Orden, razón, calidez... y conexión

Tenemos nuevo Gobierno. Menos alharacas, más exigencias. Continuidades significativas, incorporaciones con garantía. Si los gestos y las actitudes son parte de la política, las primeras señales emitidas por el Gobierno de Montilla apuntan a sobriedad y contención. El nuevo presidente destacó su voluntad de servicio, y reiteró que las señas de identidad que quiere para su Gobierno son "pensar ordenadamente, actuar racionalmente y atender cálidamente". Todo ello con una prioridad significativamente expresada: "Un Gobierno que trabaje por las personas que más dificultades tienen para conseguir y mantener su plena autonomía". Esa sería la expresión más clara del llamado giro social con que se ha querido identificar Montilla y la nueva etapa del tripartito. Si se quiere avanzar realmente por esa línea y situar en un lugar prioritario de la agenda gubernamental los asuntos de justicia social e igualdad, el Gobierno de la Generalitat tiene ante sí el difícil reto de la conexión entre políticas. La capacidad de transformar la lógica de negociado con que se trabaja desde la Administración de la Generalitat, avanzando en la capacidad de respuesta integral a los problemas cada vez más complejos y multidimensionales de las personas y colectivos sociales.

No es suficiente contar con un buen equipo, ni tampoco con más competencias y recursos que puedan derivarse de la puesta en práctica del nuevo Estatuto. Y tampoco bastará que, a diferencia de lo que ocurrió con el anterior Gobierno, esta vez prime el trabajo conjunto a la desconfianza entre departamento y personas. Cataluña, como muchos otros lugares del mundo, debe encarar la creciente individualización y el debilitamiento de lazos familiares, sociales y colectivos, con una manera de definir e implementar políticas públicas que respondan a esas nuevas realidades. Los jóvenes, a cuya necesidad de emancipación se refirió expresamente Montilla en su toma de posesión; las personas mayores, los que trabajan en precario, los que buscan vivienda o los que malviven en barrios desfavorecidos necesitan innovación en la forma de pensar las políticas, conexión entre negociados y mecanismos de participación social en todo el proceso. Montilla cenó el pasado martes con UGT y expresó allí la necesidad de avanzar en la concreción del pacto por la competitividad y la cohesión social que fue rubricado por el Gobierno y los agentes sociales en la pasada legislatura. Un simple repaso del mismo y una lectura cruzada de ese texto con el contenido del Pacto Nacional para la Educación, la Ley de Barrios, el nuevo mapa y plan de salud que ya ha sido presentado, o la próxima ley de servicios sociales, nos indican que el nuevo Gobierno y los actores sociales deberán ser capaces de encontrar fórmulas imaginativas para superar los compartimentos estancos de educación, trabajo, urbanismo, salud o servicios sociales. Los jóvenes que son expulsados del sistema educativo necesitan que en los departamentos de educación y de trabajo se busquen fórmulas que les permitan combinar estudios y primeras experiencias laborales. Las mujeres que quieren apuntarse a planes de empleo precisan becas de comedor para sus hijos. Los jóvenes que quieren emanciparse necesitan planes conjuntos de vivienda, ayudas financieras y perspectivas laborales dignas. No habrá cambio significativo en los barrios más problemáticos si no se logra mezclar calidad de espacio público, con implicación social, planes educativos de entorno, coproducción de servicios y más capacidad de decisión en esos ámbitos territoriales. Las personas mayores necesitarán combinar ayudas para sobrevivir, con planes de atención a domicilio, acompañamiento en situaciones de soledad o dependencia, y reconocimiento de su dignidad y contribución cívica en su comunidad. Difícilmente se podrá combinar desarrollo y sostenibilidad si no se cuenta con las personas y los colectivos que trabajan en el territorio, y para ello conviene mezclar en dosis adecuadas políticas de paisaje, de movilidad, de generación de riqueza desde sus propios recursos y mejora de los servicios territorialmente disponibles. No hay políticas sociales que aguante si no se combina con mecanismos de generación de autonomía, y ello quiere decir trabajar de una vez para pasar de las palabras sobre cooperativismo, economía social y empresas de reinserción, a los hechos, integrando políticas que hoy trabajan en paralelo sin casi saludarse. Las nuevas combinaciones de departamentos y competencias no nos dicen apenas nada en este sentido. Quedan en pie muchas dudas y muchos interrogantes que despejar.

El problema no es sólo que se pacten los nombres entre las diversas fuerzas políticas que comparten gobierno. Tampoco es suficiente que se crucen directores generales de un color en departamentos de otro color. Ni bastará con que la coordinación entre secretarías generales de los distintos departamentos se refuerce. E incluso será probablemente insuficiente que Montilla imponga esa autoridad sigilosa que se le atribuye. Buscar respuestas integrales a problemas complejos exige acercar recursos y capacidad de decisión al territorio. O sea, reforzar a los municipios y otros espacios territoriales capaces de articular desde la proximidad esos distintos esfuerzos. Y exige marcos interdepartamentales de políticas, con mezcla de políticas, profesionales y presencia de los actores sociales implicados. Además de orden, razón y calidez, necesitaremos también mucho diálogo y capacidad de conexión entre políticas. Buena suerte.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.