Los partidos admiten con preocupación retrocesos en el proceso para el fin de ETA

Desde el pasado 22 de marzo, cuando ETA declaró el alto el fuego permanente, el proceso para el fin dialogado de la violencia abierto por el Gobierno se ha visto salpicado de sobresaltos. La base de la nueva etapa para afrontar el problema es una resolución parlamentaria, votada por todos los grupos excepto el PP, donde se avanzaban los principios que debían presidir el proceso: la ausencia de violencia y el criterio de no pagar ningún precio político a cambio del cese del terrorismo por parte de ETA.

Aunque los primeros meses después del alto el fuego permanente fueron de relativa tranquilidad, con escasos episodios de violencia callejera y ningún síntoma de rearme de la banda terrorista o de extorsión a empresarios, en las últimas semanas se han empezado a registrar episodios preocupantes para la marcha del proceso.

La irrupción de tres encapuchados armados en un acto de la izquierda abertzale donde gritaron a favor de la lucha armada, el robo de 350 pistolas en Francia y la constatación por parte de agentes de la lucha antiterrorista francesa del robo de vehículos, ha puesto un velo de preocupación sobre el proceso. De hecho, las autoridades policiales francesas llegaron a afirmar en el juicio contra el aparato logístico de ETA que la actividad de la banda terrorista en Francia era similar a la que se registraba antes de la tregua. Fuentes antiterroristas españolas aseguraron a este periódico que esa afirmación era exagerada.

Derecho de los vascos

Asimismo, dirigentes de los partidos vascos implicados en las conversaciones con Batasuna para llegar a un preacuerdo de constitución de la mesa de partidos constatan un aumento de las exigencias por parte de la formación independentista ilegalizada por el Supremo. Tales exigencias, de mantenerse por parte de Batasuna, serían un obstáculo casi insalvable para cualquier tipo de acuerdo, señalan los dirigentes de estos partidos.

La formación ilegalizada ha defendido en las últimas semanas la necesidad de que el resto de partidos asuma el derecho a decidir de los vascos y el debate sobre la territorialidad, como cuestiones previas a la constitución de la futura mesa de partidos.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insiste desde hace días que el proceso para el fin de ETA se debe inscribir dentro de la legalidad y aclaró que ni el derecho de autodeterminación y la denominada territorialidad caben dentro de la Constitución. La misma actitud ha mantenido el PSE.

Junto a ello, en medios de la lucha antiterrorista no descartan la existencia de discrepancias en la cúpula de ETA que podrían suponer un escollo grave para la viabilidad de la solución dialogada para el final de la violencia de la banda.

En las próximas semanas, los dirigentes de Batasuna tienen que decidir si asumen su vuelta a la legalidad y el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticas para poder concurrir a las elecciones municipales del próximo mes de mayo o se mantienen en la ilegalidad fuera de las instituciones.

El Gobierno mantiene que no admitirá listas blancas (integradas por dirigentes de la izquierda abertzale que suponen de hecho una continuidad de Batasuna expresamente prohibida en la Ley de Partidos Políticos). Ante la preocupación que constatan los partidos, el Gobierno prefiere, de momento, mantener el silencio. Aunque el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció en julio que las Fuerzas de Seguridad del Estado habían verificado la ausencia de violencia y, por tanto, era el momento de iniciar el diálogo con ETA, las conversaciones aún no han comenzado porque la banda, después de ese anuncio, ofreció algunas pruebas de que no habían cesado en su actividad delictiva.

Con esos antecedentes, el Gobierno mantiene estancado el proceso pues una de las condiciones impuestas para el comienzo del diálogo, la ausencia de violencia, aún no se ha producido.

El último pronunciamiento conocido de ETA, a través del zutabe, boletín de comunicación interna que utilizan la banda, la banda sostenía que el proceso de paz "está en crisis" y se rompería si no había "pasos visibles durante el otoño", que pasaban por el cumplimiento de los supuestos compromisos que, según la organización criminal, había adquirido el Gobierno.

En ese mismo escrito, ETA aseguraba que estaba dispuesta a hacer "un nuevo esfuerzo" para impulsar el proceso abierto en el País Vasco tras su declaración de alto el fuego permanente. Los terroristas culpaban del bloqueo del proceso a los Estados español y francés, así como a algunos partidos -especialmente al PSOE y el PNV-, porque han dejado pasar "un tiempo precioso sin dar un solo paso visible en el proceso democrático".