

Tras estudiar el detallado informe de los liquidadores, la Sala del 61, compuesta por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, los presidentes de sus cinco Salas y los magistrados más antiguos y más recientes de cada una de ellas, consideró que "en este momento procesal no puede afirmarse, con efectos de prueba plena que el tribunal considere estrictamente acreditadas, con carácter apodíctico e incontrovertible, los hechos, datos y conclusiones que figuran en el informe de los liquidadores". La fiscalía, en su informe, dijo que no puede "inferirse la conclusión de que uno y otro son la misma cosa, al menos por el momento".

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