La concejal del 'caso Porxinos' rechaza el interés familiar en el PAI del Valencia CF

La concejal popular del Ayuntamiento de Riba-roja Cristina Vázquez Tarazona rechazó ayer cualquier interés urbanístico propio o de su familia en el programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos, donde el Valencia construirá una ciudad deportiva y ha ganado no menos de 80 millones de euros con la venta de los derechos de edificabilidad de 2.700 viviendas. La edil y sobrina del alcalde, Francisco Tarazona, declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria imputada por supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias, entre otros. Por las mismas imputaciones ya declararon el jueves Tarazona, y el concejal y también sobrino José Vicente Tarazona. Todos ellos han calificado la querella presentada por los socialistas a raíz del pelotazo de Porxinos de "persecución política" y han negado irregularidades. Varios familiares han comprado terrenos en torno al área de expansión urbanística de Porxinos en los últimos años, según datos del registro.

La denuncia sostiene que el alcalde y los ediles no podían votar el PAI del Valencia CF por incompatibilidad, ya que el proyecto incluyó parcelas de la madre de Tarazona que se desgajaron antes de la aprobación a raíz de las protestas de la oposición. Para los socialistas, el interés familiar sobre unos terrenos revalorizados al estar junto a Porxinos persistía. Los querellados aseguran que un informe de la Consejería de Territorio avaló que votaran incluso con el suelo familiar en el proyecto.

Opción de compra caducada

Vázquez Tarazona aportó ayer al juez un documento de caducidad de una opción de compra de la empresa del presidente del Valencia CF, Juan Soler, sobre los terrenos de su abuela y madre del alcalde, otro de los motivos de incompatibilidad recogidos en la denuncia. Según la querella socialista, hay dos opciones de compra sobre las parcelas familiares y aún figuraban en el registro de la propiedad el verano pasado, un año después de aprobarse el PAI en el Ayuntamiento. El documento de la edil indica que una opción dejó de tener vigencia antes del pleno de aprobación del PAI, pero sigue registrada.

La edil defendió a la salida del juzgado que el proyecto del Valencia CF es de "interés general" de Riba-roja y que tenía "obligación" de votarlo si los informes lo permitían. Vázquez Tarazona aseguró que no tiene "ningún interés urbanístico", ni parcelas en Riba-roja.

Durante la declaración ante el juez, la concejal del PP restó importancia al hecho de que su hermana trabaje para en la empresa Mafort, SA, adjudicataria de varios PAI en el municipio. Vázquez Tarazona, al igual que el alcalde, alegó que apenas tiene contacto con un familiar que ha comprado terreno en zonas pendientes de desarrollo, a pesar de que compartió con ellos la lista electoral de 1999 y trabaja en la empresa de limpieza viaria del municipio.