El juez destapa cobros de 740.000 euros por recalificaciones ilegales en Andratx -
E Los investigadores acusan de prevaricación al cerebro urbanístico de Baleares - La fiscalía pidió registrar cajas fuertes en busca de joyas, acciones y obras de arte
La investigación judicial que ha desencadenado la detención del alcalde del municipio mallorquín de Andratx, Eugenio Hidalgo, y del cerebro urbanístico del Gobierno balear, Jaime Massot, ha acreditado el cobro de al menos 740.000 euros a través de distintas sociedades por parte del regidor y de un inspector de obras de la localidad. Este cobro de comisiones ilegales se hacía a cambio de favorecer licencias de construcción en terrenos protegidos en los que no se podía edificar.
El auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata que la sociedad Prollamp de Ponent pagó al alcalde 369.424 euros, que el regidor cobró a través de la sociedad Spanish Investment. Así mismo, la sociedad Inversiones Bruja pagó una cantidad similar a la mujer del inspector municipal de obras en Andraitx, dos de los tres detenidos por la Guardia Civil en el caso de corrupción balear.
El tercer detenido, Jaime Massot, director general de Ordenación del Territorial del Gobierno balear, es supuestamente responsable de los delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental y prevaricación urbanística. "Su intervención en estos delitos está materializada en ocasiones con su firma e informes y en ocasiones con su intervención y asesoramiento".
Antes de formar parte del Ejecutivo de Jaume Matas (PP), el director general había trabajado en el Ayuntamiento de Andraitx como jefe urbanístico.
El auto judicial señala que existen "indicios serios de certificaciones falsas" en relación con la calificación de los terrenos en los que se ha construido y también apunta que las fotografías incorporadas a la investigación acreditan que lo edificado no se corresponde con el tipo de construcción que existe en ese suelo.
El fiscal solicitó al juez el registro de propiedades privadas de los detenidos y la búsqueda de cajas fuertes, joyas, acciones, dinero y otras pruebas para sostener su acusación.
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