Protesta contra la política en medio ambiente del alcalde de Ourense

El alcalde de Ourense, Manuel Cabezas (el regidor urbanita del PP, conocido por su afán esteticista) afronta los últimos meses de su mandato con la capital ourensana sumida en el mayor despropósito medioambiental de las últimas décadas. La depuradora de Reza ha sido declarada ilegal y contaminante por sentencia firme del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. La instalación, que deberá ser clausurada, es el lugar de saneamiento de las aguas de los 110.000 habitantes de Ourense, así como de los 8.000 vecinos de Barbadás.

Manuel Cabezas, el más glamuroso de los alcaldes gallegos abandonará la gestión municipal con el riesgo de convertir la ciudad que gobierna desde hace 12 años en un cenagal. En 2002 concedió licencia para la explotación de la depuradora, que ya había sido inaugurada en 1994. La planta non se atiene a las exigencias del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas.

Si no pide la inejecución de la sentencia, los vertidos de Ourense y Barbadás irán directamente al Miño. Allí harán un todo contaminante con los residuos de los 10.000 vecinos de buena parte de las parroquias de la ciudad que, según contabilidad del portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal, permanecen todavía sin saneamiento ni abastecimiento; y se fundirán, además, con los del populoso barrio de A Ponte, (30.000 habitantes y 2 polígonos industriales), igualmente carente de red de depuración de aguas.

Adega (Asociación de Ecologistas de Galicia) ha denunciado el panorama. "Es una demostración palpable de que la gestión y tratamiento de las aguas residuales en Ourense es muy precaria y, desde luego, impropia de un país del primer mundo", acusan los ecologistas. La vuelta de tuerca la ofrece el hecho de que uno de los mayores empeños del actual equipo de gobierno e basa, precisamente, en hacer de las aguas (de las termales) el reclamo de desarrollo de la ciudad.

Pese a la precaria situación medioambiental, la sentencia del tribunal gallego ha estallado como una bomba en las manos del PP ourensano. El partido tiene las peores expectativas electorales de la última década en el momento en que presenta a la alcaldía al concejal de Medio Ambiente. Enrique Nóvoa es un hombre sencillo y de trato afable que se jacta de tener su mayor baza electoral en los desabastecidos núcleos rurales del municipio.

El alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto es el eterno rival de Cabezas en el seno del PP de Ourense y tampoco vive su mejor momento en la alcaldía. Ha mostrado cintura y se ha lanzado a ofrecer terrenos de su municipio para la construcción de una nueva depuradora. La propuesta es bien acogida por los afectados de Reza.

Si los vecinos reclaman la ejecución inmediata de la sentencia, la estación de tratamiento tendría que clausurarse, lo que supondría el vertido directo al Miño de los residuos sin depuración previa, afectando no sólo al río, sino también al embalse de Castrelo de Miño, y consumando el delito ecológico.

Los representantes de Adega consideran, además, que el proyecto de trasvase del Barbaña propuesto por el gobierno local no tampoco aporta una solución al problema de contaminación de las aguas del río. "Es la estrategia del avestruz que esconde la cabeza cuando tiene miedo", opinan los ecologistas que reclaman, en su lugar, la construcción de dos depuradoras nuevas. Su propuesta es situar cada una de las nuevas plantas a ambos márgenes del río Miño, adecuadas al tamaño y previsión de crecimiento de la ciudad. Adega también reclama la instalación de depuradoras en todos los polígonos industriales teniendo en cuenta que estas aguas residuales tienen una composición muy distinta de las domésticas.

Cabezas, con un pie fuera de la alcaldía y con el otro sosteniendo el peso del despropósito ambiental, mira ahora con insistencia hacia la Xunta. Pero el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, es explícito: "Hay que pensar muy bien lo que se hace. La sociedad es cada vez más exigente con las normativas medioambientales y la Administración debe ser, desde luego, la primera en cumplirlas", dice el responsable de la Xunta. Al regidor ourensano le queda ahora hacer propósito de la enmienda y escuchar atentamente a sus vecinos.