Las víctimas del siniestro del metro piden respuestas y ceses en el Consell y FGV

Cinco meses de dolor y sin respuestas. Familiares, heridos y usuarios del metro de Valencia se manifestaron ayer de nuevo para exigir que el Consell y la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) "den la cara" y asuman responsabilidades por el accidente que causó 43 muertos el pasado 3 de julio al descarrilar un convoy de la línea 1. Los asistentes a la marcha de protesta celebrada en Torrent, unas 300 personas, exigieron "el cese inmediato" del consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, y de la gerente de FGV, Marisa Gracia.

"Seguimos esperando respuestas". El lema de la manifestación, acompañado por carteles con signos de interrogación, expresaba así las dudas de los afectados en torno a las circunstancias del siniestro y el malestar con el Gobierno valenciano al cumplirse cinco meses del accidente de metro más grave ocurrido en España. La Consejería de Infraestructuras y FGV "no dan la cara", criticó Enric Chulio, presidente de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio, "nos siguen ignorando y nadie asume las responsabilidades por lo sucedido y las circunstancias que lo causaron". La asociación espera que la investigación judicial aún abierta aclare el siniestro en el túnel de la línea 1 y que la Generalitat "asuma responsabilidades".

La marcha, que recorrió las calles entre dos estaciones de FGV en Torrent, localidad que lamentó el mayor número de fallecidos, culminó con cinco minutos de silencio en recuerdo de las 43 víctimas mortales y la lectura de dos textos en los que los afectados exigieron "respuestas" y el "cese inmediato" del consejero José Ramón García Antón y la gerente de FGV, Marisa Gracia, por la gestión del metro y de esta crisis. "Parece que somos un daño colateral que se arregla con dinero", criticó el portavoz de la asociación, Miguel Ángel Muñoz, quien pidió al presidente del Consell, Francisco Camps, que pida disculpas a las familias de las víctimas como ha hecho recientemente con los usuarios de la línea 1 ante las continuas averías e interrupciones del servicio. La Generalitat y FGV se han puesto en contacto con familiares de los fallecidos y con heridos para acordar indemnizaciones, con "un tratamiento dispar", según la asociación. "Lo que menos nos importa es la cantidad de dinero, nos importa la calidad de la argumentación", aseveró Chulio.

Entre los asistentes a la protesta, Ana E., de 27 años, avanzaba ayudada por muletas. Las secuelas del accidente aún son visibles en su cuerpo. "Espero respuestas y que los responsables dimitan, o al menos que admitan que no lo han hecho bien", afirmó Ana. A la manifestación se sumaron también ciudadanos que usan diariamente el metro, como Oren Cáceres, de 50 años, que denunció el gasto público "en Palaus y bandas de música" cuando hay carencias que cubrir "en sanidad, educación, en transporte, y sobre todo en la seguridad".

A la manifestación se sumaron, entre otros cargos políticos, los alcaldes de Torrent, Picanya y Paiporta, que junto a otros municipios han enviado una carta a Camps para tratar "los numerosos incidentes" que acumula la línea 1. Josep Bresó, alcalde de Torrent, denunció el "absoluto abandono" de este servicio público, para cuyo estado "no hay adjetivos". Bresó, en consonancia con la convocatoria, reiteró que no se conforman "con la verdad fabricada en la comisión de investigación de las Cortes", que cerró el caso en pocos días con la conclusión de que sólo el exceso de velocidad explica el siniestro. "A estas víctimas el PP no las considera", lamentó el secretario general de UGT, Rafael Recuenco, que también acudió a la manifestación.