El TSJA oirá a los dueños de las viviendas antes de decidir sobre demoliciones

Los propietarios de las 334 viviendas de Marbella cuyas licencias han sido declaradas nulas por los tribunales podrán personarse como afectados y ser oídos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) antes de que éste decida sobre la demolición de las casas que ha solicitado la Junta. La Asociación Española de Técnicos Urbanistas apoya el derribo de las viviendas ilegales siempre que se tomen medidas para paliar el impacto social de la medida.

Una vez que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA reciba la petición de la Junta de que las viviendas que ha declarado ilegales en sentencias firme sean demolidas, el tribunal abrirá un trámite de incidente de ejecución de las mismas. En este procedimiento pedirá de oficio las opiniones del Ayuntamiento demandado y del titular de la licencia de obras. En el primer caso, el consistorio marbellí es de momento partidario de las demoliciones, según ha anunciado ya el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes.

Además, los compradores y residentes de las viviendas afectadas podrán también personarse, como cualquier tercera persona que tenga interés en que se ejecute la sentencia.

Fuentes del tribunal han precisado que "el objetivo principal es que la resolución garantice la conciliación de los intereses de todas las partes afectadas y por supuesto el cumplimiento de la ley". El procedimiento es complejo y la sala de lo contencioso del TSJA en Málaga no tiene ningún precedente de resolución de incidente de ejecución de sentencia sobre viviendas ilegales.

Será además un proceso lento, de varios meses. Un portavoz del TSJA señaló ayer que "no se puede correr mucho porque no se pueden soslayar garantías", y aventuró que un proceso precipitado en el que no se oiga a todas las partes podría ocasionar al final un retraso mayor si alguna de ellas se sintiera desamparada y acudiera al Tribunal Constitucional.

Los servicios jurídicos de la Junta aún tienen que presentar formalmente la petición de ejecución de las sentencias por demolición, que el director de la oficina de planeamiento de Marbella, José María Ruiz Povedano, anunció el miércoles.

Se trata de siete promociones que suman un total de 334 viviendas cuyas licencias de obras han sido anuladas en sentencia firme porque el Ayuntamiento de Marbella las concedió en contra de su propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que estos suelos estaban destinados a equipamientos públicos y zonas verdes.

"No se puede permitir que haya usos no autorizados en estos suelos", afirmó ayer en Sevilla el presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU), Ángel Díaz del Río. Esta organización, que agrupa a todas las profesiones relacionadas con el urbanismo, defiende la demolición de las viviendas ilegales, que recuerda están ya amparadas por resoluciones judiciales, y siempre que se adopten "una serie de medidas para que el impacto social sea el menor posible", informa Europa Press.

La asociación, que se reunió ayer en Sevilla con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, respaldó también el trabajo que realiza el equipo de redacción del nuevo PGOU de Marbella, que dirige Manuel González Fustegueras. Díaz del Río dijo que será un plan "muy participativo y muy social que va a lograr, aunque aún no sabemos en que medida, amortiguar el daño y la carencia de dotaciones y espacios libres que presenta la ciudad". La Junta espera aprobar inicialmente el plan en primavera de 2007.