Una asociación de víctimas afín al PP sugiere una trama etarra en el 11-M

La Asociación de Ayuda a las Victimas del 11-M, que subvenciona el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, ha solicitado 230.000 años de prisión para los 29 procesados por la matanza. Pero, a la vez, esta entidad, la que menos víctimas del 11-M representa, insiste en que ETA participó en los atentados basándose en conjeturas sin pruebas. ETA habría pretendido, dice, tumbar al Gobierno para "lograr un paisaje político más favorable a sus intereses de autodeterminación". Además, pide que se anulen todas las pruebas que sustentan el sumario.

El escrito de la asociación es absolutamente contradictorio, ya que recoge a la vez las principales tesis de la investigación (realizada por unos cientos de policías, guardias civiles, agentes secretos con Gobiernos del PP y el PSOE) y las de los teóricos de la conspiración, construida por el entramado mediático de la Cope, El Mundo y un puñado de cargos del Partido Popular. Así, el escrito de esta asociación de víctimas sostiene al mismo tiempo la petición de 230.000 años para los actualmente encausados y la reclamación de que se anulen las pruebas que apoyan esa solicitud de penas por creer que están manipuladas.

El texto de acusación, efectuada en nombre de ocho de los 191 fallecidos y de 101 de los más de 1.800 heridos, asegura que en el atentado hubo cuatro tramas. Una, la asturiana, "que robó los explosivos y los vendió a los terroristas". Otra, dirigida por Jamal Ahmidan, El Chino, "sin ningún tipo de planteamientos yihadistas" y con un "interés lucrativo", pese a que se suicidaron. La tercera sería una trama radical islamista, dirigida por Mustafá Maymouni (condenado por el atentado de Casablanca), cuyo objetivo en el 11-M sería "político-religioso".

La cuarta trama es la más sorprendente. El escrito dice: "La cuarta trama, formada por personas desconocidas que dieron cobertura logística a las otras tramas, que montaron los artefactos explosivos en Morata de Tajuña la semana anterior a los atentados, y que, muy probablemente, pertenecerían a ETA. Su participación en los atentados, de pertenecer a ETA, tendría una finalidad política, para forzar un cambio de Gobierno en las elecciones que se celebrarían tres días después, y lograr un paisaje político más favorable a sus intereses de autodeterminación".

El escrito basa este aserto en conjeturas sin pruebas de las que se llega a conclusiones inventadas, que igual que apuntan a ETA podrían señalar a los GRAPO o el narcoterrorismo, entre centenares de hipótesis. Esta trama se considera "necesaria" porque "sin ella sería imposible explicar los atentados". Esta necesidad se debe a que, como dice el escrito, no se sabe quién montó las bombas porque ningún implicado sabía hacerlo (pese a que Maymouni montó el ataque de Casablanca) ni se sabe quien colocó las bombas (pese a que acusa a tres detenidos de ello).

El redactor apunta que los etarras implicados serían Asier Eceiza, Josune Oña Ispizua, Harriet Agirre y Mayte Aranalde, a los que sitúa en Madrid el 11-M. Eceiza es reconocido por un testigo en un bar del barrio de Begoña, en febrero de 2004, comprando droga. Sin más lo vincula a los traficantes de Jamal Ahmidan. Al resto "creyó" verlos una mujer en la estación de Renfe de Alcobendas. La asociación no pide que declaren como testigos los tres etarras señalados, que están presos en España.

La trama etarra habría dejado "como señuelos" la mochila bomba desactivada en Vallecas y la Renault Kangoo, ésta incluso con ADN de tres de los suicidas y la huella de un argelino huido. La asociación pide que se anulen la inmensa mayoría de las pruebas y los informes que descartan a ETA, porque "carecen de fundamento" y porque cree que todos los cuerpos se han conjurado para tapar la vinculación de ETA en el 11-M.